La discusión sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco tomó un rumbo definitivo este viernes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que, después de una revisión exhaustiva, no existe evidencia de vínculos con lavado de dinero o delincuencia organizada.
La mandataria fue directa: ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontraron elementos para iniciar acciones penales en México.
Sin pruebas de lavado: “No hubo nada que confirmara delitos financieros”
Sheinbaum explicó que los datos enviados por Washington no permitieron establecer relación alguna con el crimen organizado.
“No hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información del Tesoro, que confirmara lavado de dinero”, afirmó.
La mandataria detalló que, en el análisis interno, únicamente se detectaron irregularidades administrativas, mismas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya había auditado y sancionado previamente. Con ello, descartó que hubiera indicios que justificaran una acusación penal.
Por qué intervino Hacienda
Durante la Mañanera del Pueblo del 21 de noviembre, Sheinbaum explicó el motivo de la intervención temporal anunciada por el gobierno federal. Tras la alerta del Tesoro, se registraron retiros atípicos entre personas usuarias de las tres instituciones, lo que representaba un riesgo para la estabilidad del sistema financiero.
La Presidenta precisó que la intervención fue una “acción preventiva” destinada a evitar un efecto dominó en el sector bancario y proteger los depósitos del público.
Del veto del Tesoro a la intervención de la CNBV
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro prohibió realizar transferencias con las tres instituciones al considerarlas “fuentes de preocupación” por presunto lavado de dinero ligado a cárteles.
Un día después, el 26 de junio, la CNBV determinó la intervención gerencial temporal, medida que, de acuerdo con Sheinbaum, buscó evitar afectaciones mayores al sistema financiero.
La mandataria reiteró que, pese a la señalización estadounidense, las autoridades mexicanas no encontraron sustento penal.
CIBanco: cuando el caso escaló a liquidación
En uno de los tres expedientes, el de CIBanco, la ruta regulatoria avanzó aún más. Tras la intervención, el caso llegó al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que revocó su licencia y ordenó su liquidación.
El proceso se formalizó el 10 de octubre, cuando las sucursales dejaron de operar. A partir del 13 de octubre, el IPAB inició el pago a las personas ahorradoras bajo el esquema de Obligaciones Garantizadas.
La cobertura alcanza hasta 400 Unidades de Inversión (UDI) —más de 3 millones de pesos— por persona, conforme al artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Un mensaje al sistema financiero: estabilidad, prevención y protección al usuario
Sheinbaum concluyó que la actuación del gobierno mexicano buscó garantizar tranquilidad en el sistema financiero, evitar interpretaciones erróneas y brindar certidumbre a quienes depositan su dinero en estas instituciones. La decisión, dijo, fue tomada para proteger a las familias y no para perseguir sin sustento.
