(11 de agosto, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Roberto Paciencia Cruz, lleva tres años preso en el Centro Estatal de Readaptación Social de Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Fue detenido de manera arbitraria en agosto de 2013, siendo uno de los miles de presos que se encuentran tras las rejas aun cuando no existe una sentencia dictada.
Roberto tiene pruebas -las cicatrices y secuelas físicas- de haber sufrido tortura desde su detención arbitraria, puesto que no existió ninguna orden de aprehensión. El también adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ha afirmado que, “desde hace tres primaveras, sufro en un calabozo, como también mi familia sufre, al pasar esta fecha, un aniversario más de mi encierro, me entristece al ver las injusticias que estoy viviendo con este delito prefabricado”.
“Paciencia Cruz, y los indígenas que se encuentran en la cárcel, padecen tratos crueles e inhumanos, injusticia, humillación, discriminación, a diario. En el CERESO No. 5 es uno de los principales ejemplos de malos tratos por parte de las autoridades hacia los presos. Esto también ha sido producto del abandono que el gobierno estatal ha provocado en los penales, porque en Chiapas, cuando el gobernador no solapa o provoca despojo, ejecución extrajudicial, persecución, tortura o prefabrica delitos en contra de indígenas, solapa cualquier violación a derechos humanos de los reos”, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO la socióloga Aida Cipriano, especialista en Derechos Humanos.
En el caso de Roberto, la persona que lo acusó, jamás, durante los tres años, se ha presentado a declarar sobre los hechos que se le imputan, el indígena Tsotsil de la comunidad de Majompepentic en los Altos de Chiapas, forma parte de una larga lista de miembros de la comunidad indígena, quienes han denunciado por medio de organizaciones en reiteradas ocasiones, que padecen “una epidemia de detenciones arbitrarias, que se intensificó con Velasco Coello”.
“Ellos han sido secuestrados, por un deficiente y tramposo sistema judicial mexicano, el cual, en Chiapas es racista, corrupto y creador de falsos positivos. Y es a los indígenas, a quienes han convertido en el blanco a seguir. Roberto, luego de padecer secuestro a cargo de la policía preventiva en Pantelhó, estuvo incomunicado por tres días en Tuxtla Gutiérrez, fue severamente dañado física y psicológicamente, un caso que si no ha tenido solución ha sido por la ceguera de las autoridades y del gobernador, quien está enterado de los hechos, pero que como en casos similares, a él no le importan los presos”, señala Cipriano.
Secuestro fue el delito que se le imputó a Roberto, el cual no se le ha podido comprobar, por lo que, aun cuando la revisión del caso y liberación debieran ser los pasos siguientes, no existe ningún indicio que su situación jurídica puede ser retomada, en tanto, sin condena alguna, se mantiene a indígena preso.
“Las prisiones de Chiapas están plagadas de indígenas que por no saber leer y expresarse, han sido prisioneros durante años, porque de lo primero que se ocupan las autoridades es de encerrarlos, después solamente tienen que dejar en el bote de la basura en expediente y estar pendientes que no se conozcan los hechos, para tenerlos ahí de por vida.
Tal motivo generó que Roberto conociera a Alejandro Díaz Santiz, quien fue privado de su libertad en 1999, y si ha permanecido dentro de los penales y ha sido trasladado a otros de máxima seguridad, ha sido por represalias del gobierno, por atreverse a denunciar los malos tratos de las autoridades chiapanecas, por haber alzado la voz”, agrega la especialista.
Al momento de la detención de Díaz Santiz, no contó con traductor y se le acusó sin tener pruebas, según su abogado Leonel Rivero, el prisionero no dispone de los recursos económicos para una defensa adecuada, en muchas ocasiones ha recibido malos tratos, principalmente después de ser trasladado a un penal de máxima seguridad, a pesar que su delito no es del fuero federal.
Lo cual fue interpretado por el “Grupo de Trabajo No Estamos Todxs” (GTNET) como “una venganza política del mal gobierno contra Alejandro, castigado por apoyar y concientizar a los demás presos y no callarse ante los abusos contra las personas detenidas”. Según declaraciones de familiares de Alejandro, se encuentra en condiciones de aislamiento y con un régimen de visitas limitado.
Homicidio es el delito por el cual se le acusa a Díaz, aunque hasta el momento no existen pruebas contundentes de su culpabilidad, y aunque en 17 años, casi un centenar de organizaciones se han pronunciado por su libertad, además de denunciar la tortura ejercida por las autoridades en su contra, el caso sigue estando detenido y sin fecha de avance.
Dentro de las denuncias que ha hecho Díaz, ha asegurado que en el Centro Federal nº 15 Villa Comaltitlán, Chiapas, “aproximadamente vivimos como 2 mil 500 internos y siempre estamos bajo amenazas, porque las autoridades de este centro han abusado de sus poderes, algunos custodios y custodias llegan amargados, vienen a desquitarse con nosotros y siempre nos humillan verbal y físicamente.
Muchos de mis compañeros han sido golpeados sin motivos. Un ejemplo claro el pasado 29 de Abril un oficial trató muy mal a un preso en este módulo E.6, el compañero tiene aproximadamente 60 años de edad. Recibió maltrato físico y fue obligado a quedarse completamente desnudo, por el simple hecho de tener vasos desechables en su estancia”.
“Tiempo atrás Manuel Velasco Coello, un hombre sin palabra, se comprometió con Alejandro a ser él quien personalmente revisara su caso, sin embargo, como todo lo que promete y no tiene nada que ver con ganancias monetarias o electorales, esto no pasó, de su falsa promesa ya van 4 años y un mes.
Luego de evidenciar ese tipo de hechos, obviamente no lo dejarán libre, lo que ahora está sucediendo con él es parte de una venganza política por defenderse y hacerle ver a los reos que son seres humanos y están siendo tratados peor que animales. No debe sorprender que sean los indígenas los más afectados de este gobierno estatal, puesto que hablamos de un racista con ínfulas de grandeza que busca erradicar a los dueños de Chiapas. En definitiva, Velasco Coello es el acérrimo enemigo de indígenas, a quienes se les fabrica delitos y se les encierra en la cárcel”, asevera la especialista.
