(30 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luego de la detención de Arturo Ortega Luna, abogado defensor de los pobladores que se oponen a la hidroeléctrica Chicoasén ll, un las ejidatarias, Claudia Rubí Solís Hernández, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, que existen otras 11 órdenes de aprehensión en contra de los pobladores (incluida una que va dirigida a ella).
Esto bajo la averiguación previa número 217/2015, la cual es en contra de los abogados y ejidatarios que han interpuesto un amparo colectivo y 52 individuales para la suspensión de la obra de la presa Chicoasén II.
Según el Centro de Derechos Frayba, “esta criminalización se da a pesar de existir minutas de acuerdo, firmadas los días 21, 22 y 29 de julio del 2015, donde el gobierno de Manuel Velasco Coello se comprometió a no levantar averiguaciones previas en contra de quienes defienden sus derechos agrarios”.
Pese a ello, las violaciones a los derechos agrarios de estos pobladores, han sido continuas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Procuraduría Agraria al permitir el avance de la hidroeléctrica. Puntualizando que dicho proyecto se aprobó mediante un proceso con irregularidades, en una simulada acta de asamblea, el día 17 de noviembre de 2013, donde se incluyeron firmantes que carecen de sustento legal.
“CFE conocía sobre las minutas y la prohibición que tenían, en éstas se aclaraba que no iban a realizar ningún tipo de demanda en nuestra contra, no habrían ordenes de aprehensión y tampoco invadirían las tierras, y lo primero que hicieron fue detener al abogado, para que nos quedemos desprotegidos, ahora él está recluido en el penal el Amate, como si fuera un delincuente, y no le permiten salir bajo fianza, ya que lo acusaron de motín y podrían dictarle auto de formal prisión y recluirlo durante mucho tiempo.
Lo detuvieron arbitrariamente, porque fue a partir de una emboscada, cometida por la policía que ha resguardado desde siempre a la CFE, supuestamente porque nosotros somos los que les podríamos hacer daño a ellos. La forma en que atacaron a Arturo Ortega deja mucho que decir de Velasco Coello, a nuestro abogado lo acusaron de motín y daños a la sociedad, lo cual es totalmente falso, ya que nosotros en ningún momento hemos incurrido en actos violentos o ilícitos, pero hoy queda claro que la justicia en este país no existe, el mismo gobierno jamás la va a garantizar porque su poder lo usa para pisotear los derechos ejidales y humanos de mucha población, incluida la nuestra”, asegura Solís Hernández.
Al abogado Arturo Ortega le negaron la fianza y en pocas horas podrían dictarle auto de formal prisión, y según la ejidataria, esperan que las otras 11 personas tengan la misma resolución, ya que debilitarían a la población. “Así como yo, mi padre que ya es una persona de la tercera edad hemos sido denunciados, pero lo peor es que también levantaron demandas en contra de abogados del Distrito Federal, que solamente han sabido de nuestro caso, que les hemos platicado, pero que nunca han intervenido, ni siquiera han estado en Chiapas, ni una sola vez, la CFE busca atacarnos por todos lados y que seamos completamente indefensos”.
Los ejidatarios que se encuentran en contra de la hidroeléctrica Chicoasén ll, aseguran que otro de sus defensores ha manifestado que la CFE sustenta sus demandas, con testimonios de los mismos trabajadores pertenecientes al proyecto de construcción, lo cual aseguran no debería ser válido, porque son testimonios manipulados.
Los ejidatarios afectados, indígenas zoques, han realizado diversas acciones pacíficas y legítimas para evitar que continúe el avance en la construcción del proyecto hidrológico que afectaría su territorio.
El 9 de octubre de 2015 ganaron un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, que les otorgó la suspensión de plano provisional de la obra ejecutada por el Consorcio integrado por las empresas Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas, CAABSA Infraestructura y Sinohydro Costa Rica.
Pese a contar con un amparo a su favor, los ejidatarios manifiestan que los trabajos no se han detenido; y en respuesta la criminalización a su lucha en defensa de la tierra ha aumentado: se sienten intimidados y hostigados judicialmente, temen ser detenidos, tal como se realizó con su abogado Arturo Ortega Luna.
Sobre los constantes hostigamientos, ha sido notificado Velasco Coello, manteniendo siempre conocimiento de la problemática, incluso ha recibido múltiples oficios que demuestran que se le ha solicitado su intervención para la solución del caso, pero nunca ha dado ningún tipo de respuesta.
“Lo que hoy quiere la CFE es que se dé marcha atrás a los amparos, y así esta situación quede en la impunidad y ellos continúen con su proyecto y nos quiten definitivamente nuestras tierras y nuestra vida cotidiana. Pero seguiremos exigiendo a Manuel Velasco Coello que libere lo más pronto posible al abogado Arturo Ortega Luna y que las órdenes de aprehensión las anule, porque nosotros no somos ningunos delincuentes; con este hecho de represión su meta es atemorizarnos.
Nosotros ya no podemos estar seguros ni en nuestras casas, porque policías nos hostigan, y amenazan con agredirnos, ellos han sido enviados por el mismo gobernador, ya anteriormente lo hicieron, por eso tenemos miedo, a mi padre lo dejaron en coma años atrás. Es por ello que si algo llegará a pasarnos, responsabilizamos a CFE y al gobierno de Manuel Velasco”, puntualiza Claudia Rubí Solís Hernández.
Esto derivado que las ordenes de aprehensión en su mayoría han sido giradas en contra de ejidatarios de la tercera edad, que no han, ni podrían ya, cometer hechos violentos. Simplemente han firmado documentos donde manifiestan su inconformidad con el proyecto, o explicando el caso a las organizaciones, o manifestándose de forma pacífica en la búsqueda que una solución por parte de Velasco Coello.
Por su parte, el Frayba señala que los proyectos hidroeléctricos en Chiapas han afectado en su mayoría a las comunidades indígenas y campesinas; cuando estos pueblos se organizan son frecuentemente criminalizados en especial cuando se movilizan en rechazo a proyectos que afectan sus tierras y territorios y sus derechos a la vida y la integridad.
La hidroeléctrica, tiene una inversión aproximada de 6 mil 700 millones de pesos, consistirá en una obra de desvío sobre la margen derecha del Río Grijalva. Diversos grupos ecologistas han denunciado que la construcción de la represa Chicoasén II “es una obra a costa del deterioro y fragmentación del río Grijalva; y solo para satisfacer la demanda energética de la región Oriente de México”.
