Los resultados en materia económica están tan lejos de lo esperado y, sobre todo, de lo prometido, que ahora la administración federal de Enrique Peña Nieto quiere deshacerse de los activos que aún le quedan al Estado mexicano. Entre ellos se encuentran los 18 aeropuertos que opera actualmente la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y que en el 2014 movilizaron 2.4 millones de pasajeros.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, confirmó que el gobierno federal analiza la posibilidad de incorporar, total o parcialmente, inversión privada en dichas terminales aéreas. Los resultados de esta evaluación se harán públicos “antes del último trimestre” del presente año. Fuentes de la SCT señalaron que también se podría modificar la participación privada que existe en los cinco aeropuertos donde ASA tiene alguna sociedad, como en los casos de Querétaro y Toluca (en esta terminal OHL México ostenta 49%, el gobierno del Estado de México 26% y ASA 25 por ciento).
Ruiz Esparza evitó ahondar en las razones que llevan a la eventual privatización de los aeropuertos, y consideró que es prematuro mencionar que los recursos que se obtendrían se ocuparán en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El funcionario sostuvo que el proceso de privatización que se realizó en la década de los 90, el cual generó tres grupos aeroportuarios privados: OMA, GAP y ASUR, fijó un precedente positivo a nivel internacional.
