En un giro inesperado para la política sudamericana, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este 30 de enero de 2026 la promulgación de una ley de amnistía general. Esta medida, que busca reducir la tensión política en el país, contempla la liberación de personas detenidas por motivos políticos y el cierre definitivo de centros de reclusión cuestionados por organismos internacionales.
El camino hacia esta decisión ha estado marcado por años de crisis institucional y recientes transformaciones en la estructura del poder en Venezuela.
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Periodo de tensión: Tras las controvertidas elecciones de 2024, el país enfrentó una ola de protestas que resultó en miles de detenciones y denuncias sobre las condiciones en las cárceles estatales.
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Transición presidencial: Con la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia, se inició un proceso de diálogo bajo la presión de sanciones internacionales y la mediación de países vecinos, lo que preparó el terreno para las medidas anunciadas hoy.
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Cierre de símbolos de represión: La clausura de la cárcel de la policía nacional bolivariana, conocida como “el helicoide” en algunas de sus áreas, representa el fin de uno de los símbolos más señalados por las organizaciones de derechos humanos.
Durante su mensaje oficial, la mandataria subrayó que esta ley es un paso necesario para garantizar la estabilidad económica y social del país. La amnistía beneficiará a un número considerable de ciudadanos, aunque las autoridades aclararon que se revisará caso por caso para asegurar que no se incluyan delitos de sangre graves.
“Hemos decidido cerrar una etapa de confrontación para abrir las puertas de la unión nacional. Esta ley de amnistía es un mensaje al mundo de que Venezuela puede resolver sus diferencias de manera soberana”, afirmó Rodríguez durante su alocución.
Por su parte, diversos sectores de la oposición y observadores internacionales han recibido la noticia con una mezcla de optimismo y cautela. Destacan que, si bien la amnistía es un avance significativo, el éxito de la medida dependerá de la transparencia en las liberaciones y del respeto a los derechos civiles en los meses por venir.
La clausura del centro de detención de la policía nacional comenzará de inmediato, y los detenidos que no sean beneficiados por la amnistía serán trasladados a centros penitenciarios comunes con mejores condiciones de infraestructura.
