(22 de abril, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- En esta primera década del siglo XXI, la sociedad mexicana ha podido observar la participación activa, en el ámbito público, de un par de grupos antagónicos perteneciente a la iglesia católica, mismos que de alguna manera se han confrontado debido a la particular concepción que tienen sobre el quehacer del catolicismo en la vida nacional.
Por un lado, se ha podido presenciar como la jerarquía de esta religión, caracterizada por su ideología conservadora, ha pretendido influir en políticas públicas para conservar privilegios y estimular en la sociedad mexicana la adhesión de más creyentes a este culto. Asimismo esta elite religiosa ha buscado las alianzas con el poder político en aras de concentrar mayor fuerza en su actuar y echar para atarás las iniciativas que consideren van en contra “de la moralidad” católica.
Por otro lado, se ha podido distinguir el surgimiento de grupos calificados como progresistas que se han caracterizado por emprender un activismo que busca mejorar las condiciones de vida de la sociedad mexicana, revertir el contexto de crisis que atraviesa México y demandar los atropellos de las clases poderosas en la nación.
Al respecto la Dra. Tania Hernández Vicencio, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (DEH-INAH), detalló que en los últimos años se ha podido observar con mayor nitidez esta confrontación entre ambas vertientes del catolicismo mexicano, “una que se puede considerar como neo intransigente y la otra que se mueve hacia el neo ecumenismo”.
La académica explicó que esta vertiente considerada como liberal y progresista ha tomado relevancia gracias a la acciones de miembros de la iglesia católica, que cuestionan no sólo el actuar del gobierno en contra del pueblo, sino también la pasividad de su iglesia ante las emergencias. En este sentido mencionó el trabajo que han realizado personajes como Samuel Ruíz, obispo de San Cristóbal, Raúl Vera, obispo de Saltillo, el padre Miguel Concha Malo o el sacerdote Alejandro Solalinde, quienes, dijo, se han proclamado por la necesidad de rectificar el camino que ha llevado al desmantelamiento de los principios sociales de la constitución política mexicana de 1917.
“Es en el contexto de la grave crisis económica, política y social que vive el país, y de las preocupaciones conservadores de la iglesia, que en diciembre de 2014 Raúl Vera llamó a construir redes de solidaridad que apunten a construir un nuevo Estado mexicano, para ello Vera ha revindicado la naturaleza del Estado nacionalista revolucionario y el espíritu de su principal producto político ideológico: la constitución política de 1917”, agregó.
En tal sentido la investigadora apuntó que Raúl Vera se ha posicionado a la cabeza de un grupo de religiosos que junto a varios colectivos sociales, han llamado a la realización de una constituyente ciudadana y popular.
“Vera ha denunciado la corrupción y la indolencia del gobierno, y ha cuestionado la actitud pasiva de la alta jerarquía de su iglesia ante la situación del país. La propuesta de la nueva constituyente toma en cuenta el diagnóstico y las recomendaciones que por varios años ha realizado el tribunal Permanente de los Pueblos, en el que Vera es juez y el cual ha documentado caso de violación de DDHH individuales y colectivos en México”, puntualizó.
La también autora del libro “Tras las huellas de la derecha: El Partido Acción Nacional”, enfatizó que Vera se ha caracterizado por defender un discurso en contra del neoliberalismo, modelo señalado como el responsable de la situación precaria que vive la mitad de la población en México.
“A decir del obispo de Saltillo los gobiernos neoliberales han secuestrado la vida pública del país, asaltando sus instancias decisoras y sirviéndose de los vicios y prácticas han llevado adelante una transformación jurídica sin precedente que atenta contra el proyecto soberano de nación heredado de la revolución social de principios de siglo XX y a la consiguiente configuración del desarme del Estado”, sentenció.
Hernández Vicencio comentó que este grupo de religiosos progresistas se ha posicionado en el espectro del activismo por defender la idea que el Estado debe recuperar su papel como promotor del desarrollo, estableciendo como uno de los principales objetivos la búsqueda de la justicia social, tan abandonada por los gobiernos desde la década de los 80.
De igual manera, mencionó que este grupo de activistas han demandado la necesidad de realizar una nueva constitución “que siente las bases democráticas para la elección de las y los representantes de un nuevo congreso, sujeto a la voluntad ciudadana. La nueva constitución que habrá de elaborarse con la participación activa del pueblo, deberá incorporar el derecho al referéndum, a la consulta popular y la revocación del mandato”.
Aunado a lo anterior, la investigadora del INAH señaló que la vertiente progresista católica ha emprendido sus acciones y ha realizado sus juicios a partir de una idea conformada por tres elementos: nación, pueblo y Estado. En referencia dijo: “Un Estado que apela a los principios republicanos constituye una visión desde una perspectiva pluralista y en esencia incluyente, que recupera el valor del dialogo, el reconocimiento moral y no moralista de las personas. Pero también apela a la autonomía recíproca entre
Estado y las instituciones religiosas en el marco de la república, incluso lleva a la práctica dos pilares importantes de la laicidad: la libertad de conciencia y la defensa de las condiciones para ejercerla”.
“La reconstrucción del país se plantea nuevamente como el problema central y la iglesia católica con distintas concepciones y por distintas vías, participa en el debate público y acción organizada. Los sectores conservadores reclaman la recuperación de viejos privilegios y la obtención de nuevos beneficios, actuando a partir de una negociación cupular con la elite política, mientras que el progresismo católico se vuelca a la vinculación de ciudadanos, se renueva el discurso católico, apela a conceptos básicos de la vida republicana pero también reivindica el espíritu social y popular de la constitución del 17. La constitución política paso de ser motivo de confrontación entre la elite del gobierno y la eclesiástica, tal y como sucedió a inicios del siglo XX, a ser un medio de identificación entre estos actores como parte de una estrategia de renovación de proyecto neoliberal”, subrayó.
Cabe recordar que en meses pasados, Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec-quien representa esta figura de la jerarquía conservadora-habló sobre el caso de los 43 normalistas y pidió a la gente tener confianza del gobierno que dará respuestas. En tal sentido el religioso agregó: “si ya desaparecieron, ya desaparecieron. (…) fue penoso lo ocurrido si los quieren vivos, no creo que estén vivos. Entonces es mejor pedir por ellos y no armar luchas violentas.”
