Veracruz, el miedo que silencia. Parte III

Daniela Pastrana*

Este texto forma parte del informe anual ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la Libertad de Expresión en México 2012, que será publicado a finales del mes de junio. Es resultado del trabajo permanente de monitoreo, registro y documentación con enfoque de derechos humanos, de las agresiones a periodistas y medios de comunicación que Cencos realiza desde los años 80. 

Podrás encontrar más información en los próximos días a través del hashtag #PorQueTantoSilencio y a través de las cuentas @Cencos y de la Campaña Permanente de Protección a Periodistas @Campperiodistas en Twitter y Facebook previamente a la presentación del informe. 

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Para el gobierno de Veracruz, todos los casos están resueltos

Días después del asesinato de Milo Vela y su familia, el entonces procurador de Justicia Estatal, Reynaldo Escobar, señaló como responsable a Juan Carlos Carranza Saavedra, un ex oficial de tránsito municipal relacionado con la mafia, y ofreció una recompensa por su captura. Pero un mes después achacó el asesinato de Yolanda Ordaz a presuntas “ligas” con grupos criminales y como prueba exhibió unas grabaciones y el video de un interrogatorio extrajudicial en el que se menciona los nombres de los periodistas de Notiver. El diario respondió el 27 de julio con un duro editorial donde rechaza el señalamiento “por injusto, irresponsable y majadero”, y exige una disculpa pública y la renuncia del funcionario.

Escobar dejó el cargo en octubre de ese año y su lugar fue ocupado por Amadeo Flores Espinosa, quien repitió la fórmula de su antecesor para “aclarar” los asesinatos de 2012. En agosto, anunció la detención de siete integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que, según su versión, confesaron haber participado en el homicidio de los fotorreporteros en el puerto. “[El testigo] sostuvo que la razón de ello fue que estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados”, dijo el funcionario, que no ofreció más detalles y no respondió a preguntas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no consideró ninguna otra línea de investigación, a pesar de que en febrero de 2008 Huge denunció ante la fiscalía federal que fue privado de su libertad, amenazado y atormentado física y psicológicamente por agentes de la Policía Federal Preventiva[1]. El perito médico de la Procuraduría General de la República certificó las lesiones y el fiscal Arturo Cruz ofreció enviar la denuncia a la Fiscalía Especializada de Atención de Agravios a Periodistas, lo que nunca hizo.

En la misma conferencia en la que dio por concluida la investigación del cuádruple homicidio del 3 de mayo, Amadeo Flores dijo que también resolvió el asesinato de Báez Chino. En ese caso, la PGJE culpó a dos personas muertas que, según su versión, eran una célula de Los Zetas. Los acusados no pudieron confesar porque fueron asesinados el 19 de junio, cinco días después que el periodista.

Finalmente, el 30 de octubre, la Procuraduría presentó a los medios a uno de los presuntos asesinos de Regina Martínez, quien resultó ser un hombre de 34 años, seropositivo y analfabeto. Según las autoridades, el hombre confesó haber matado a Martínez para robarla. Sin embargo, ante el juez declaró que había sido torturado y su madre amenazada de muerte, si él no confesaba. Proceso no aceptó el resultado de la investigación. “En ningún momento el estado consideró el trabajo de Regina como posible motivo del asesinato”, dijo el periodista Jorge Carrasco, comisionado por el medio para seguir las indagatorias.

La inconsistente acusación en contra del único detenido no es el principal motivo de desconfianza hacia la investigación. Desde el asesinato, funcionarios estatales comenzaron a filtrar rumores de que Martínez había sido asesinada por un amante y presionaron a sus cercanos con interrogatorios sobre los hábitos personales de la periodista. Sus amigos fueron hostigados por las autoridades judiciales. El caso extremo es el de Norma Trujillo, reportera de La Jornada Veracruz, quien recibió un citatorio judicial en plena calle, en una protesta por el asesinato de Regina[2].

Los más vulnerables

Mary Jose Gamboa era la conductora del noticiero de televisión por cable que se transmitía a las 8 de la noche por el Canal 6 y que estaba posicionado en el primer lugar de audiencia. Fue despedida el 5 de junio de 2012 por negarse a cambiar la línea editorial. Su salida de Megacable fue el último eslabón de una serie de advertencias que Gamboa recibió durante el primer semestre de ese año y que ella atribuye a sus críticas al gobierno. Antes, le habían roto los vidrios y las llantas de su automóvil y había recibido amenazas vía Twitter, en las que le hacían evidente que estaba vigilada: “Te conozco más de lo que crees. Ten cuidado. Un mundo nos vigila” (22 de abril). “Qué lindo verte ayer en familia por plaza. Saludos a Polin” (2 de mayo). Días antes de su despido, Gamboa encontró la puerta de su casa abierta y los juguetes de su hija regados por su cuarto y la escalera, uno de ellos con un machete enterrado.

El 5 de junio Notiver anunció su incorporación como columnista, con una editorial titulada “¡Ginochetazo a Marijose!”, en referencia a la coordinadora de comunicación social del estado, Gina Domínguez, con quien la conductora había tenido varios enfrentamientos y a quien se atribuyó la presión para despedirla.

Otro caso es el de Hugo Gallardo, quien era el corresponsal de Televisa y por órdenes de la empresa salió del estado después del asesinato de Yolanda Ordaz. Estuvo fuera más de seis meses y regresó sin trabajo. El 1 de mayo inauguró el portal Mi Revista Veracruz con una columna que tituló “Así es. ¡Estoy Vivo!”[3], en la que narró detalladamente los meses en el exilio, la soledad, el encuentro en diciembre de 2011 en la ciudad de México con el director de Televisa Veracruz, Ignacio Reyna Carrera, quien le informó que la empresa no podía seguir pagando sus gastos y sería liquidado. También contó su infructuosa búsqueda de trabajo: “hay una especie de acuerdo con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una mano oficial poderosa, que sugieren no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’ como un periodista de riesgo”.

Gamboa y Gallardo ejemplifican una realidad generalizada en la entidad: las acciones contra la prensa tienen un patrón de relación entre autoridades (estatales y municipales) y el crimen organizado, que no permite identificar claramente al agresor. Entre mayo y junio de 2012, con la segunda oleada de periodistas desplazados, el gobierno del estado ofreció, al menos a tres reporteros, mantener los gastos de su estancia fuera de Veracruz “hasta después de las elecciones”. El día de la jornada electoral, los principales medios nacionales –Proceso, La Jornada, Reforma, Televisa— no tenían corresponsales activos en la entidad.

Otros actores, como las fuerzas de seguridad federales que llegaron con el operativo Veracruz Seguro y los dueños de las empresas, completan el cuadro de vulnerabilidad de periodistas. El 24 de marzo de 2012, Manuel Monroy, fotógrafo del diario Imagen de Veracruz, y Eduardo Guevara, de Notiver, fueron detenidos por la policía naval cuando cubrían un accidente vial. Les quitaron sus equipos, pero ellos lograron conservar imágenes de su detención ilegal. La denuncia no prosperó y meses después, Monroy se separó de Imagen de Veracruz y del periodismo.

El 1 de junio, después del testimonio de Miguel Ángel López en Austin, Notiver respondió con una furibunda editorial en la que no sólo lo descalifica y desconoce su relación laboral, sino que incluso lo pone en un riesgo mayor, al sugerir una relación del reportero con los asesinos de su familia: “Ahora que está en Estados Unidos puede entrevistarse con la DEA y el FBI –decirles todo lo que sabe–, que usted sabe bastante. Estamos seguros que si alguien sabe quién asesinó a su familia, y por qué, es usted. Tal vez hasta lo contraten como testigo protegido”.

En Veracruz, el sueldo máximo al que un reportero policíaco aspira en los dos medios impresos de mayor circulación es de 5 mil pesos al mes. Fuera del puerto o de la capital, los salarios pueden bajar a menos de 3 mil pesos. No tienen prestaciones y algunos ni días de descanso. Muchos tienen un doble trabajo en áreas de comunicación de alguna institución oficial. Los directivos de los medios han hecho oídos sordos a situaciones bien conocidas en el gremio: llamadas telefónicas de parte de criminales para ordenar la agenda, citas a reporteros, “castigos” –generalmente con tablazos– a los que no cumplen, y una suerte de compensación salarial forzada. En la capital, la principal presión para los reporteros proviene del gobierno estatal.

La mínima organización gremial, el miedo y la desconfianza, complican el escenario. Sin embargo, las y los periodistas han mostrado gran disposición a participar en cursos de actualización, desde redacción y fotografía hasta programas de seguridad, autocuidado emocional y derechos humanos. Esperan de las organizaciones de libertad de expresión una presión política sobre las autoridades locales y dueños de medios. “No nos dejen solos”, pide uno de ellos.

Veracruz, el miedo que silencia. Parte I

Veracruz, el miedo que silencia. Parte II