(10 de marzo, 2016.Revolución TRESPUNTOCERO).- Este año una docena de estados mudan de ejecutivo. Sus actuales gobernadores se van dejando las entidades que ‘administraban’ con deudas millonarias. Así lo dio a conocer el reciente Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública difundido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Cabe decir que estas irregularidades detectadas, y no subsanadas, se suscitaron durante sólo 4 años (del 2011 al 2014).
Mediante dicho informe, la ASF explica que hay una deficiente gestión de los fondos y programas por parte de las entidades federativas.
El gasto federalizado se integra por los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los cuales son transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios que las conforman.
En este gasto federalizado programable, es decir, el que tiene condicionado su destino, destaca en un “74.5% para el gasto educativo federal; o 73.8% de la matrícula pública de educación básica; o 74.1% del gasto federal en salud; o 93.6% del gasto federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) o la realización de alrededor de cien mil obras y acciones anuales para la población en pobreza extrema; o otorgamiento de 5.1 millones de desayunos escolares diarios; o 59.5% del gasto federal en educación para adultos; o acciones de seguridad pública; o pago de obligaciones financieras; e infraestructura educativa en todos los niveles escolares”.
Ahora bien, dentro de las principales irregularidades que este estudio encontró fueron: por conceptos de “recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la TESOFE (Tesorería de la Federación), por falta de documentación comprobatoria del gasto, por ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa, retenciones no enteradas a terceros institucionales, recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores, transferencia de recursos a otras cuentas bancarias y pagos improcedentes o en exceso.
El estado de Veracruz, gobernado por Javier Duarte, encabeza la lista de los deudores de todo el país, y representa más del 50% del total de las otras 11 entidades, cuyas observaciones con impacto económico pendientes de solventar 2011- 2013, más el monto observado en 2014, el importe de procedimientos resarcitorios y monto de denuncias penales relacionadas con simulación de reintegro suman las siguientes cantidades:Aguascalientes: 1,076.4; Chihuahua: 2,199.5; Durango: 4,382.0; Hidalgo: 4,148.1; Oaxaca: 8,655.0; Puebla1,442.2; Quintana Roo3,279.0; Sinaloa, 6,087.0;Tamaulipas, 1,520.5; Tlaxcala1,297.2 y Zacatecas 4,277.3. Por último, Veracruz con 35,421.7 Todos en millones de pesos. En las observaciones que implican un probable daño patrimonial, a partir de la Cuenta Pública 2012, la ASF exige para su solventación el reintegro y aplicación de los recursos
El endeudamiento de Veracruz no es nuevo ni desconocido. Pues ha sido también la ASF quiendetectó el manejo irregular de más del 95 por ciento del dinero que le depositado en la entidad, por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Duarte, desvió casi 2 mil millones de pesos de recursos federales y los utilizó para gasto corriente, aunque no estaban etiquetados para ello. “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de mil 980 millones de pesos, más los intereses generados, por el pago de sueldos y salarios de maestros estatales de la Secretaría Educación de Veracruz, erogaciones de gasto corriente que no son financiados con recursos del Fondo (…) del total revisado en la muestra de auditoría, al 31 de mayo de 2015, se determinó que mil 980 millones de pesos se aplicaron en conceptos no permitidos con el Fondo, lo que representa el 95.6 por ciento del total asignado al Fondo” detalló el informe.
Hace unos meses, Hacienda reveló que el gobierno de Javier Duarte pasó a ser ‘un caso paradigmático de endeudamiento acelerado’, sin orden, que afectará a los veracruzanos por los próximos años. Sólo a finales del año pasado, Veracruz sumaba una deuda de 45 mil 879 millones de pesos. “Veracruz ocupa el primer lugar en desvío de recursos públicos, lo que explica su terrible retraso en materia de educación, salud, así como la ausencia de obras de infraestructura y corporaciones policiacas eficientes que tanta falta hacen a los veracruzanos”, sentenciaron legisladores al exigir un juicio político contra Duarte.
En cuanto a la opacidad en el manejo de los recursos, concretamente en transferencias de recursos hacia otras cuentas, o no entregados a los ejecutores, el uso de una cuenta concentradora para la gestión de los recursos federales transferidos es “una irregularidad recurrente en diversas entidades federativas y municipios, es la indebida transferencia de recursos de las cuentas de los fondos y programas a cuentas bancarias distintas a éstos, para financiar requerimientos propios de los gobiernos locales. Igualmente, en diversas entidades federativas se utiliza, de manera irregular, una cuenta concentradora para la gestión de los recursos federales transferidos en los diferentes fondos y programas, sin que existan los elementos necesarios para garantizar la transparencia en su manejo, lo que propicia descontrol y su desvío hacia otros fines, generando un alto grado de irregularidades. Estas prácticas anulan todos los controles e incumplen las disposiciones normativas establecidas que favorecen la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos federales transferidos”, puede leerse en el reporte.
Como lo informó oportunamente Revolución TRESPUNTOCERO, la ASF incluso, ha promovido denuncias penales por irregularidades detectadas en el uso de Fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, con 9 mil 806 pagos indebidos que involucraron 54,7 millones de pesos, entre otras inconsistencias en el manejo de las partidas presupuestales federales.
