(23 de diciembre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- A seis años de la desaparición de Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Arrioja Cortés, Adrián García Cruz, Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, Marco Antonio Ramírez Hernández y Víctor Álvarez Damián en el marco de un operativo de seguridad llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz y de la Secretaría de Marina, la Fiscalía de Veracruz y la Fiscalía General de la República continúan sin garantizar una investigación diligente, tendiente a localizar a los jóvenes desaparecidos y sancionar a los responsables.
Estas desapariciones ocurrieron los días 6, 9 y 11 de diciembre de 2013, en Veracruz, cuando el Gobierno de Veracruz a cargo de Javier Duarte, implementó diversos operativos de seguridad en la ciudad porteña, especialmente en la colonia Formando Hogar y sus alrededores, donde los jóvenes fueron detenidos. A pesar de que las familias han aportado elementos para identificar a algunos de los responsables que participaron en el operativo continúan sin avances las investigaciones.
La Fiscalía de Veracruz también se ha negado a implementar las acciones derivadas del Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas, al abstenerse de realizar un plan de investigación que permita dar con el paradero de los jóvenes y sancionar a los responsables.
Finalmente, pese al interés de los familiares de contar con la información para poder impulsar las investigaciones, la fiscalía se negó a proporcionar copias de las indagatorias, contraviniendo el marco constitucional, los estándares internacionales y la Ley General en la materia.
Por lo anterior, IDHEAS, en representación de las víctimas, promovió el pasado 4 de diciembre dos amparos por las deficiencias en las investigaciones de Adrián García Cruz y Marco Antonio Ramírez Hernández. “Es lamentable que, ante el cambio de titular en la Fiscalía, las familias sigamos recibiendo los mismos tratos y las mismas prácticas que los Fiscales anteriores, con ello impiden que se encuentren a nuestros hijos y a los responsables”, sostienen los familiares de los jóvenes.
También solicitó Acciones Urgentes ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas para los jóvenes desaparecidos, las cuales fueron concedidas, sin embargo, han sido desestimadas por la Fiscalía de Veracruz y por la Fiscalía General de la República, de acuerdo con información revisada por Revolución TRESPUNTOCERO.
En el caso de Víctor Álvarez Damián, IDHEAS promovió un amparo que fue concedido por el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Boca del Río, sin embargo, al someterse a discusión judicial la responsabilidad de la fiscalía de Veracruz por el incumplimiento de las Acciones Urgentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercitar su facultad de atracción, por lo que está pendiente de ser resuelto.
“Con los amparos promovidos por las desapariciones de Adrián García Cruz y Marco Antonio Ramírez Hernández, esperamos que en todos los casos de los desaparecidos en el contexto de la colonia Formando Hogar sean investigados de manera adecuada y eficiente, también que la Fiscalía observe los estándares de investigación derivadas del Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Desaparición Forzada y finalmente que se adopten la medidas señaladas por el Comité de Naciones Unidas” señaló el abogado de IDHEAS, Guillermo Naranjo.
Anteriormente, Revolución TRESPUNTOCERO informó que, testigos aseguraron haber visto vivos a los jóvenes en instalaciones policiales pero por dar ésta información, han sido amenazados.
De acuerdo a la información revisada, la detención fue colectiva y programada, según los familiares quienes aseguran que “los uniformados llevaban fotografías y descripciones detalladas de los 10 jóvenes detenidos, de los cuales 6 están desaparecidos. Hasta el momento, ninguno de los casos ha sido investigado por la procuraduría estatal y/o federal”.
Pablo Darío Miguel Hernández
Desapareció el 6 de diciembre del 2013 alrededor de las 9:30 horas.
Amelia Hernández Namorado, madre de Pablo, explicó a la organización que como cada día, él llegó de trabajar y se metió a bañar. “Luego se tiró un rato en la cama, decía que le dolía la espalda”.
A las 7 de la noche salió de casa para comprar un poco de barbacoa y carne al pastor para comer al siguiente día con un amigo, en el trabajo. Esa noche del 6 de diciembre del 2013, Pablo decía a su mamá que iba a trabajar mucho para comprarle una casa y ya no trabajara todo el día en la limpieza de casas y planchado de ropa. “Le dolía verme trabajar diario sin descanso” dijo Amelia sollozando.
Paralelamente, en la calle, se instalaba el operativo Veracruz Seguro y en la colonia Formando Hogar fueron cerradas varias calles. A las 9:25 de la noche, Pablo avisó a Amelia que saldría a comprar unas cosas al Oxxo y se encontró con sus amigos José Ignacio Cruz González y José
Armando Cortés Arrioja, pero nunca más regresó.
“Antes no comía de la impresión, ahora como mucho por ansiedad de no ver llegar a mi hijo”, dice Amelia.
El 6 de diciembre Pablo Darío Miguel Hernández, desapareció. Su familia acudió a presentar la denuncia el sábado 7 pero las oficinas del ministerio público estaban cerradas en justificación de que era fin de semana.
El lunes 9 de diciembre se presentaron a interponer la denuncia por desaparición pero en la PGR les dijeron que no podrían porque primero tendrían que transcurrir 72 horas para poder iniciar el trámite correspondiente.
Yonathan Izac Mendoza Berrospe
Desapareció el 11 de diciembre del 2013 a las 14:20 horas.
Angélica María Berrospe Medina recuerda cuando un grupo de policías federales y municipales se llevaron a su hijo sin ninguna orden de aprehensión, violando sus derechos humanos cuando entraron a cada espacio de su casa sin ningún documento de un juez.
“Estaba en la esquina de la calle donde vivo pero no podía pasar, cercaron la calle, pero podía ver perfectamente, que varios policías sacaron a mi hijo pero él se les resistía y me gritaba – ¡Mami ayúdame!- Sólo recuerdo que intenté violar el cerco pero me lo impidieron, yo lloraba sin poder contenerme y me desmayé”.
La puerta de la casa, dice Angélica María, siempre estaba cerrada con llave, “no porque mi hijo se estuviera escondiendo de algo sino porque tengo niños chiquitos que pueden jalar el pasador y exponerse a los autos que pasan”, narró la madre.
Angélica María, asegura que los policías estuvieron dentro de su casa 20 minutos. Revisaron cada una de las habitaciones y de bajo de una de las camas encontraron a Yonathan escondido pero por el terror que le causó la forma violenta en la que entraron a su casa en el momento en el que él convivía con sus hermanos más pequeños, su pareja y su bebé.
“Yonathan era muy noble le gustaba el deporte y salir en festivales, cuidaba a sus hermanos, los quería mucho, le gustaba la música, la diversión y por eso le agradaba salir en los carnavales”.
Angélica María señala que el operativo fue instalado muy rápido. En lo que fue a dejar a su hija a la escuela, para el turno de la tarde, y cuando regresó vio pasar el convoy policial. “Yo supe en que camioneta aventaron a mi hijo como un bulto y cuando pasó el convoy le grité que lo iba a buscar y a la fecha lo sigo buscando”.
De acuerdo a IDHEAS, “Angélica María, ha realizado sus investigaciones sola y sin dinero, por más de tres años porque la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, no les ha provisto de recursos a pesar de que los hechos son completamente comprobables.
“La indiferencia de la CEAV a los familiares hizo que Angélica María solicitara ayuda a los colectivos de familiares de desaparecidos y se unió a ellos, como “El Solecito”. A unos días de la desaparición de su hijo, en el 2013 el ministerio público no hizo otra cosa más que tomarle la declaración pero no realizaron investigación alguna y lo único que ha hecho la fiscalía es “deslindar de cualquier responsabilidad a los policías” que ejecutaron el operativo ese 11 de diciembre del 2013”.
“Si, esperamos justicia en contra de las personas que están involucradas en la desaparición de mi hijo”.
José Armando Cortés Arrioja
Desapareció el 6 de diciembre del 2013 alrededor de las 9:30 horas.
“Han desaparecido a tantas personas en Veracruz que me daba miedo ir a denunciar el levantón de mi hijo”, reconoce Marisa Reyes Arrioja, madre de José Armando Cortés quien fue desaparecido después del operativo conjunto desarrollado entre fuerzas armadas y policía federal y judicial.
José Armando, apenas con 23 años y ya trabajador en la empresa Astilleros de Veracruz, había cobrado su quincena y al llegar a casa de su mamá, decidió ir a tomar unas cervezas con sus amigos, Pablo Darío Miguel Hernández y José Ignacio Cruz González, a quienes también detuvieron los policías.
“El Partido”, es el bar al que acudió José Armando, pero es un bar en donde todos los que van se conocen desde la primaria, comenta Marisa.
“Pensé que mi hijo iba a regresar pronto pero ya pasaron más de tres años y por eso ahora no dejo de moverme para que las autoridades me digan dónde está mi hijo José. Estoy muy deprimida pero la vida sigue y la familia debe seguirlo buscando porque la procuraduría nos ha dejado solos”, narró la madre a Idheas.
El 6 de diciembre, después de la desaparición de José Armando Cortés Arrioja su familia acudió a presentar la denuncia el sábado 7 pero las oficinas del ministerio público estaban cerradas en justificación de que era fin de semana. El lunes 9 de diciembre se presentaron a interponer la denuncia por desaparición pero en la PGR les dijeron que no podrían porque primero tendrían que transcurrir 72 horas para poder iniciar el trámite correspondiente.
Víctor Álvarez Damián
Desapareció el 11 de diciembre del 2013 a las 14:10 horas.
“No puedo aceptar que mi hijo esté desaparecido, para mí era todavía como un niño, cuando se lo llevaron no tenía ni la mayoría de edad, no tenía credencial de elector”.
Perla Damian Marcial, madre de Víctor Álvarez Damián, desaparecido a los 16 años dice que “la tristeza la invade todos los días pero tiene que ser fuerte para sus otros hijos que también la necesitan”.
Los policías federales y estatales se llevaron a Víctor. Comenta Perla, quien estaba trabajando cuando recibió una llamada telefónica informándole que hombres armados y uniformados, en camionetas con placas ocultas, se habían llevado a su hijo.
“Víctor trabajaba en la “Aceitera Reimy”, de donde fue desaparecido cuando se encontraba en su jornada laboral. Según vecinos, los policías dijeron que se lo llevaban porque había sido cómplice de robo a su jefe, pero Perla nunca lo ha podido constatar así, no había denuncia por ese presunto delito en contra de su hijo Víctor”.
“Si mi hijo fuera culpable, que lo castigue la ley pero que no me lo desaparezcan”, dice Perla. “No me importa que esté en una cárcel pero quiero saber de él”.
Ya son tres años que Perla busca a Víctor pero “la procuraduría estatal no ha realizado investigación alguna, lo más importante que era solicitar los videos de las cámaras cercanas a la “Aceitera Reimy”, no lo han hecho”.
Marco Antonio Ramírez Hernández
Desapareció el 11 de diciembre a las 14:15 horas.
“He buscado a mi hijo por todos lados y hasta en donde menos imaginé: en el Servicio Médico Forense, Semefo. Desde que mi hijo desapareció, siempre he pensado que fueron las autoridades del gobierno los responsables”, declaró Nilvia Hernández Romero, madre de Marco Antonio Ramírez Hernández, a quien se llevaron una tarde durante un operativo conjunto de policías locales, federales y judiciales.
A Marco Antonio se lo llevaron varios hombres vestidos de civil que bajaron de camionetas de lujo, tipo suburban, de las que usa la procuraduría y la policía de Veracruz. Según información de testigos, “él se encontraba fuera de una plaza comercial platicando con una amiga y allí, frente a ella, lo sometieron”.
Nilvia Hernández, comentó que su hijo era responsable y todos los días trabajaba con su papá como cargador de escombro de los camiones de volteo. “Salía todos los días temprano para ganarse dinero y poder vestir y alimentar a su hija de 4 años”.
Nilvia asegura,“aquí todo está movido por la delincuencia y todos los días tememos que nos hagan algo por estar buscando a mi hijo, pero es lo único que nos queda por hacer ya que la autoridad no investiga, nos traen vuelta y vuelta y también nos han perdido muchas veces los datos de nuestro ADN y siempre lo pierden”.
José Ignacio Cruz González
Desapareció el 6 de diciembre del 2013 alrededor de las 9:30 horas.
El 6 de diciembre, José Ignacio Cruz González, desapareció. Su familia acudió a presentar la denuncia el sábado 7 pero las oficinas del ministerio público estaban cerradas en justificación de que era fin de semana.
El lunes 9 de diciembre se presentaron a interponer la denuncia por desaparición pero en la PGR les dijeron que no podrían porque primero tendrían que transcurrir 72 horas para poder iniciar el trámite correspondiente.
En sesión de 07 de agosto de 2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió asumir su facultad de atracción para conocer del Recurso de Revisión 289/2019, en contra de la negativa de la Fiscalía de Veracruz de implementar las Acciones Urgentes emitidas por el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED), por las desapariciones de Víctor Álvarez Damián, Pablo Darío Miguel Hernández, José Ignacio Cruz González, José Armando Cortés Arrioja, Yonathan Isaac Mendoza Berrospe y Marco Antonio Ramírez Hernández, ocurridas entre el 6 y el 11 de diciembre de 2013 en la colonia “Formando Hogar” de la ciudad de Veracruz.
Ante las omisiones de las autoridades y la falta de una investigación efectiva para localizar a los jóvenes y esclarecer los hechos, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en representación de las familias, interpuso un Juicio de Amparo Indirecto en contra de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
El 15 de mayo de 2018, la autoridad judicial resolvió ordenar a la Fiscalía a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva, sin embargo, declaró improcedente el carácter vinculante de las Acciones Urgentes emitidas por el CED, al considerar que no existe una obligación legal de su acatamiento forzoso.
