(29 de septiembre, 2013).- El recuerdo está intacto. Aunque han pasado más de diez años, a Carolina*, de 39 años, se le aguan los ojos cuando lo cuenta. “Yo apenas empezaba en esto. Trabajaba como patrullera en la estación de Policía de Suba y tuve que atender la investigación de un hombre que abusó sexualmente de su hijastra. Le perforó el útero. Días después la niña murió”. El caso la sigue conmoviendo. Sobre todo porque cada vez que se enfrenta a una investigación de estas no puede dejar de pensar en sus hijos. Lo confiesa: “Soy mamá de un niño de 15 años y una de 12, cada historia me lleva a ellos, me duele”. Desde hace 18 años es policía y ahora es una de las cinco mujeres que conforman un grupo de 34 investigadores de delitos sexuales contra menores de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía. Su labor, dar con los victimarios; su triunfo, lograr información que permita su captura.
Carolina no niega que ha tenido momentos de paranoia. “Facebook, los cafés internet, los parques (…) escenarios en los que con mayor incidencia se comenten delitos contra niños siempre son alerta para mí también”, cuenta. Sus días transcurren entre develar falsos perfiles en redes sociales, entrevistar a víctimas, buscar pistas. “Se descubre que hasta lo más inofensivo puede ser un peligro. En Facebook revelamos buena parte de los acercamientos entre redes de explotación sexual y menores. Usan tácticas que terminan convirtiéndose en material propio de la prostitución infantil, como videos. Con estos, chantajean a los niños. ‘Si no lo sigues haciendo, le contamos a tu mamá’, dicen”, cuenta la investigadora, quien asegura que “el miedo a que no les crean y el poder que impone el agresor” son razones que alejan a los menores de denunciar, de hablar. Por eso, existe un subregistro en las cifras. Según reporte de la Policía, en lo que va corrido del año 4.907 menores han sido víctimas de abusos sexuales en el país. Mientras durante todo el 2012 se presentaron 6.351. El rango de edad de 12 a 14 años es en el que más casos se presentan.
La investigadora empieza la jornada pasando revista al personal que conforma su equipo. Revisa que todos tengan un plan de acción para la jornada y selecciona a los investigadores que la acompañarán en el trabajo de campo. “En la oficina estamos muy temprano y al final del día, cuando entregamos el informe de la información que hemos conseguido durante la jornada”. Vestida de civil (porque así pasa desapercibida para muchos, contará más adelante), Carolina se enfrenta silenciosamente a la redes de tráfico y explotación de menores. Trata de no hablar mucho de las investigaciones que adelanta. En esto, la prudencia parece ser una de las mayores virtudes.
“Recuerdo una vez que logramos la captura de un hombre que usaba como fachada un café internet. El caso lo develó la historia de un niño que iba allí a hacer tareas y terminaba siendo manoseado por el dueño del lugar que lo encerraba en las cabinas para llamadas”, relata. Su trabajo va de la mano con la Fiscalía. Los casos son puestos por el ente acusatorio en sus manos y ella y su equipo se encargan de resolverlos. “Otros parten de anónimos. De correos o de llamadas que denuncian. Muchos de esos no son verdad y significan un desgaste institucional. Destinar investigadores que están en un caso para que asuman otros que resultan ser falsos”, cuenta. Sin embargo, insiste en decir que a pesar de las ‘bromas’, la llamada que hace denuncia sigue siendo el punto de partida para acabar con las redes que usan niños para sacarles provecho sexual. “Y hacerles daño”, repite varias veces. Ella asegura que las secuelas después de los abusos son evidentes y tratarlas, toma tiempo. “A través de la cámara de Gesell (espacio conformado por dos ambientes, separados por un vidrio) he visto y hablado con niños víctimas durante horas. Algunos solo hablan cuando ya han pasado hasta cinco y sienten la confianza para hacerlo. “Sacarles eso de adentro no es fácil. Primero les hablo del colegio, de la familia, hasta que sienta que puedo hablarles de algo que sé que aún les duele”.
Los casos son muchos. Pero unos más aterradores que otros. Carolina no puede disimular que le afecta. Aunque dice que fue formada para guardarse sus sentimientos ante casos que generan dolor e indignación, no logra ocultar que investigar este tipo de delitos duele. “Tuvimos alguna vez el rescate de un niño que era abusado por su mamá. La mujer había sido abandonada por su esposo y su hijo, que guardaba un parecido físico con él, tenía que hacer, por órdenes de ella, el papel del cónyuge. Él menor tenía 11 años y la madre 33”, cuenta Carolina, que parece no haber perdido la capacidad de asombro a pesar de tantas atrocidades que ha visto desde su papel como investigadora. “Llego a la casa y les hablo a mis hijos, les cuento algunos casos. Es una forma de abrirles los ojos, de prevenir”, dice.
Bucaramanga, epicentro de denuncias
“Una niña de 14 años fue abordada por una mujer que le ofrecía 300.000 pesos por estar un par de horas con su esposo”. “Una madre denunció que su hija fue abusada por su propio padre”. “Una adolescente fue internada en una clínica debido a las lesiones que sufrió después de una violación”. Son algunos casos del reporte que recibe a diario el general William René Salamanca, la cabeza de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía. Él tiene en sus manos la lucha contra las redes que usan menores para explotarlos sexualmente. “Nada fácil”, dice mientras revisa cifras en su Ipad y lee casos que le llegan de todo el país y que le siguen aterrando. “Hay mucha maldad”, dice. Es prudente si se trata de hablar de casos concretos y aunque asegura que las víctimas de esas bandas son en su mayoría de estratos bajos, cuenta que en el caso de los victimarios no hay estratos. “Alguna vez, hubo una denuncia. Se trataba de un hombre, un empresario de muy buen prestigio en el país que, a través de una mujer, conseguía niñas para que complacieran sus deseos. La mujer conseguía a las jovencitas, les pagaba y mientras él se disfrazaba de mujer (vestido, medias veladas, tacones) la niña contratada le pegaba con un látigo. Ese era el deseo del hombre. Y también su delito. El mismo que terminó mandándolo a la cárcel.
Hasta el año pasado, Bogotá era la ciudad donde mayor número de denuncias por casos de explotación sexual a menores se registraban en el país. Este año, según cifras de la Policía, Bucaramanga (Santander) ocupa el primer puesto. En lo que va del 2013 se han presentado 498 casos, le sigue Cali con 420 y Bogotá con 331.
Aunque existe un subregistro porque “hay una amplia diferencia entre los casos ocurridos y los conocidos de manera oficial por los estamentos judiciales”, dice el general, quien además señala que las mujeres siguen siendo el ‘gancho’ para captar la atención de los menores y siguen siendo el eslabón más importante en esta cadena delictiva.
Las características de las víctimas también han sido plenamente identificadas. “Son personas de escasos recursos, hacen parte de familias monoparentales, donde la cabeza de familia es en su mayoría la madre, o pertenecen a familias numerosas con bajos niveles académicos”.
La forma de llegar a las víctimas es, casi siempre, la misma. La mujer busca en colegios a niñas que tengan buen aspecto físico y pocos recursos. Ofrecen que sean modelos por una suma que supera, por lo general, los 200.000 pesos. Siempre hay una líder que organiza, facilita y participa del comercio de servicios sexuales con menores, que en muchos casos se realiza a través del uso de medios tecnológicos: chats y redes sociales. Según las autoridades, la permanencia de las víctimas dentro de estas redes se mantiene a través de amenazas contra ellas y sus familias.
En lo que va del 2013 se han desmantelado dos grandes redes en todo el país. Una en Medellín y otra en Bogotá, ambas con presencia de mujeres. Más de 80 personas, según la Policía, han sido capturadas por ser integrantes de estos grupos. Advierte además que, una vez más, identificaron las zonas más atractivas para que esas redes contacten a las jóvenes.
“En Bogotá, operan en la Zona Rosa, la Avenida Primero de Mayo y el parque Lourdes, principalmente. En Medellín en el Parque Lleras, en Cali en la zona de Juanchito y en Cartagena en el sector de las murallas”, señala. Sin embargo, es enfático en decir que desde que ocurrió el escándalo del servicio secreto de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, en el 2012, el trabajo de las autoridades se multiplicó y el compromiso de taxistas y hoteleros se evidencia en la lucha contra estas redes que se dedican a la prostitución y explotación infantil.
Aunque no hay bandas con nombre propio, el microtráfico está presente en cada caso que investigan. La regla parece ser que para que exista una banda que se dedica a la explotación de menores, hay un antecedente de ventas al menudeo de drogas.
En el país, 3000 policías trabajan en el tema de prevención y 729 investigadores se dedican a hacer seguimientos a las denuncias por explotación infantil “Esperamos que en diciembre tengamos 500 más”, señala. Una cifra que sigue siendo baja para cubrir la situación de todo el país.
