(07 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Aunque las ejecuciones extrajudiciales en el país, continúan sucediendo con mayor frecuencia desde el sexenio pasado y ha habido una intensificación de éstas en el presente, el gobierno federal e incluso parte de la sociedad civil lo han negado y defendido a las Fuerzas Armadas. Esto pese al sin número de casos que resguarda la PGR, organismos nacionales e internacionales.
Los crímenes han demostrado ser escándalo, incluso Amnistía Internacional ha catalogado la situación como una de las más peligrosas del mundo, son miles de víctimas que a diario se acrecientan, bajo la protección de la impunidad. Las cifras dan cuenta de hechos que no son aislados, por el contrario, son una práctica extendida que se comete por un importante número de militares, por toda la república mexicana.
Según información que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, hizo llegar a Revolución TRESPUNTOCERO, Elizabeth León Carrizales, de 55 años de edad y María Berta Castillo López, de 60 -quienes no se conocían pese a su cercanía en colonias de Nuevo Laredo- , han padecido una tragedia que ha durado más de cinco años sin justicia, desde aquel 15 de junio del 2010.
Aquella mañana de martes, el destino las unió por el resto de sus vidas; elementos del Ejército Mexicano pertenecientes al Primer Regimiento de Caballería “abatieron” a cinco presuntos delincuentes cuando escapaban de un supuesto enfrentamiento ocurrido en la colonia Villas de San Miguel, en Nuevo Laredo.
Fue ahí donde falleció Juan Antonio Pedraza Castillo, hijo de María Berta, quien viajaba en una camioneta donde elementos de Sedena, aseguraron viajaban los “agresores”, la cual terminó estrellada en el domicilio de Elizabeth León Carrizales.
“Juan Antonio salió de mi casa, sin armas”
María Berta Castillo López sufrió la muerte de su hijo, en silencio y durante más de cuatro años. Las autoridades de Tamaulipas y del Gobierno Federal durante ese tiempo no le dieron explicaciones sobre la forma en que murió Juan Antonio.
Sin embargo, las autoridades sí asumieron que Juan Antonio y sus acompañantes eran integrantes del crimen organizado y no había nada que investigar, por el contrario, pagaron con su vida haber ocasionado la muerte de un militar durante el “enfrentamiento”, aunque su madre asevera: “Juan Antonio salió de mi casa, sin armas”.
Debido a la precaria situación económica de la madre de Juan Antonio, le fue imposible contratar los servicios de un abogado que le brindara una asesoría con respecto a la muerte del joven y el mantenimiento de sus nietos y de su nuera, ya que éstos iban en aumento, sin que el sueldo de su esposo, de oficio albañil, pudiera cubrir los gastos, pues 800 pesos semanales “apenas alcanza para mal alimentarse o pagar los servicios básicos”, explica la documentación obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO.
Para cubrir los gastos funerarios de Juan Antonio, familiares y vecinos realizaron una colecta, además de pedir prestado y vender algunas pertenencias de poco valor que finalmente ayudaron a sepultarlo en el panteón del Norte, a orillas de la ciudad. Aun cuando era obligación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), investigar los hechos, esto no sucedió.
Después de aquella tragedia, días más tarde, una víctima circunstancial, la señora Elizabeth León Carrizales, presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas por las lesiones que sufrió al ser embestida por una camioneta que penetró su casa al chocar y por los daños materiales ocasionados a su vivienda. Sin embargo, tampoco le hicieron caso.
Pero la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas conoció por voz de Elizabeth, que a Juan Antonio y sus acompañantes los mataron los militares sin poner resistencia y se limitaron a declarar la incompetencia a la CNDH, iniciándose el expediente de queja número CNDH/2/2012/8108/Q.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo recibió la petición de ayuda de María Berta Castillo López e Ilse Ávila, madre y esposa, respectivamente de Juan Antonio el primero de diciembre del 2014.
Tres días después se elaboró un escrito de queja 0074/2014 enviado a Enrique Peña Nieto, a Miguel Ángel Osorio Chong y al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, denunciando la ejecución extra judicial del joven.
Ante el personal del CDNH Nuevo Laredo, la señora María Berta declaró: que aquel día a las ocho de la mañana Juan Antonio Pedraza Castillo se encontraba en su domicilio y aproximadamente a las doce del mediodía se levantó para comer y luego regresó a su cuarto para seguir descansando, media hora después llegaron a su casa varios jóvenes a bordo de una camioneta tipo pick up que estacionaron frente a su domicilio y desde ahí le gritaban que saliera.
María Berta le avisó a su hijo que le hablaban unos muchachos y luego lo encaminó hacia la puerta de salida respondiéndole Juan Antonio que eran sus amigos y que irían al Oxxo a comprar unos refrescos, para regresar más tarde.
“A los pocos instantes que se fue mi hijo en la camioneta con sus amigos, pasaron dos o tres camionetas del Ejército Mexicano a gran velocidad y en la misma dirección que iban los muchachos, después de unos minutos escuché un disparo y luego otro más”, explicó.
La señora María Berta, aseguró que con un mal presentimiento le pidió a su nuera Ilse Ávila que la acompañara a buscar a Juan Antonio. “Cuando llegamos al crucero vimos la camioneta donde viajaba mi hijo impactada en la pared de una casa y rodeada de varias camionetas del Ejército Mexicano, tratamos de pedir información de lo ocurrido un soldado nos respondió a gritos que nos fuéramos a la chingada o nos pasaría lo mismo”.
Pero ellas permanecieron en el lugar, esperando encontrar a Juan Antonio con vida, muchos vecinos comenzaron a salir de sus viviendas luego de escuchar los balazos que aseguran, eran disparados por los militares solamente.
“No disparen, nos rendimos, no queremos morir”; gritaban los jovenes
El testimonio de Elizabeth León Carrizales, obtenido por Revolución TRESPUNTOCERO, describe “el día 15 de junio me encontraba en mi casa junto a mi nieta, que en ese tiempo tenia doce años, cuando escuchamos disparos muy cercanos a mi domicilio, ante esto yo metí a mi nieta al baño por su seguridad y apagué la estufa, cuando sentí un golpe que me arrastró y era la camioneta que ya estaba dentro de mi vivienda.
Pude ver que elementos militares estaban realizando disparos hacia la camioneta, donde habían muchachos gritando a los soldados que no dispararan, ‘no disparen, nos rendimos, no queremos morir’; gritaban los jóvenes. Yo me encontraba tirada a la altura de una llanta del lado del chofer llena de sangre y me pude dar cuenta que dos elementos militares se subieron a la caja de la camioneta de los muchachos y les dispararon matándolos, yo les gritaba que no dispararan ya, que había gente en la casa, momentos después militares comenzaron a quitar el escombro de la casa que tenía encima para ayudarme a salir, ya que estaba atrapada y no me podía mover por la lesión en mi pierna.
Los militares me trasladaron a la casa de mi hijo, a quien le dijeron que se harían cargo de todos los gastos médicos, una hora después llegó la ambulancia para trasladarme a la Cruz Roja, me informaron que me había fracturado la pierna y tenía un roce de bala en la sien derecha, pero no pudieron enyesarme puesto que nadie pagó los gastos médicos”.
Las secuelas que dejó aquel hecho en la rodilla de León Carrizales, han ido en aumento, hasta hoy no ha recibido ningún apoyo económico y no puede trabajar, ya que el diagnóstico del traumatólogo indica que la rodilla ya no funciona y necesita una prótesis, la cual no puede costear.
El gobierno de la República la abandonó totalmente. Tuvo que rogar a la Secretaría de la Defensa Nacional para que le pagaran una cirugía por los daños a su pierna izquierda que ascendían a más de 70 mil pesos, en cuanto a los daños de su hogar, la reconstrucción de la fachada fue posible gracias a un programa social del gobierno municipal, sin embargo cambió de domicilio por miedo a represalias. Además que perdió muebles y pertenencias que las autoridades no aseguraron, mientras ella se encontraba hospitalizada.
Con la lesión y su edad, nadie quiere darle empleo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se apresuró a concluir su expediente de queja como “Asunto Solucionado Mediante el Procedimiento de Conciliación”, con fecha del 30 de abril del 2013, por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se limitó a dar trámite a la queja de León Carrizales solamente por las lesiones y los daños materiales, pero tuvieron que pasar cuatro años e intervenir el CDNH Nuevo Laredo para que la Secretaría de la Defensa Nacional cubriera parcialmente los gastos de la cirugía que necesitaba la víctima.
En aquellos hechos, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas inició una averiguación previa solamente para el levantamiento de cadáveres, en colaboración con la PGR, siendo la número AP/362/2010. Además de Juan Antonio Pedraza Castillo fueron asesinados otros cuatro jóvenes más, cuyos familiares tuvieron miedo de denunciar las ejecuciones extrajudiciales.
Según el certificado de defunción de Juan Antonio, firmado por el médico legista Armando Hernández, entregado a los familiares, revela la causa de su muerte y lo califica de homicidio: hemorragia y maceracion cerebral (subito). (laceracion). Hemoneumotorax derecho y laceracion hepatica (súbito).Herida producida por arma de fuego penetrante en craneo y tórax. Tipo de defuncion: violenta, homicidio.
Militares libres en Atlixco, Puebla
Hasta hoy la lucha por obtener justicia parece no haber obtenido resultados benéficos para ninguna de las dos familias, ya que aún cuando mantienen presión en la exigencia del esclarecimiento del caso, castigo para los culpables y pago de daños, la protección siempre ha sido para dicho grupo militar. En diciembre del 2013, el Primer Regimiento de Caballería fue enviado de Nuevo Laredo a Atlixco, Puebla, por órdenes del alto mando militar. Fue un “enroque normal” dijeron funcionarios del Ejército Mexicano, lo cierto es que dicho regimiento estaba fuera de control de la propia Sedena.
Dicho personal militar, cuyo comandante era el teniente coronel Alejandro Portillo Amaro, acumuló más de ochenta averiguaciones previas tan sólo ante el Ministerio Público Militar con residencia en Nuevo Laredo por violaciones graves a los derechos humanos; tortura, agresiones sexuales, secuestro, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, de los años 2009 al 2013.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó denuncias por las siguientes ejecuciones extra judiciales, algunas de las cuales derivaron en recomendaciones de la CNDH:
1.- Israel Ayala Ramírez, 31 de Marzo de 2009.
2.- Miguel Ángel Gama Habif, 31 de Marzo de 2009.
3.- Aarón Rojas de la Fuente, 31 de Marzo del 2009.
4.- Niño Martín Almanza Salazar, 3 de Abril del 2010.
5.- Niño Brayan Almanza Salazar, 3 de Abril del 2010.
6.- Juan Antonio Pedraza Castillo, 15 de Junio de 2010.
7.- José Manuel Esqueda Nieto, 27 de Diciembre del 2011.
8.- Raúl Eduardo Romero Vedía, 19 de Agosto del 2012.
9.- Alfredo Ruiz Rojas, 18 de Marzo del 2013.
10.- Rubén Gámez Valdés, 27 de Marzo del 2013.
Muchas de estas denuncias continúan con expedientes abiertos tanto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como en la Procuraduría General de la República, (PGR), pero la justicia, cuanto las víctimas son civiles, simplemente no llega con la misma prontitud que si se tratara de integrantes de las fuerzas armadas.
