En una carta enviada directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicitó la intervención del Ejecutivo Federal en su proceso penal.
El mando naval denunció que la Secretaría de Marina (Semar) vulnera su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso al clasificar como “reservada” información clave para demostrar su inocencia.
Farías Laguna, quien es sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, permanece recluido bajo la medida de prisión preventiva justificada desde el pasado 2 de septiembre de 2025.
Acusaciones de “huachicol fiscal”
El mando naval enfrenta la causa penal 325/2025, derivado de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que lo señala como presunto líder de una organización delictiva denominada “Los Primos”. Según la FGR, este grupo estaría dedicado al contrabando de combustibles, delito conocido como “huachicol fiscal”.
En su misiva, fechada el 13 de abril de 2026, el vicealmirante sostiene que la información que ha solicitado a la Marina a través de la FGR desde noviembre de 2025 le ha sido negada sistemáticamente.
“Marina pretende el no proporcionarla mediante un argumento arbitrario de reserva de información, argumentando afectaciones a la seguridad nacional […] lo que me deja en un completo estado de indefensión”, dicta el documento.
Con 33 años de servicio en la Armada de México, Farías Laguna calificó de extraña la actitud de la institución. Además de los obstáculos legales, denunció que el 18 de diciembre de 2025 fue dado de baja de la corporación de manera injustificada, antes de que se dictara una sentencia.
“…no soy ajeno a la institución y, al negarme, la misma se aleja de los principios de legalidad a los que todo mexicano tiene derecho por ley”.
Llamado a la “transparencia y al debido proceso”
Esta decisión, asegura, ha tenido un impacto severo en su entorno personal, como pérdida de ingresos, seguridad social y vulnerabilidad, pues acusa que sus hijas menores de edad quedaron en “completo desamparo”.
El vicealmirante enfatizó que la baja ejecutada por la Semar viola el principio de presunción de inocencia. Argumenta que existían mecanismos internos para que pudiera enfrentar el proceso sin ser separado de sus funciones y derechos antes de una resolución judicial.
“Soy el más interesado en aclarar estos hechos y en demostrar la verdad, pero con estas tácticas dilatorias y de pretender reservar información solo se vulneran los derechos humanos”, señaló el mando naval.
A más de siete meses de su detención y tras concluir el periodo de investigación complementaria, Farías Laguna reiteró su subordinación a la Presidenta, pero solicitó que se instruya a la Marina a entregar los datos requeridos para que estos obren en la carpeta de investigación y se logre el esclarecimiento del caso.
