La autorización otorgada al crematorio Plenitud, donde fueron hallados 383 cuerpos en condiciones irregulares en Ciudad Juárez, ha puesto bajo escrutinio a varios funcionarios ligados al Partido Acción Nacional (PAN), incluyendo a María Eugenia Galván Antillón, madre de la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
Durante una sesión del Congreso estatal, la diputada de Morena Jael Argüelles señaló que Galván Antillón, quien encabezó la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) durante el gobierno de Javier Corral Jurado (2016–2021), fue Galván quien autorizó el funcionamiento del establecimiento. La legisladora indicó que el crematorio pertenece a la familia Arellano Cuarón, vinculada con el PAN y con el ex secretario estatal Pablo Cuarón Galindo.
Argüelles cuestionó las omisiones y contradicciones por parte de autoridades estatales en torno al caso, desde el subregistro inicial del número de cuerpos hasta la supuesta supervisión al lugar, que ya había sido señalado por condiciones insalubres en 2020. A pesar de esos reportes, el crematorio siguió operando con licencias vigentes.
Legisladores como Francisco Sánchez Villegas (Movimiento Ciudadano), y María Antonieta Pérez Reyes (Morena), han exigido investigaciones a fondo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluyendo la revisión de responsabilidades administrativas en Coespris y la Secretaría de Salud estatal, así como estudios forenses a todos los restos localizados.
El caso ha derivado hasta ahora en la vinculación a proceso penal de José Luis Arellano Cuarón, propietario del crematorio, y de Facundo Martínez Robledo, empleado del establecimiento, por presunto ocultamiento y conservación ilegal de restos humanos.
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