La justicia ya los tiene en la mira. Seis personas, incluidos un presunto líder sindical, una exfuncionaria municipal y miembros de una organización criminal, fueron vinculadas a proceso penal por su participación en una red de extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión, en el Estado de México.
El caso forma parte de la “Operación Liberación”, una estrategia que apunta a desmantelar esquemas de coacción económica en distintos municipios mexiquenses. Las audiencias se celebraron el pasado 26 de julio, y el juez ordenó prisión preventiva oficiosa para los seis implicados, quienes permanecerán detenidos mientras se profundiza la investigación.
Uno de los nombres más señalados es Gonzalo “N”, identificado como líder del sindicato “Bradosva” y presunto monopolizador del suministro de materiales de construcción en la zona de Valle de Bravo. La Fiscalía lo acusa de extorsionar a comerciantes, exigiendo que sólo compraran con él materiales como grava, arena y varilla.
También fue procesada Yareli “N”, tercera regidora de Ixtapan de la Sal, por su presunta participación en el secuestro exprés de un comerciante. Ella habría intervenido en la privación de la libertad de la víctima con el objetivo de obtener un beneficio económico.
Otro caso es el de Antonio “N”, presunto integrante de La Familia Michoacana, quien, según las indagatorias, obligaba a comerciantes de carne en tres municipios a comprar exclusivamente con él bajo amenazas. Lo mismo hacían Alicia “N” y José Fernando “N”, acusados de exigir la compra de madera con sobreprecios y bajo coacción.
Las detenciones ocurrieron el 21 de julio, y desde entonces los imputados se encuentran recluidos en centros penitenciarios mexiquenses. El juez otorgó dos meses para la investigación complementaria, que concluye el 23 de septiembre.
En caso de que se compruebe su culpabilidad, las penas podrían alcanzar hasta 80 años de prisión o cadena perpetua por el delito de secuestro exprés, y hasta 70 años o prisión vitalicia por extorsión agravada.
La “Operación Liberación” avanza, y con esta vinculación a proceso, la justicia da un paso firme contra quienes convirtieron la extorsión en negocio.
