(02 de enero, 2015).- Antes de que la crisis social de México en el 2014 llegara a su máximo esplendor con el caso Ayotzinapa, la incapacidad de Enrique Peña Nieto y la profunda deficiencia del Estado en cuanto a la situación de seguridad ya habían quedado demostradas, cuando, en febrero de 2013, ciudadanos de Michoacán —y la zona de Tierra Caliente— decidieron tomar las armas como última salida para defenderse del crimen organizado.
De esta manera, campesinos, jornaleros, amas de casa, profesionistas y estudiantes, conformaron los llamados grupos de autodefensa, luego de ser ignorados por el entonces gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, y el ahora detenido exsecretario de Gobierno, Jesús Reyna.
A principios de 2014, la presencia de los autodefensas ya se había expandido a 27 municipios de Michoacán y más de 60 poblados; y nombres como el de José Manuel Mireles Valverde, Hipólito Mora, Enrique Hernández Salcedo, entre otros, comenzaron a ser mencionados en todo el país.
“No somos militares, no somos guerrilleros; yo soy médico cirujano, hay otros compañeros ingenieros, otros agrónomos, otros son empresarios. Simplemente observamos lo que hicieron los purépechas y lo hicimos”, expresó en su momento Mireles, aclarando que se trataba de un levantamiento “del pueblo para defender al pueblo”.
De igual forma, se registró que michoacanos migrantes, quienes habían huido a EE.UU., escapando de la violencia en México, comenzaron a regresar a su tierra para incorporarse a los grupos de autodefensa.
Sin embargo, el 15 de enero, Peña Nieto firmó un decreto en el cual se creaba la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, a cargo de Alfredo Castillo, figura sumamente criticada por su negligencia en el caso Paulette cuando era procurador de justicia del Estado de México.
Castillo fue bautizado por la opinión pública como ‘el virrey’ de Michoacán, debido a la inconstitucionalidad de su cargo, al quedar por encima del gobernador elegido democráticamente por los michoacanos.
Además, la llegada de Castillo a Michoacán, con el pretexto de recuperar la paz, significó la infiltración de 20 funcionarios mexiquenses en las instancias de seguridad de la entidad.
Posteriormente seguirían meses de relativo desconcierto, debido a que el ‘virrey’ emprendió una campaña de desprestigio contra las autodefensas, mientras pactó con ciertos representantes, lo cual culminó con la destitución de Mireles como vocero del movimiento, el desarme y/o registro de varios grupos y la conformación de la Fuerza Rural en el mes de mayo.
No obstante, a finales del mismo mes se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Autodefensas Ciudadanas, donde se analizaron las alternativas pacíficas y ciudadanas para combatir “el vacío del Estado”, además de alertar que “el problema de inseguridad pública no es un asunto exclusivo de Michoacán”.
Por su parte, las críticas a la Fuerza Rural no se hicieron esperar, pues se acusó que integraba a “” vinculados con la delincuencia organizada. Asimismo, se consideró que la nueva instancia policiaca dio origen a un nuevo cártel: ‘Los Viagras’, al tiempo que 200 autodefensas genuinos fueron detenidos.
En tanto, se dictaba formal prisión contra Reyna, se designaba a Salvador Jara como nuevo gobernador de Michoacán, ante la renuncia de Vallejo; y poco a poco, se iban comprobando los lazos de su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, ‘El Gerber’, con el cártel de los Caballeros Templarios.
El principal golpe de Castillo a las autodefensas ocurrió el 27 de junio, cuando Mireles fue detenido —y a la fecha sigue preso—, por lo que su abogada Talía Vázquez ha dado constancia de la fabricación de pruebas, la tortura y las numerosas inconsistencias cometidas.
Luego de unos meses del temporal triunfo del ‘virrey’ contra el derecho de los michoacanos a defenderse del crimen organizado, los autodefensas anunciaron, a principios de diciembre, estar dispuestos a retomar las armas si el gobierno no enderezaba el rumbo de la entidad. Esto al considerar que “se eliminó un cártel para crear otro” y que se había aniquilado la esencia “del movimiento limpio de las autodefensas, pues todo se enturbió con la estrategia equivocada de seguridad”.
Seis días después se produjo un enfrentamiento entre los grupos liderados por Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, ‘El Americano’, en La Ruana, donde resultó muerto el hijo de Mora y otras 10 personas.
A pesar de esto, el comisionado declaró que Michoacán vivía un panorama pacífico y que el enfrentamiento sólo era un “choque de trenes” que no ponía en entredicho su autoridad.
Durante los días posteriores, tanto Mora como ‘El Americano’ se entregaron a las autoridades michoacanas, luego de que se emitieran órdenes de aprehensión por los hechos, y se espera que en este mes se resuelva su situación jurídica.
El fracaso de Castillo en Michoacán se denota con los 823 homicidios dolosos que tuvieron lugar en los primeros 10 meses de su cargo —enero a noviembre pasados—; es decir, 37 por ciento más que el mismo periodo de los últimos cinco años.
Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2014 podría ser uno de los años más violentos para Michoacán desde 2009, a pesar de la presencia de elementos del Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Gendarmería y la Fuerza Rural.
Cabe mencionar que la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, dirigida por Castillo, tiene un presupuesto anual de 129 millones 615 mil 561 pesos, mientras que el sueldo mensual del ‘virrey’ es de 194 mil 708 pesos, más gastos de alimentación, transporte y hospedaje.
