En 2006 nació el World Justice Project© (Proyecto de Justicia Mundial) como iniciativa de William H. Neukom, mientras encabezaba la American Bar Association (Asociación Estadounidense de Abogados). De acuerdo con su autodescripción se trata de una “organización independiente, internacional y multidisciplinaria que trabaja para avanzar el Estado de Derecho en el mundo”.
Su fundador y director general se desempeñó durante más de 25 años como abogado principal de Microsoft Corporation, empresa acusada por prácticas monopólicas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles y el Club de Madrid (inasible organización no lucrativa que se dice dedicada a “promover la democracia”) se cuentan entre algunos de sus socios estratégicos, mientras que personajes nada proclives a la paz y a la auténtica justicia, como Madeleine Albright y Colin Powell, han sido socios honorarios.
Cuenta con oficinas en Washington D.C., Seattle, Singapur y la Ciudad de México. A pesar de esto, llama la atención que en su consejo de administración no figure ningún mexicano.
El director en México es Tim Kessler, quien ha sido asesor del Banco Mundial y jefe del Programa de Políticas Económicas para México de la USAID.
Además del otorgamiento de becas, uno de los principales programas de esta organización es la elaboración del “Índice de imperio de la ley o Índice del Estado de Derecho (WJP Rule of Law Index)”. Es a partir de 2018 – “coincidentemente” el mismo año en que Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial – cuando empezó a aplicarse en nuestro país, por lo que se carece de datos provenientes de los regímenes pripanistas con los que pueda realizarse un análisis comparativo, información que suelen omitir los periódicos y los programas de radio y TV, esos mismos que anuncian con bombo y platillo los resultados arrojados que ubican a nuestro país, muy cerca de Venezuela, en los últimos lugares de las naciones calificadas.
El jefe de Investigaciones del World Justice Project, así como uno de los diseñadores originales de este índice y director de las iniciativas de recopilación de datos en Afganistán, Pakistán, la Unión Europea y México, es Alejandro Ponce, licenciado en Economía por el ITAM, y maestro y doctor en Economía por la Universidad de Stanford. Trabajó como investigador en la Universidad de Yale, fue economista del Banco Mundial y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.
Hace unos días se presentó el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 (en este enlace puede consultarse https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2022/05/1_WJP_IEDMX_Digital.pdf). Se llevaron a cabo 400 encuestas a la población general en cada una de las entidades federativas, es decir, un total de 12,800, así como entrevistas a 2196 especialistas en derecho y salud pública (aunque se indica el nombre de varios de ellos, también se incluye el rubro de “especialistas anónimos”).
Los factores o criterios de evaluación en el índice corresponden a parámetros que legitiman el modelo neoliberal; sólo por citar dos:
- Gobierno abierto…pero al mercado, con cosmética de transparencia;
- Límites al poder gubernamental…pero no a los poderes fácticos económicos.
Por otro lado, las mediciones sobre ausencia de corrupción, gobierno abierto, orden y seguridad, justicia civil y justicia penal consideran la percepción de la gente sobre estos temas, pero principalmente en el ámbito municipal, como puede apreciarse en las preguntas pertinentes de la encuesta (“Por favor dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases: 3. En este municipio, las organizaciones de la sociedad civil pueden expresar opiniones en contra del gobierno, sin temor a represalias. 4. En este municipio, los periodistas pueden publicar investigaciones sobre el crimen organizado, sin temor a represalias. 7. En este municipio, las personas pueden decir lo que piensan, sin temor a represalias. 8. En este municipio, las personas pueden manifestarse y protestar pacíficamente en contra del gobierno, sin temor a represalias. 9. En este municipio, los periodistas pueden publicar investigaciones sobre casos de corrupción de altos funcionarios del gobierno municipal o estatal sin temor a represalias)”. Sin embargo, esto no lo mencionan tampoco los medios privados dominantes, intentando generar la percepción de que es el gobierno federal el reprobado.
El sesgo también es evidente al aplicar el mismo número de encuestas en cada entidad sin importar el tamaño de su población (8,605,239 habitante en la Ciudad de México o 1,404,306 en Querétaro) o el número de municipios (570 en Oaxaca o 5 en Baja California Sur). ¿Se habrán visitado los municipios más inaccesibles del territorio? ¿Por qué Guanajuato con las mayores cifras de violencia e inseguridad se ubica entre los primeros lugares de este Índice de Estado de Derecho?
De acuerdo con lo que afirma esta organización, un Estado de derecho reduce la corrupción, protege a las personas contra hechos injustos, combate la pobreza y fomenta la democracia. “Casualmente” en las encuestas para elaborar su Índice no se contemplan preguntas para medir la percepción de la población sobre las políticas sociales con transferencias directas de efectivo (que muchas otras investigaciones internacionales han demostrado su funcionalidad para reducir la pobreza y la desigualdad), los ejercicios de democracia directa como consultas ciudadanas o revocación de mandato, o la consideración de la corrupción como delito grave. ¿Será que las respuestas a estas cuestiones no sirven a los intereses que protegen y los propósitos que buscan organizaciones de corte neoliberal como el World Justice Project?
Michel Foucault aconseja revisar al enunciante para conocer las redes de poder implicadas. ¿Qué se dice? ¿Quién lo dice? ¿De dónde provienen las fuentes? Son datos esenciales en cualquier análisis crítico de los fenómenos sociales y políticos que no pueden soslayarse.
El “espíritu de la época” neoliberal ha dejado su impronta en artículos académicos, leyes y sentencias de los tribunales, como han señalado y comprobado en sus investigaciones juristas y expertos constitucionalistas como Jodi Short, Adam Winckler y Daniel J.H. Greenwood. Esto ha ocasionado que, en la mayoría de los casos sólo se consideren los riesgos potenciales de la extralimitación gubernamental, pero no se tenga la disposición de apreciar los problemas inherentes al poder privado. Tal situación ha desempeñado en Estados Unidos un papel muy importante a la hora de guarecer al capitalismo neoliberal de todo examen, escrutinio y control. En nuestro país, donde los gobernantes implantaron a rajatabla ese modelo durante más de tres décadas, la dimensión de esta tendencia ha sido mucho mayor. La creación de organizaciones nacionales e internacionales dirigidas a proteger los intereses económicos beneficiados por el neoliberalismo es una de las consecuencias. Los criterios y los métodos instrumentales utilizados para premiar a los gobiernos obedientes y castigar a los incómodos vienen disfrazados de la “imparcialidad”, la “objetividad” y la “neutralidad” de los números. El World Justice Project no es la excepción. Es una muestra representativa de la forma de proceder de todas estas mediciones expertas provenientes del Occidente “civilizado”. El examen minucioso de los datos descubre las artimañas.
Lo “bueno” es que para algunos analistas “críticos” y “neutrales” Estados Unidos está muy complacido con este gobierno. Imagínese si no.
