(16 de enero, 2014).- Yakiri Rubio sigue recluida en el Centro de Rehadaptación Social de Tepepan, acusada del delito de homicidio pese a las pruebas presentadas por su defensoría. Muchas han sido las organizaciones civiles que se han sumado a la causa de esta mujer que, luego de ser agredida sexualmente, pasó de ser víctima a considerarse victimaria. Defensores de derechos humanos han escrito y respaldado a Yaki; además, activistas, juristas e investigadores han denunciado la carga sexista existente en la decisión de dictar orden de aprehensión a la joven de 20 años de edad.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que el proceso legal de Yakiri se lleve a cabo con estricto apego a derecho. De igual manera, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, expresó que, en el caso de Yakiri, “nunca se tomaron en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además del hecho de haber sido ultrajada” y agregó que en este y en todos los casos debe prevalecer la perspectiva de género.
Asimismo, diputados y senadores solicitaron al Instituto de las Mujeres (Inmujeres) del Distrito Federal su participación en la formulación del marco de sus atribuciones, durante y después del proceso. Ana Katiria Suárez Castro, abogada defensora, dijo que ya se han ofrecido las pruebas que desacreditan las supuestas evidencias otorgadas por la Procuraduría General del Distrito Federal, las cuales se basan en el registro de llamadas telefónicas que aún no han sido analizadas.
En cuanto a las cartas firmadas por un joven de nombre Miguel que se hallaron en la mochila de Yakiri, se comprobó que fueron escritas por un amigo de la detenida, quien se presentó a declarar y a quien se le aplicaron peritajes en grafoscopia y se constató que fue él el autor de las mismas. Suárez Castro también solicitó al MP la reclasificación de las lesiones sufridas por Yakiri. Esto debido a que el médico legista en turno estableció que las heridas de la joven tardarían menos de 15 días en desaparecer, por lo que no debían ser clasificadas como graves; sin embargo, este dictamen omite la lesión provocada por arma blanca en el brazo izquierdo de la mujer producto de la defensa que ejerció durante el abuso sexual. Además, a Yakiri no se le ofreció la atención a víctimas de agresión sexual establecida en la Norma 046, que establece la atención a la violencia familiar y sexual.
Por su parte, el investigador de El Colegio de México (Colmex), Carlos Echarri Cánovas, afirmó durante el seminario “¿Se puede prevenir la violencia?”, que “si se ven las bases de datos de Seguridad Pública en el rubro de denuncias por violación, tenemos alrededor de 15 mil denuncias al año y sólo alrededor de 3 mil 800 registros procesan la información [de forma debida]”. Pese a que la norma 046 establece que “se debe dar aviso al Ministerio Público cuando existe agresión sexual, también se tiene que brindar un sistema de información. Tenemos los datos de la Secretaría de Salud pero no tenemos los datos ni para el IMSS, ni del ISSTE, ni de PEMEX. ¿Cómo es posible que no tengamos esa información que es la que nos permite saber la reincidencia? ¿En cuántos casos las personas que son atendidas, no sólo las mujeres porque también aplica para los hombres, están llegando con evento repetidos de violencia?”.
Enfatizó que esta situación se agrava si se toman en cuenta “respuestas como la del procurador de Justicia del Distrito Federal (Rodolfo Fernández Ríos), quien dice que no hay violación porque ella entró al hotel”. El doctor en Demografía denunció que en los códigos penales se sigan teniendo causas de reducción de la pena cuando se trata de un hombre. En varios estados, además, “seguimos con la revisión del adendum, con lo que si el marido encuentra a su mujer con otro y la mata, la pena es de sólo tres días. Así, lo que seguimos protegiendo es el honor familiar, algo decimonónico, y no el libre desarrollo psicosexual de las personas”. En su opinión es imperativo que “regrese la presencia del Estado en términos de garantizar el ejercicio de los derechos”.
Pese a las inconsistencias en el caso, Yakiri lleva 39 días en reclusión, por lo que familiares, amigos, activistas, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles han convocado a realizar un ayuno colectivo de 12 horas (de 9 de la mañana a 9 de la noche) el día de mañana, 16 de enero, frente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para demandar la liberación de la joven.
