El coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, afirmó que existe una campaña de desinformación para desacreditar las reformas a la Ley de Amparo, al sostener que no limitan derechos, sino que buscan hacer más ágil y moderna la justicia en México. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó sus dichos y acusó a los detractores de “mentir deliberadamente o actuar por consigna”.
El funcionario explicó que el juicio de amparo, considerado una de las instituciones jurídicas más importantes del país, “no se acota ni se redefine”, sino que se adapta a nuevas exigencias, como la justicia digital y la reducción de tiempos procesales. Aseguró que la reforma introduce cambios para evitar abusos, como el uso del amparo por parte de personas vinculadas al lavado de dinero o a deudores fiscales.
“El amparo no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad”, subrayó Zaldívar durante la Conferencia del Pueblo.
También defendió que la reforma mantiene intacta la defensa de los derechos colectivos, del medio ambiente y de las comunidades, al precisar que el interés legítimo no fue modificado, sino aclarado. En materia de suspensión, detalló que los cambios sólo aplican en casos donde existan evidencias de delitos financieros o evasión de obligaciones fiscales.
En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo descalificó las críticas publicadas por exmagistrados y opinadores en medios nacionales. Los acusó de difundir información falsa sobre la supuesta retroactividad de la ley y de utilizar argumentos políticos para cuestionar los cambios aprobados por el Congreso.
“Estoy segura de que, o no han leído la reforma, o ya la leyeron y mienten deliberadamente”, afirmó la mandataria.
La presidenta insistió en que los derechos constitucionales permanecen intactos y que los ajustes pretenden fortalecer la protección ciudadana frente a actos injustos de autoridad, no debilitarla.
“Falso que se limite el amparo. Al contrario: será más expedito y con mayor acceso a la justicia”, sostuvo.
Sheinbaum enfatizó que las modificaciones buscan terminar con el uso del amparo como escudo de intereses privados.
“A los lavadores de dinero, no hay suspensión; a los deudores alimentarios y del fisco, sí se garantiza el derecho de defensa”, remarcó.
