(2 de septiembre, 2014).- El 28 de abril de 2014, venció la prórroga, que por iniciativa de senadores de Oaxaca se les había dado a todas las cajas populares ubicadas en territorio nacional para que se regularizaran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Esta propuesta se llevó a cabo luego de que en dicho estado quebraran 60 de estas cajas ahorradoras, la mayor cantidad en el país, dejando desahuciadas a muchas familias. La legalización y registro de las cajas, por tanto, otorgaría mayor confianza y seguridad para los ahorradores que pretendieran mantener el mismo sistema de ahorros e incremento de su capital.
Sin embargo, pese a la legalización y entrega del papeleo correspondiente, la Caja Progresa, S.C. de R.L. de C.V. con sede en Dolores Hidalgo, Guanajuato, fue clasificada como una caja de tipo “D”, la clasificación más baja otorgada por el organismo federal, que indica que la caja no puede funcionar como captadora de recursos, además de que está obligada a suspender sus funciones por habérsele denegado la regularización.
A través de un comunicado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) -con fecha del 9 de abril del 2013- se especifica que la Caja Progresa y otras instituciones no podrán “captar recursos del público mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o cualquier otra operación que implique la obligación de devolver el importe de dichos recursos”.
Pese a esta información oficial, la Caja Progresa se mantiene abierta y realizando sus funciones cotidianas de captación de recursos sin que ninguna autoridad haya intentado realizar alguna investigación respecto de su condición legal, dijo Mari Carmen Soria Narváez, vocera de las personas defraudadas por la caja Progresa.
Para Soria Narváez, la nula intervención de los funcionarios públicos para resolver el problema de manera financiera, legal y penalmente, es inexplicable. Si bien fue el año pasado cuando la CNBV alertó sobre la condición irregular de la caja de ahorro, ésta ha funcionado desde 2002 a la fecha, es decir, 12 años sin que el gobierno municipal, estatal y federal la hayan vigilado, fiscalizado o autorizado.
El caso de la caja Progresa, dice Soria Narváez, es sui géneris porque además de las denuncias que se han hecho en contra de la caja de ahorros por parte de la pobladores del municipio, la Gerente General, Lidia Arvizu, fue detenida y presa durante año y medio a partir de septiembre del año 2010 acusada de crimen organizado; pese a que este hecho fue un escándalo en el estado de Guanajuato, cuestiona la vocera, “¿cómo es que ninguna autoridad estatal, municipal, ni federal fue a ver cómo estaba esa caja?”
“Se puede pensar- señala- que la dueña de la caja tienen muchas personas que la protejan y que la apoyen porque salió demasiado pronto y además porque ella lo decía. Y no sólo eso, sino que el gobierno del estado, encabezado por Miguel Márquez Márquez, se reunió con ella; es la primera vez que las autoridades dialogan con los defraudadores y no con los defraudados”.
Los defraudados de la caja de ahorro Progresa esperan que se les devuelvan los intereses y el dinero integro que depositaron a dicha organización y que dejó de pagarles cuando la Gerente fue detenida.
Para que todas las personas puedan entrar a FIPAGO y recibir el pago de sus ahorros por parte del gobierno, se les exige que cumplan con tres requisito: 1) tener copia certificada de los estatutos de la caja, 2) poner denuncias penales, que ya lo hicimos, y 3) hacer una asamblea de disolución y liquidación de la caja. Aunque han cumplido con los dos primeros, no han podido reunir el quorum para disolver la caja.
Una vez aceptados, el gobierno les pagará hasta el 40% de hasta 240 mil pesos y el gobierno estatal el 30% de hasta 240 mil pesos. “Esto quiere decir que se un ahorrador tenía un millón de pesos, solamente podrá recibir 167 mil pesos, si tenían 5 millones de pesos recibirá 167 mil pesos. Es decir, todo aquel que rebase los 240 mil pesos ya perdió todo su dinero, a menos que valla a un concurso mercantil, pero el procesos lleva años y no es seguro que te devuelvan el dinero”, explica Soria Narváez.
Por ahora, el número de familias defraudadas asciende a más de 11200. El problema ha erosionado el tejido social, ha dejado en banca rota a miles de familias y a algunos si sus propiedades.
Mientras, los directivos de la caja no han informado de quienes deben, cuanto deben, que propiedades les han embargado o a quien se las han pagado y siguen manteniendo la caja abierta pese a las disposiciones legales.
El gobierno, en sus distintas instancias, sólo se ha deslindado del problema y sigue sin tomar cartas en la trama, señalan que ese es un asunto de la federación y que por tanto no les compete entrometerse.
