(17 de junio, 2015).- Sobrevivientes al ataque perpetrado por un comando armado y vestido con equipo militar el pasado 2 de junio en la frontera de Sonora con Arizona EEUU, narran el horror vivido aquel día en el que varios migrantes fallecieron, algunos otros –entre los que se encuentran mujeres y niños- continúan desaparecidos y otros más serán deportados.
Los 13 centroamericanos narran que unos 120 migrantes viajaban distribuidos en 5 vehículos y que luego de varias horas de viaje uno presentó fallas por lo que debieron detenerse. Mientras aprovechaban para tomar descanso un hombre armado se aproximó y sin argumento previo les ordenó tirarse al suelo y luego comenzó a disparar indiscriminadamente contra los migrantes provocando que el grupo se dispersara y que algunos comenzaran a correr.
Los testimonios dan cuentan que varios compañeros de viaje cayeron al piso porque fueron alcanzados por balas. El miedo y la huida impidieron que se percataran de cuántas personas fueron alcanzados por los tiros o cuántos lograron escapar o si algunos fueron retenidos.
Un dato de suma importancia es que las narraciones coinciden en que los agresores vestían botas militares, camuflaje, carrillera de armas cruzada al cuerpo y portaban armas. Algunos también constatan la portación de una gorra verde tipo militar en la cabeza.
Tras lograr escapara varias víctimas caminaron por el desierto por horas sin agua, alimento y bajo el extremo clima de Sonora
´Fue el peor día de mi vida´ dijo un joven menor de 17 años a integrantes de organizaciones en defensa de los derechos de migrantes quienes hacen un enérgico reclamo al Instituto Nacional de Migración así como a las autoridades para la correcta implementación de los programas humanitarios en apoyo a las personas que pasan por México en busca de una mejor futuro, así como al esclarecimiento de los hechos ocurridos a principios de este mes en Sonora.
“Yo solo quería llegar a Estados Unidos para darle una mejor vida a la familia, no hay de que vivir en nuestros países” cuentan otros centroamericanos mientras que algunos más refieren que luego del terror vivido “sólo quieren abrazar a sus familias”
Organizaciones protectoras de migrantes expresaron su preocupación ante el hecho de que las autoridades no explicaran sus derechos a quienes sobrevivieron, que al ser víctimas de un delito grave en México debieron haber recibido, por razones humanitarias, una tarjeta que regula su estancia permitiéndoles acceder a asistencia médica y emocional.
Tampoco se les explicó la diferencia entre una deportación y un retorno asistido, contrario a ello, las autoridades los hicieron firmar documentos donde los hacen renunciar a una estancia regulada y aceptan la deportación.
Además respecto a la agresión hacia los migrantes existe poca información y aún no se sabe con certeza lo ocurrido con el resto de quienes formaban parte del grupo de casi 120 personas que intentaban llegar a los EEUU.
La atención ha sido acotada, extemporánea y mala hacia los migrantes. Las organizaciones tuvieron acceso a los 13 centroamericanos sobrevivientes hasta luego de 9 días y hasta entonces se les pudo asistir, informar de sus derechos, entregarles víveres para su retorno, así como tarjetas telefónicas para comunicarse con sus familias.
Por ello las organizaciones han solicitado la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar el respeto a los derechos de los y las sobrevivientes.
También se ha solicitado a la Comisión Forense a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) información respecto a cómo se está realizando la identificación de cuerpos, sin embargo, no ha habido respuesta, hecho que las organizaciones consideran graves por ser una pieza clave para determinar qué ocurrió el 2 de junio en Sonora.
El brutal ataque al grupo de migrantes coincide con el operativo Caborca, Sonora, de la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración para detener a migrantes y traficantes en la zona, buscando en hoteles y domicilios particulares, además de una ola de violencia registrada desde el mes de mayo en Sonora.
También destaca que ha habido un aumento en las deportaciones debido al Plan Frontera Sur que inició desde julio del 2014.
Aunado a esto y a pesar de la presencia de militares y policía federal en la zona, que se supone deberían garantizar la seguridad en territorio mexicano, la violencia prevalece ya sea por los grupos delictivos o como en el caso de los migrantes, podría estar tratándose del abuso de poder por parte de los grupos policiales.
Las organizaciones:
- Amnistía Internacional
- Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia A.C.,
- Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
- Fundar Centro de Análisis e Investigación
- Instituto para las Mujeres en la Migración
- SMR, Scalabrinianas: Misión para Migrantes y RefugiadosA
A través de un comunicado, exigen una investigación exhaustiva ante este acontecimiento y garantías de protección para las víctimas.
