La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez del decreto que declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida, al considerar que las medidas ambientales justifican la limitación de ciertas actividades productivas y el uso de la propiedad en la zona.
El fallo, derivado del Amparo en Revisión 530/2025, establece que las acciones encaminadas a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del ecosistema tienen sustento constitucional, al priorizar el derecho a un medio ambiente sano sobre otros intereses particulares.
No obstante, el Pleno del tribunal también instruyó a las autoridades a evaluar la entrega de apoyos económicos o estímulos para los campesinos y personas que resulten afectadas por estas restricciones. Esta revisión deberá considerar los mecanismos previstos en la legislación ambiental vigente para equilibrar la protección ecológica con los derechos de los propietarios.
La resolución mantiene así la política de conservación en la región, pero introduce la obligación de analizar compensaciones que mitiguen el impacto social. Con ello, la Corte busca armonizar la defensa del entorno natural con las condiciones económicas de quienes dependen de las actividades permitidas en la zona.
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