(5 de diciembre, 2014).- Entre las “10 medidas para mejorar el Estado de derecho” anunciadas por Peña Nieto la semana pasada, se encuentra la supresión de la policía municipal, a fin de que el narco no se infiltre en las instituciones de gobierno y se repitan crímenes como el de Iguala, Guerrero.
Sin embargo, a decir del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la administración actual tal parece que no comprende la gravedad de la situación, que ha alcanzado repercusiones internacionales.
Y es que en Guerrero no son aislados los casos de José Luis Abarca en Iguala y Feliciano Álvarez Mesino en Cuetzala del Progreso, pues se sabe que otros 10 presidentes municipales electos en 2012 están investigados por nexos con el crimen organizado.
La asociación civil presentó su informe titulado “Guerrero: atrapados en el círculo de la violencia” donde exponen que no son 12 los alcaldes coludidos con el hampa, sino 24.
Asimismo, el documento indica que “la descomposición abarca a la mayor parte de la clase política local. Incluye a senadores, diputados federales, diputados locales, dirigentes de los partidos políticos y, por supuesto, a Ángel Aguirre y sus colaboradores”.
Por ello afirman que Peña Nieto no comprende todavía la “sangrienta disputa entre facciones políticas que condujo a las atrocidades de Iguala” y no se cuenta con políticas que puedan impedir un caso igual.
De igual forma, sugieren que en el estado sureño es necesaria la intervención del gobierno federal, pero más eficaz de fondo que en Michoacán, con el fin de que se elimine la posibilidad de colusión entre funcionarios y grupos delictivos.
