Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(30 junio, 2015) La vocera del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Cécile Pouilly, llamó a las autoridades mexicanas a ampliar las indagatorias por el caso Tlatlaya y con ello se incluya en las averiguaciones a funcionarios civiles y militares que podrían tener responsabilidad ‘‘en las ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos cometidas el 30 de junio de 2014’’.
Y es que de acuerdo a experto de la CNDH unas 40 personas detenidas por el caso Ayotzinapa denunciaron malos tratos o tortura durante sus procesos. “Todos esos casos están concentrados en tiempo y están siendo investigados por la PGR”, indicó la vocera.
“Estamos al tanto sobre esto y hemos ofrecido también nuestros buenos oficios para poder contrastar esas informaciones, pero no es parte de lo que nosotros vamos a hacer, diligencias específicas en análisis que corresponden a otras instancias”, aclaró Carlos Beristain, uno de los encargados de la investigación
Algunas figuras políticas emitieron sus declaraciones al respecto como los senadores de PAN y PRD señalaron que ‘‘se debe investigar a fondo la responsabilidad de militares en el caso Tlatlaya, sobre todo la probable ejecución de 22 personas por parte de soldados’’.
En tanto, el priísta Arturo Zamora subrayó que ‘‘si en el Ejército hay elementos que tienen responsabilidad en ese caso, que la enfrenten; pero si no son responsables, no’’.
Por su lado, Luis Sánchez, del PRD, destacó que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que ‘‘hay elementos para considerar que hubo alteración de la escena de crimen, y que sí hubo participación de los soldados para actuar de manera incorrecta’’. ‘‘Bienvenida la exigencia de justicia, pero son muchos meses después de los acontecimientos. Bienvenida la declaración del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Ojalá se vaya a fondo en este caso’’, remató el perredista.
El Gobierno federal planteó al grupo de expertos de la CIDH acceder a la información que requiere vía el Ministerio Público, aseguró Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.
“Una parte muy importante del Batallón declaró como testigo y el Ministerio Público puede, a partir de las recomendaciones del grupo, ampliar las declaraciones, preguntar otras cosas.
“El tema no tiene que ver con la apertura de ellos (los militares), tiene que ver con la garantía de que, como está también definido en el mandato, se cumpla estrictamente con el marco legal vigente”, afirmó.
A pesar de que México no se caracteriza por ser un país en donde se salvaguarden las garantías individuales, la presión sigue siendo fuerte para que las autoridades pertinentes permitan una investigación transparente y sin trabas.
