(10 de agosto, 2014).- El 28 de abril de 2012 un carro que transitaba por la ciudad de Saltillo fue detenido por patrullas de la Policía Federal (PF). Hoy, la mujer que iba a bordo del vehículo está muerta, mientras que su esposo e hija resultaron heridos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó una investigación del caso y, tras entrevistar a un testigo e indagar en el lugar del crimen, acreditó que los policías federales incurrieron en uso excesivo de la fuerza.
El reporte de la comisión reconstruyó lo ocurrido, desde la persecución al automóvil, cómo los policías pidieron a la familia que se detuviera y el inicio de los disparos.
Con base en los peritajes la CNDH explicó que la mujer, que viajaba como copiloto, murió tras los disparos, mientras que una de las niñas que se encontraba en el asiento trasero perdió el ojo.
Cuando el auto se detuvo, los policías bajaron al conductor del coche y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Tras la golpiza, el hombre quedó inconsciente por ocho días.
Ayer, a través de un comunicado, la CNDH realizó una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue el suceso, ya que los policías transgredieron “los derechos a la seguridad jurídica, la legalidad, la integridad y la seguridad personal de las víctimas”.
Después de dos años de silencio respecto al abuso policial, ña fiscalía solicitó al gobierno federal la reparación del daño.
No es la primera vez que se documenta una violación así, durante el sexenio pasado, la CNDH investigó la muerte de Bryan Almanza por parte de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según un informe de junio de este año del relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, en México no rinden cuentas por violaciones a los derechos humanos pasadas, con lo que se propicia que este tipo de eventos sigan ocurriendo.
El relator insistió en que la impunidad representa “el Talón de Aquiles del sistema actual” mexicano, por lo que recomendó disminuir la participación del ejército en tareas policiales y “establecer normas claras” sobre el uso de la fuerza.
