El 2017 México se enfrentó a la emergencia nacional, no sólo por los fenómenos naturales, sino por la mayor vulnerabilidad que enfrentan niñas niños y adolescentes y ante la cual no se dieron avances significativos para erradicarla.
La epidemia de niñez desaparecida, el crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente gobierno, indicó Redim.
En la última década México ha vivido la generalización de la violencia e inseguridad y entre los principales afectados se encuentran niñas, niños y adolescentes, quienes son afectados de forma directa por las situaciones de criminalidad, violencia e impunidad que actualmente tienen al país en una profunda crisis de derechos humanos.
“Redim mira con preocupación que el Estado Mexicano mantiene un patrón de silencio, vacíos institucionales y retrocesos legislativos frente a los derechos de niñas niños y adolescentes. Esto profundiza la desprotección y exclusión de niñas niños y adolescentes para convertirse en las principales víctimas de la impunidad, la corrupción y el crimen organizado”.
A su vez, hizo un llamado al Estado Mexicano a cumplir con las leyes existentes para reducir la impunidad, castigar de forma real la corrupción como medio para fortalecer el Estado de Derecho y estimular la participación ciudadana cómo aliados para acabar con el crimen organizado.
“La violencia es el resultado de la ausencia de políticas públicas de prevención, atención y contención de la violencia y nula promoción de la cultura de paz y derechos humanos en los espacios de convivencia.
Cada día en México son asesinados 3 niñas niños y adolescentes y diariamente desaparecen 4 de ellos en el territorio nacional, sin que ante esta grave situación se cuente con una respuesta contundente del Estado Mexicano. Según datos presentados por la sociedad civil a la CIDH, entre 2006 y 2014, existieron cerca de 2,000 asesinatos de niños, niñas y adolescentes de los cuales la mitad sucedió en el curso de enfrentamientos que involucraron la participación de las fuerzas de seguridad”.
Cabe resaltar que la violencia de género que afecta a las niñas y adolescentes también ha dejado cifras alarmantes. México continúa siendo un país profundamente machista, que carece de políticas públicas para superar las desigualdades entre mujeres y hombres; haciendo imposible el acceso a seguridad, justicia, superación de la pobreza, entre otras, se informó.
Ejemplificó que de ello es la negativa sistemática para activar las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en diversas entidades y la politización de la misma; sin considerar la urgencia de ofrecer respuestas reales que brinden seguridad a mujeres, niñas y adolescentes.
“Tristemente la institucionalización de la violencia machista contra las continúa siendo garantía de impunidad, lo que incrementa delitos como la violación y el abuso sexual, desaparición, feminicidios, entre otros”.
Según datos oficiales, en lo que respecta al total de delitos sexuales, 4 de cada 10 víctimas tenían entre 0 y 19 años; por cada 10 víctimas en este rango de edad, 8 eran mujeres y 2 hombres.
En cuanto a las desapariciones, en abril de 2017 los Senadores aprobaron, casi por unanimidad, el Dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desapariciones cometidas por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda luego de más de dos años de trabajos. “Sin embargo, en cientos de ocasiones se ha denunciado negligencia en las autoridades quiénes niegan la búsqueda inmediata y el inicio de averiguación previa bajo el argumento absurdo de esperar 48 o 72 horas ‘por si se fue por su propia voluntad” y particularmente cuando se trata de niñas o mujeres adolescentes bajo el argumento machista de ‘se fue con el novio’”.
A pesar del elevado número de personas desaparecidas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, “la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado Mexicano. Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que existan procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección”.
Al día de hoy no existe claridad sobre la cifra total de personas desaparecidas en los últimos años en el país, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Más aún, existe un alarmante subregistro de casos de desapariciones y el RNPED sigue siendo inexacto al incluir leyendas como “no disponible” en lo que se refiere a la edad o nacionalidad de las personas desaparecidas. Las autoridades competentes proporcionan información contradictoria o incompleta y la imposibilidad de determinar el universo de personas desaparecidas obstaculiza de manera significativa toda acción de búsqueda que se llegue a emprender, impide que las víctimas obtengan medidas de reparación adecuadas y, que se haga justicia, señaló la Red.
Además, dijo que la ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces en México hace que sea imposible descartar la participación, directa o indirecta de agentes del Estado en la desaparición de personas, lo cual viola e impide lleven a cabo su obligación de prevenir e investigar efectivamente un supuesto caso, lo que hace imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún, en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales.
Según cifras oficiales, niñas, niños y adolescentes corren más riesgo de ser desaparecidos si se encuentran entre los 13 y 17 años; 8 de cada 10 niñas y jóvenes reportadas como desaparecidas se encontraban en ese rango de edad, en varones, esta proporción es de 7 de cada 10. Asimismo, el Estado de México es la entidad que registra mayor número de desapariciones en el país. 1 de cada 4 desapariciones ocurren en esta entidad.
A julio de 2017 se registran 1,498 casos de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en el Estado de México; le sigue el estado de Puebla con 647 registros (10.6%), Tamaulipas 572 casos (9.4%), Nuevo León 424 casos (7.0%). Cabe destacar que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ocurrieron el 72.3% de las desapariciones de niñas niños y adolescentes, de las cuales 812 tan solo en el año 2017.
