- De las 17 muertes de connacionales registradas durante el segundo gobierno de Donald Trump, el 64% ocurrió en centros privados vinculados al ICE; México ya prepara acciones legales contra las empresas involucradas
La mayoría de los mexicanos que han perdido la vida bajo custodia migratoria en Estados Unidos durante el segundo gobierno de Donald Trump falleció en instalaciones administradas por empresas privadas contratadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Así lo revela una investigación de La Jornada, basada en expedientes oficiales y documentación de las propias compañías responsables de operar esos centros de detención.
De acuerdo con la indagatoria, 17 connacionales han muerto desde el inicio de la actual administración de Trump. Catorce fallecieron mientras permanecían bajo custodia del ICE y otros tres durante operativos migratorios. De esos 14 decesos, nueve ocurrieron en instalaciones administradas por las empresas privadas GEO Group y CoreCivic, mientras que otro más se registró durante un traslado realizado por GEO Group, lo que representa 64% de las muertes documentadas bajo resguardo migratorio.
Adelanto concentra el mayor número de fallecimientos
La investigación de La Jornada señala que ningún centro de detención registra tantas muertes de mexicanos como el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, donde cuatro connacionales fallecieron mientras permanecían bajo custodia de GEO Group.
Fue precisamente tras uno de esos casos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió desde marzo una revisión inmediata del centro, al denunciar «graves omisiones y evidentes deficiencias» en la atención médica brindada a las personas detenidas.
Sin embargo, tras el fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió por disparos de un agente del ICE durante un operativo, el Gobierno de México anunció un cambio de estrategia y decidió pasar del reclamo diplomático a acciones legales directas contra las empresas privadas que operan estos centros.
México prepara acciones legales contra las empresas
El canciller Roberto Velasco Álvarez informó que la SRE enviará cartas de «cese y desistimiento» a las compañías responsables de los centros donde han muerto mexicanos, mecanismo previsto en la legislación estadounidense para iniciar procedimientos civiles.
Además, la dependencia solicitará a la Fiscalía General de la República presentar denuncias penales ante las autoridades de Estados Unidos.
El funcionario explicó que estas acciones buscan que las empresas «dejen de realizar estas acciones» y «cambien estas condiciones», aunque puntualizó que la responsabilidad específica de cada operador deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
Problemas médicos y ganancias millonarias
La investigación también documenta que las complicaciones médicas representan la principal causa individual de fallecimiento, con seis casos registrados, la mayoría ocurridos en instalaciones administradas por GEO Group y CoreCivic.
Entre los expedientes revisados figura el de José Guadalupe Ramos Solano, cuyo historial médico reportó niveles de glucosa que oscilaron entre 123 y más de 600 miligramos por decilitro durante casi un mes, sin que fuera trasladado a un hospital hasta el día en que sufrió un colapso.
También se documenta el caso de Alberto Gutiérrez Reyes, quien presentó una convulsión y alteraciones renales y de coagulación horas antes de fallecer por un paro cardiaco, así como el de Óscar Duarte Rascón, quien permaneció hospitalizado durante meses por una enfermedad neurodegenerativa antes de que los médicos determinaran que ya no sería reanimado.
Mientras estos casos se acumulaban, GEO Group reportó ganancias por 254 millones de dólares durante 2025, un incremento cercano al 700% respecto al año anterior, crecimiento que la propia empresa atribuyó a los nuevos contratos obtenidos con el ICE. Tan sólo la operación del centro de Adelanto podría generarle 31 millones de dólares adicionales al año trabajando a máxima capacidad.
Empresas privadas dominan el sistema de detención migratoria
La investigación de La Jornada retoma además datos de organizaciones civiles que sostienen que el ICE no administra directamente la mayoría de sus centros de detención, sino que subcontrata empresas privadas y cárceles de condado para ampliar su capacidad operativa.
Un análisis del Vera Institute of Justice, basado en registros del propio ICE, señala que en marzo de 2026 más de mil personas eran detenidas diariamente en los 20 centros migratorios más grandes del país, de los cuales 19 eran operados por empresas privadas.
Por su parte, la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) sostiene que los contratistas privados del ICE están «incentivados a recortar personal médico y negar atención» con el objetivo de maximizar el rendimiento para sus accionistas, una práctica que organizaciones defensoras de derechos humanos consideran parte de un problema estructural dentro del sistema de detención migratoria estadounidense.
