En un esfuerzo por mantener la integridad en las contrataciones públicas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, sancionó a la empresa Galmar Proyectos Integrales, S. de R.L. de C.V. tras comprobarse que presentó documentación apócrifa para obtener un contrato federal.
La sanción, que fue notificada el pasado 3 de julio de 2026 y publicada de manera oficial este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), consiste en una multa económica por la cantidad de 171 mil 973 pesos y la inhabilitación temporal por tres meses para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos con cualquier dependencia de la Administración Pública Federal (APF).
De acuerdo con el expediente oficial, la empresa incurrió en faltas graves al proporcionar información falsa durante su participación en la Adjudicación Directa número AA-12-NCA-012NCA001-N-310-2025.
Dicha convocatoria fue emitida por el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” para el servicio de “Capacitación en Operación Segura y Mantenimiento de Generadores de Vapor Pirotubulares”.
Consecuencias inmediatas y postura oficial
Para asegurar el contrato, Galmar Proyectos Integrales presentó documentos falsificado, tales como la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales apócrifa, que simulana haber sido emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además, se falsificó la opinión de cumplimiento en materia de seguridad social (IMSS) y la una constancia de situación fiscal de aportaciones patronales y entero de descuentos alterada (INFONAVIT).
A partir de la publicación de la sanción, la empresa fue formalmente inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que suspende de inmediato cualquier posibilidad de competir por recursos del Gobierno de México.
La dependencia federal precisó que estas medidas se tomaron bajo un estricto criterio de proporcionalidad y gravedad de la falta. Aunque la persona moral mantiene a salvo su derecho de impugnar la resolución, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno adelantó que defenderá la sanción con firmeza ante los tribunales.
“Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, advirtió la Secretaría, refrendando su compromiso de vigilar la transparencia y la legalidad en cada proceso de compra del Estado.
