- El Ministerio Público solicitó que los imputados permanezcan sujetos al proceso bajo medidas cautelares, mientras la defensa busca desvirtuar las acusaciones presentadas.
La hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel denunció que su padre ha recibido un trato “humillante” desde su detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de la investigación por un presunto esquema de contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal. Verónica Ruffo aseguró que el exmandatario está dispuesto a responder ante las autoridades, pero pidió que el proceso se desarrolle con apego a la ley y respeto a sus derechos.
De acuerdo con la familia, la audiencia inicial se prolongó por más de un día y el exgobernador permaneció bajo condiciones que calificaron como indignas. También solicitaron que se respete la presunción de inocencia mientras el Poder Judicial determina su situación jurídica. La defensa ha sostenido que Ruffo colaborará con las investigaciones y rechazó que exista riesgo de evasión.
La FGR acusa al exgobernador, quien fue el primer mandatario estatal de oposición electo en México en 1989, de formar parte de una red dedicada al ingreso irregular de combustibles al país mediante la presunta evasión de impuestos. La investigación también involucra a empresarios y representantes de compañías relacionadas con la importación y distribución de hidrocarburos. Según las autoridades, el presunto esquema habría ocasionado un daño multimillonario a la hacienda pública.
Durante las diligencias, el Ministerio Público solicitó que los imputados permanezcan sujetos al proceso bajo medidas cautelares, mientras la defensa busca desvirtuar las acusaciones presentadas. El juez deberá resolver tanto la vinculación a proceso como las medidas que enfrentarán los implicados durante el desarrollo de la causa penal.
El caso ha generado reacciones en distintos sectores políticos debido a la trayectoria de Ruffo Appel, considerado una figura histórica de la transición democrática mexicana. Mientras familiares y abogados insisten en que el procedimiento debe garantizar un juicio imparcial y transparente, la FGR sostiene que la investigación deriva de una indagatoria sobre operaciones relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles y presuntas irregularidades fiscales.
