Ismael «El Mayo» Zambada García fue formalmente sentenciado a cadena perpetua y al decomiso de 15 mil millones de dólares en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn. La condena se dio conforme a lo acordado previamente, luego de que el capo mexicano renunciara a su derecho a un juicio y se declarara culpable de múltiples cargos de narcotráfico.
Durante la audiencia, el juez federal Brian Cogan, el mismo magistrado que presidió los juicios de Joaquín «El Chapo» Guzmán y del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, repasó detalladamente los cargos, las penas correspondientes y las implicaciones del acuerdo. Antes de dictaminar el fallo, Cogan cuestionó directamente a Zambada para confirmar si comprendía plenamente el alcance de su sentencia.
Acompañado por su equipo legal encabezado por el abogado Frank Pérez, Zambada vestía el uniforme pardo de reo con camiseta naranja. Con el cabello notoriamente canoso, no mostró reacción física durante la lectura. Al preguntársele si deseaba emitir alguna declaración, el acusado tomó la palabra:
“Acepto la responsabilidad de lo que hice, lo que hice estuvo mal. Acepto mi castigo. La violencia debe de acabar en México… Nadie gana en este tipo de guerra”, declaró, añadiendo que esperaba que sus palabras sirvieran para que otros no sigan el camino del crimen.
Defensa señala que la conclusión ahorró millones de dólares al gobierno de EEUU
Atendiendo una petición de la defensa, el juez Cogan emitió una recomendación al Buró de Prisiones para que el reo sea trasladado a una instalación penal equipada con los servicios médicos adecuados para atender sus condiciones físicas y mentales, cuyos detalles no fueron especificados.
La conclusión de este expediente se produjo sin imprevistos debido a que Zambada optó por asumir la responsabilidad de sus actos desde su presentación ante la corte, evitando así el desahogo de pruebas y un juicio prolongado. Su defensa enfatizó que, a diferencia de la estrategia seguida en el caso de Joaquín «El Chapo» Guzmán, Zambada ahorró al gobierno estadounidense millones de dólares en gastos procesales.
Su abogado reiteró que Zambada no buscó cooperar a cambio de una reducción inicial de pena “ni informó o identificó” a integrantes del Cártel de Sinaloa o a funcionarios mexicanos. Sin embargo, no descartó que el Departamento de Justicia le proponga un acuerdo de colaboración en el futuro. En el sistema judicial de Estados Unidos, estas negociaciones de testimonio protegido a cambio de beneficios penitenciarios suelen iniciarse formalmente tras la sentencia, a solicitud de la fiscalía.
