México activó un nuevo mecanismo para acelerar la llegada de inversiones estratégicas y reducir los tiempos de autorización de proyectos clave para el desarrollo económico del país. A través de un decreto publicado el pasado 4 de junio, el Gobierno de México puso en marcha la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, una instancia que dará seguimiento directo a los proyectos considerados prioritarios y permitirá agilizar trámites que antes podían extenderse durante meses.
La medida forma parte de las acciones impulsadas dentro del Plan México y busca que las inversiones estratégicas obtengan una resolución en un plazo máximo de 30 días, mediante la coordinación de distintas dependencias federales y un esquema de atención especializada para empresas interesadas en instalar o ampliar operaciones en territorio nacional.
Una nueva oficina para acelerar inversiones
Durante la conferencia matutina, la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, explicó que el decreto crea una nueva estructura de coordinación para dar seguimiento permanente a los proyectos de inversión.
“Crea la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, lo que significa un seguimiento directo de la Presidenta a las inversiones en nuestro país”, señaló.
La nueva oficina tendrá la responsabilidad de acompañar a las empresas durante todo el proceso de instalación, además de coordinar a las dependencias federales involucradas para acelerar la emisión de permisos, autorizaciones y resoluciones necesarias para la ejecución de los proyectos.
Resoluciones en 30 días para proyectos estratégicos
Uno de los puntos centrales del decreto es la creación de un comité interinstitucional encargado de analizar y evaluar las inversiones consideradas prioritarias para el desarrollo nacional.
Dicho organismo está integrado por la Secretaría de Economía, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las secretarías de Hacienda, Energía y Medio Ambiente, además de representantes del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr).
La funcionaria explicó que los proyectos estratégicos que cumplan con los requisitos establecidos podrán recibir una respuesta en un periodo no mayor a 30 días, reduciendo significativamente los tiempos administrativos.
¿Qué proyectos podrán acceder al esquema?
El mecanismo está dirigido a inversiones que formen parte de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, proyectos con montos superiores a 2 mil millones de pesos y aquellos vinculados con sectores estratégicos definidos dentro del Plan México.
Entre las actividades prioritarias destacan energía, infraestructura tecnológica, industria química, electrónica, textil, semiconductores, aeroespacial, dispositivos médicos, farmacéutica y automotriz, sectores considerados fundamentales para fortalecer la competitividad del país y atraer nuevas cadenas de valor.
Ya fueron aprobados 22 proyectos por 8 mil millones de dólares
La Secretaría de Economía informó que el nuevo esquema comenzó a operar formalmente desde el pasado 28 de mayo y ya registra resultados concretos.
“Ya tenemos 22 proyectos con el visto bueno del comité, que implican una inversión de 8 mil millones de dólares y cuyas autorizaciones se emitirán en los próximos días”, indicó Ximena Escobedo.
La cifra representa uno de los primeros resultados de la estrategia de simplificación y promoción de inversiones impulsada por el Gobierno federal, con proyectos que comenzarán a recibir sus autorizaciones en las próximas semanas.
Menos burocracia y más rapidez para nuevas inversiones
Las autoridades también explicaron que aquellos proyectos que no sean considerados dentro de la ventanilla de resolución acelerada no quedarán fuera de los beneficios del decreto.
Para estos casos se implementará un esquema adicional de simplificación administrativa, con el objetivo de que los trámites y autorizaciones puedan resolverse en un plazo máximo de 90 días.
De acuerdo con el Gobierno de México, las medidas permitirán reducir procesos burocráticos, ofrecer mayor certidumbre a los inversionistas, agilizar la instalación de nuevos proyectos productivos y acelerar la generación de empleos y el desarrollo económico en distintas regiones del país.
