Con 341 votos a favor y 124 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar de 2027 a 2028 la elección judicial, con el argumento de evitar que dicho proceso coincida con los comicios ordinarios del próximo año.
La iniciativa, avalada apenas horas después de ser dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales, salió adelante gracias al respaldo de Morena, PT y PVEM, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. A la oposición también se sumó la petista Martha Aracely Cruz Jiménez.
Morena defiende aplazamiento: “permitirá perfeccionar” la elección judicial
La encargada de presentar la propuesta fue la diputada morenista Mariana Benítez Tiburcio, quien sostuvo que las transformaciones democráticas requieren “evaluación, revisión, autocrítica y capacidad institucional para corregir aquello que la experiencia práctica nos permite mejorar”.
La legisladora explicó que el cambio busca dar más tiempo a las autoridades electorales para mejorar la organización de los comicios judiciales y simplificar el proceso rumbo a la jornada del 4 de junio de 2028.
Según detalló, la reforma permitirá “perfeccionar mecanismos técnicos, metodologías de evaluación, organización territorial y diseño de boletas”, además de fortalecer los comités de evaluación de aspirantes y reducir el número de candidatos para evitar boletas excesivamente complejas.
Otro de los puntos centrales es que la reforma abre la posibilidad de realizar de manera concurrente la consulta de revocación de mandato, con el argumento de “optimizar recursos públicos”.
Asimismo, se incorporan medidas de capacitación permanente para jueces, así como ajustes en la organización territorial de las futuras elecciones judiciales.
PT: “Toda ley es perfectible”
En defensa de la iniciativa, la diputada petista Marycarmen Bernal sostuvo que “toda ley es perfectible” y reconoció que la primera experiencia de votaciones judiciales dejó áreas de oportunidad que debían corregirse.
Bernal señaló que el aplazamiento a 2028 “generará mayor certeza” y permitirá disminuir el número de candidatos para facilitar la comprensión de las boletas electorales.
En el mismo tono, la también petista Lilia Aguilar Gil aseguró que la reforma representa “un reconocimiento de nuestras fallas legislativas” para corregirlas rumbo a futuros procesos.
Desde Morena, Leonel Godoy desestimó las críticas de la oposición sobre las futuras coincidencias electorales y afirmó que “todos los años hay elecciones”, aunque no con la dimensión de las previstas para 2027.
Insultos, gritos y caos: así cerró el debate en San Lázaro
La recta final de la sesión terminó convertida en un intercambio de acusaciones, gritos y confrontaciones entre legisladores.
El priísta Carlos Gutiérrez Mancilla lanzó señalamientos contra Morena y afirmó desde tribuna que “el asesino de Carlos Manzo está en esta Cámara de Diputados”, lo que detonó reclamos inmediatos de legisladores oficialistas.
La tensión escaló cuando diputados de Morena comenzaron a subir a tribuna para exigir que el priísta concluyera su participación, mientras legisladores del PRI rodearon a su compañero para impedir que fuera retirado.
En medio del desorden, el coordinador morenista Ricardo Monreal pidió a sus legisladores bajar de la tribuna y dejar que Mancilla terminara su intervención, al tiempo que defendió a Leonel Godoy como “uno de los mejores legisladores” del país.
La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, finalmente pidió al priísta retirarse apelando a su “altura de miras”, lo que permitió desactivar momentáneamente el conflicto.
Sin embargo, el ambiente volvió a calentarse cuando el vocero de Morena, Arturo Ávila, llamó “porro” a Mancilla, provocando nuevas descalificaciones entre ambas bancadas.
La discusión seguirá este miércoles
Tras aprobarse la reforma en lo general, la Cámara de Diputados declaró un receso y anunció que la sesión continuará este miércoles con la discusión de 297 reservas.
Además, el pleno prevé votar otras iniciativas relacionadas con nuevas causales de nulidad electoral por intervención extranjera y la creación de una comisión para verificar candidaturas y evitar registros de aspirantes ligados a grupos criminales.
