La reciente Marcha de la Generación Z en la Ciudad de México, que terminó en enfrentamientos y la detención de varios participantes, ha generado más que críticas: ha desatado una ola de burla y escepticismo, especialmente tras la intervención del periodista y publicista Carlos Alazraki.
La Ley según Alazraki: Un Ultimátum de Comedia
El momento cumbre de la controversia ocurrió cuando Alazraki utilizó sus plataformas para emitir un ultimátum de 48 horas a las autoridades. Con un tono que pretendía ser serio y autoritario, exigió la liberación inmediata de los jóvenes arrestados.
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¿Quién lo nombra juez? La exigencia, hecha sin ningún sustento legal, facultativo o peso moral comparable al de una figura política o judicial, fue recibida con incredulidad. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, preguntando si el publicista se había autonombrado fiscal general o, peor aún, si creía que su opinión equivalía a una orden judicial inapelable.
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El “Peso Moral”: Diversos analistas y usuarios de redes han señalado que la figura de Alazraki, conocida por su abierta postura política y sus controversias mediáticas, carece del “peso moral” o la autoridad cívica imparcial necesarios para dictar sentencias o plazos a las instituciones de justicia. La exigencia se interpretó más como un gesto desesperado que como una demanda legítima.
Los Hechos vs. la Fantasía
La realidad detrás del show mediático es que la manifestación terminó con disturbios y la detención de aproximadamente 20 personas que presuntamente cometieron delitos como lesiones, robo y daños al intentar ingresar violentamente al Palacio Nacional.
Mientras los detenidos se encontraban a disposición del Ministerio Público, siguiendo los procesos legales establecidos—ignorando la “fecha límite” impuesta por el periodista—, la exigencia de Alazraki solo sirvió para:
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Aumentar el Ruido: Desviar la atención de la verdadera situación legal de los jóvenes.
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Generar Memes: Su “ultimátum” se convirtió en material viral para parodias.
El proceso legal de los detenidos continuó su curso normal, demostrando que la ley en México no se rige por los plazos de un periodista o las demandas de una plataforma de opinión, sino por las instituciones judiciales.
