En una acción que busca consolidar nueva política de Estado en materia de seguridad y prevención financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Este instrumento normativo actualiza el principal marco regulatorio del país al sustituir un modelo de cumplimiento uniforme por un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y de aplicabilidad proporcional.
Las nuevas reglas de la LFPIORPI otorgan operatividad formal a las reformas legales impulsadas entre 2025 y 2026, precisando los criterios para quienes realizan Actividades Vulnerables. El ordenamiento fortalece los esquemas de conocimiento del cliente, la identificación del Beneficiario Controlador y el seguimiento de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Asimismo, exige la implementación de auditorías, capacitaciones, monitoreo y la certificación de responsables de cumplimiento, acompañándose de un esquema de aplicación gradual para asegurar una transición ordenada en los distintos sectores.
UIF suma más de 24 mil cuentas bancarias paralizadas tras sumar esfuerzos con Hacienda
La actualización reglamentaria forma parte de la estrategia integral coordinada entre la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desde agosto de 2025, tras la llegada de Omar Reyes Colmenares a la titularidad de la Unidad.
Este esfuerzo se encuentra alineado con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que encabeza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mediante la incorporación formal de la UIF al Gabinete de Seguridad, donde lidera la Mesa de Prevención de Lavado de Dinero y colabora en la desarticulación prioritaria de grupos criminales junto a la FGR, la Secretaría de Marina, el CNI, la Guardia Nacional y autoridades estatales.
Entre julio de 2025 y julio de 2026, dicho modelo de inteligencia operativa ha generado resultados operativos sin precedente. Durante este periodo de gestión, la UIF incrementó en un 126 por ciento el número de personas bloqueadas y registró un alza del 172 por ciento en cuentas inmovilizadas.
En total, la dependencia sumó a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas y paralizó 24 mil 622 cuentas bancarias. Además, coordinó esfuerzos de designación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, alcanzando 324 personas designadas entre ambos organismos.
El impacto económico de estas medidas se ha concentrado de forma prioritaria en el combate al crimen organizado, el robo de combustible y los esquemas de extorsión. De las cuentas inmovilizadas por la autoridad, 7 mil 861 pertenecen a integrantes de la delincuencia organizada —lo que equivale a casi una de cada tres cuentas bloqueadas en el país—, mientras que 1,443 están vinculadas a redes de extorsión y 163 sujetos fueron sancionados por operaciones de huachicol.
A la par, el Estado mexicano logró una sentencia favorable en materia civil para la recuperación de más de 578 millones de dólares derivados de esquemas ilícitos de contratación pública y desvío de recursos.
Con nuevo reglameto, México se alinea con el Grupo de Acción Financiera Internacional
Para sostener este volumen operativo, la UIF fortaleció sus capacidades institucionales incrementando en un 60 por ciento su plantilla de personal analítico y consolidando acuerdos de colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM) y redes internacionales como el Grupo Egmont, FinCEN y FINTRAC.
Las autoridades enfatizaron que las determinaciones de la Unidad no responden a criterios políticos, sino a un modelo estricto de análisis de riesgo donde la condición de Personas Políticamente Expuestas no implica un bloqueo automático, asegurando con ello la protección del sistema financiero sin entorpecer el funcionamiento de la economía formal.
Ante este panorama, las nueva reglamentación apuesta por moderar el impacto operativo en los diferentes agentes económicos al incorporar un esquema de cumplimiento proporcional, mediante el cual el volumen de exigencias administrativas y la rigurosidad de las inspecciones se calibrarán según la categoría de riesgo de cada sector.
Asimismo, las autoridades determinaron que el inicio de vigencia del ordenamiento será progresivo, con el fin de otorgar un margen adecuado para que los sujetos obligados adecuen sus plataformas, desarrollen controles internos y reconfiguren sus procesos operativos.
Con la entrada en vigor de este paquete normativo, el Gobierno de México alinea su legislación nacional con las recomendaciones técnicas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), garantizando una transición ordenada hacia un ecosistema de prevención financiera de mayor cobertura y efectividad.
