(4 de agosto del 2014).- Después de que el sábado pasado se trasladará la discusión en el pleno, sobre leyes de Ingresos sobre Hidrocarburos, establecida en el Fondo Mexicano del Petróleo, hoy por fin fue aprobada la minuta del último paquete de “reformas” de la ley secundaria en materia energética, la cual había sido enviada por la cámara de diputados la semana pasada luego de introducirle modificaciones.
Con 24 votos a favor –obtenido mediante el voto de senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM)– y 5 en contra de de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), de centro izquierda, al filo de las 4 de la tarde, luego de un debate en comisiones que duró parte del sábado, el domingo y la mañana de este día, por fin fue aprobada la nueva legislación.
Dicha legislación, creará “autonomía” presupuestal para que las finanzas de Pemex respiren; así mismo, establece el pago de una “renta” para terrenos cedidos para su explotación de empresas energéticas nacionales o transnacionales.
Por su parte, senadores del PRD advirtieron que es una legislación que impone una mayor carga fiscal a Petróleos Mexicanos, mientras que establece condiciones ventajosas para las empresas extranjeras, lo que facilita la privatización integral del sector. Los perredistas exigieron asimismo que se establezca un mecanismo claro que permita la supervisión sobre los pasivos laborales de Pemex que pasarán a deuda pública.
En contraparte, el presidente de la Comisión de Hacienda, José Yunes Zorrilla, sostuvo que se aligera la carga fiscal de Pemex, a fin de aprovechar de mejor forma la renta petrolera encauzándola hacia el ahorro de largo plazo y hacia el financiamiento de inversión productiva.
Sostuvo que en 2013 Pemex perdió 14 mil 774 mil millones de pesos, por derechos e impuestos que pagó al fisco, y con el nuevo régimen tributario, ganaría 89 mil 194 millones de pesos, pero el problema es que en otras leyes le ponen más carga. Sin embargo, en dicha intervención, tampoco aclaró cómo se subsanará dicho vacío en el sistema fiscal mexicano.
Por último, el senador perredista Luis Sánchez, advirtió que el dictamen eliminó las utilidades que la empresa pueda producir por concepto de la explotación por la explotación petrolera: “Aquí exhorto al Romero Deschamps, qué es lo que les dirá a sus representados” cuando se enteren de que no defendió sus derechos.
***
Con el ánimo caído, la premonición de una futura “catástrofe” ecológica, política y social los reclamos provenientes de la izquierda, al reanudar su sesión, advirtieron que el paquete de leyes secundarias será un “tremendo golpe” al derecho a la propiedad, un aumento a la pobreza y ahondará la corrupción en las altas esferas del poder.
“Resulta vergonzante que los legítimos dueños de la tierra, mediante los términos la ocupación ‘temporal’ de la misma con fines de brindársela a las empresas petroleras, se puedan convertir en empleados de éstas sin recibir dividendos ni rentas por las millonarias ganancias que obtendrán gracias a la devastación de sus propiedades”, advirtió el senador perredista Alejandro Encinas.
Quien, además, anotó que al momento de la “ocupación” y su posterior desalojo, quedarán devastadas y sin posibilidad de volver a ser ocupadas o vendidas.
Por su parte, el petista Manuel Barttlet, instó a que la verdadera legitimidad de la reforma, sólo podrá dirimirse por la vía del mandato judicial.
En tanto, alegó que “hemos violado todos los procedimientos, todas las reglas” de los intereses que persigue a la nación. Sugiriendo que al no haber habido debate por la encomienda del equipo de gobierno de Enrique Peña Nieto, así como los acuerdo que hicieron con el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, no se representaron la preocupaciones ni consecuencias que sufrirá el “pueblo mexicano”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, y operador de la reforma, al presentar la ley con la que concluirá el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, aseveró que sí existieron “procedimientos democráticos”, fue suficientemente discutido y se consensuo su pertinencia en 8 reuniones de Comisiones Unidas, 220 participaciones de legisladores y 167 reservas.
Por último, ante la crítica de la izquierda entorno a que la ley posibilitará la corrupción en la cesión de contratos, predominantemente en el empoderamiento del ejecutivo como rector de éstos, dijo que esa tarea “corresponde al pasado”: “El modelo que aprobamos y discutimos las prácticas corruptas; no es el papel del legislativo viendo en el pasado la única forma de avanzar, para esto están los historiadores”.
El segundo dictamen contiene reformas a las leyes de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de Deuda Pública, que incluyen la posibilidad de que el Estado asuma una parte de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a cambio de que ambas empresas estatales apliquen programas de austeridad en el gasto y renegocien con sus sindicatos los contratos colectivos de trabajo.
