(06 de agosto de 2014).- A lo largo de las últimas décadas, el PRI, se ha desenvuelto en situaciones de despojo que afectan a millones de mexicanos: corrupción, amenazas, masacres, crisis económicas, asesinatos a sus mismos funcionarios, fraudes electorales y la lista podría seguir; pero esta vez retomamos un caso que estuvo dando de qué hablar por muchos años, un caso que generaba controversias, y muchos lo recordarán como el Renave.
El Registro Nacional de Vehículos (RENAVE) fue creado en junio de 1998, en esa época gobernaba el expresidente priísta Ernesto Zedillo Ponce De León. Su objetivo de la “Ley de Registro Nacional de Vehículos”, era crear un registro moderno y eficiente de vehículos para proteger la propiedad de los mismos, las operaciones comerciales y evitar el comercio ilegal de automóviles.
El pago para los vehículos nuevos se fijó en 375 pesos más IVA, y de 100 más IVA a los usados, tarifa que por la presión política recibida obligó a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) reducirlo a 50 pesos. Esto sumaba dos verificaciones anticontaminantes al año, el pago de la tenencia y el cíclico aumento en las casetas de cobro.
Con la licitación del Renave se violentaron los artículos 25 y 27 constitucionales que establecen la rectoría del Estado en materia económica. La ley recibió el rechazo de la fracción perredista, sus miembros argumentaron que un registro como éste no podía ser operado por particulares. El PRI, no se quedó atrás pues votó en favor de la iniciativa, después se opuso a ella e incluso sugirió que debía ser modificada.
El PRI en el Distrito Federal ofreció incluso asesoría gratuita para que los particulares que así lo desearan interpusieran el recurso de amparo. El trámite fue más caro que la inscripción al Renave.
Hasta antes del 24 de agosto de 2000, el registro operaba con normalidad por la empresa Concesionaria Renave S.A. de C.V., en el que participaban Henry Davis Signoret, y su empresa francesa, Gemplus Industrial, y Talsud la empresa argentina. Todo funcionaba tal cual, pero el 24 de agosto de ese mismo año se presentaron ocho amparos en contra de la ley y la detención del argentino Miguel Ángel Cavallo, Director General del Renave, al presuntamente estar relacionado con genocidio, terrorismo, tortura, entre otros, cometidos durante la dictadura en Argentina.
El caso Cavallo
Ricardo Miguel Cavallo alias Marcelo, Sérpico o Ricardo Cavallo, fue arrestado en Cancún, Quintana Roo, en el 2000 acusado de fraude, malversación y venta ilegal de automóviles. El empresario y director estuvo relacionado con 227 desapariciones de personas, así como 110 secuestros y tortura en Buenos Aires. La detención de Cavallo causó escándalo tanto en Argentina como en México, porque la empresa Talsud ya tenía raíces oscuras.
El 27 de agosto de 1999, Talsud ganó en México una controvertida licitación para dirigir el recién creado Registro Nacional de Vehículos, cuyo objetivo era controlar el parque automotor, estimado en 14 millones de unidades, para disminuir el robo de coches, entonces el segundo delito más rentable en México con 160 sustracciones diarias.
“Talsud, que se presentó en México como empresa líder en el mercado argentino, actuó en tierras aztecas en colusión con algunos funcionarios mexicanos, como el entonces subsecretario de Normatividad de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), Raúl Ramos Tercero, que en setiembre del 2000 aparecería muerto por tajos de un cutter, un suicidio ‘sospechoso’, claramente relacionado al episodio del Renave”, describe el periodista Miguel Bonasso, el cual llevó seguimiento al caso.
El 26 de octubre de 2011 el argentino fue condenado a cadena perpetua por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura en Argentina.
Las decisiones que costaron 21 millones de dólares
Para abril del 2011, las deudas empezaron a aparecer; en junio de 2010 el Centro Internacional para la Resolución de Controversias Comerciales del Banco Mundial, condenó a México a pagar 21 millones de dólares a las empresas que operaron el Renave. El laudo destacó que México verificó la reputación de Cavallo con el gobierno argentino durante el proceso de licitación, y el gobierno de ese país aseguró que no había nada registrado en su contra.
El laudo hace constar que en abril de 2001 se nombró como segundo interventor administrativo a Guadalupe Gómez Mont Urueta con una instrucción expresa: la forma de revocar la concesión o requisar la misma. Todos estos escándalos ocasionaron que los medios empezaran a poner en duda los motivos de la concesión del Renave lo cual para no responder contribuyó a su desaparición.
