Ilustración: Pe Aguilar/ @elesepe1
(6 de agosto, 2014).- La Reforma energética, no obedece al desarrollo de la industria eléctrica y la industria de los hidrocarburos nacionales, se supedita a los intereses de Estados Unidos, país que consume más del 20 por ciento de la energía mundial, país que “no produce arriba de 7.5, 8 por ciento de barriles” de petróleo crudo, que tiene que enfrentar un “boquete de 12 millones de barriles”, afirmó en entrevista el Doctor en Economía, Gonzalo Núñez González.
Sin embargo, tal como señala nuestro entrevistado, México no es un país petrolero, sus reservas probadas ascienden a tan sólo 14 mil millones, menos del 1 por ciento de las reservas probadas a nivel mundial, “y en nueve o 10 años no vamos a tener petróleo”.
Este modelo de extracción a partir de empresas privadas obedece a la soberanía energética, pero de los Estados Unidos, se pretende exportar dos millones de barriles de crudo, para compensar el déficit fiscal de nuestro vecino del norte, cuando México requiere únicamente de 1.5 millones de barriles.
“Se trata de garantizar la seguridad energética de nuestros vecinos y darles las garantías que tuvieron antes de 1938”, año en que se crea Petróleos Mexicanos para que fuera el Estado mexicano el único encargado de la exploración y explotación de los hidrocarburos.
A los defensores de la Reforma energética aprobada el día de ayer por el Congreso de la Unión, “lo que menos les preocupa es el petróleo, lo que les interesa es hipotecarlo para obtener empréstitos”, además de que las ganancias obtenidas por la exploración y exportación serán para las empresas privadas que incursionen en territorio mexicano, pero en caso contrario, las pérdidas serán absorbidas por nuestro país.
Exportaremos millones de barriles de crudo, pero seguiremos importando gas y gasolinas a un precio mayor, una lógica de mercado que nada tiene que ver con la generación de empleos, con el desarrollo económico de la nación, por ejemplo: Un barril de petróleo equivale a 100 dólares y genera de dos a tres empleos, en tanto un barril de petroquímicos cuesta cinco o seis mil dólares y genera 50 empleos.
“La lógica es muy simple, el petróleo no nos lo comemos es un insumo, es una materia prima que pide ser transformada en una cadena de valor muy amplia que deriva de los petroquímicos. Esa cadena de valor es la que genera empleos. Si esa la sacamos fuera del país sí va a haber empleo pero en otros países, sí va a haber crecimiento allá. Lo que estamos haciendo es contribuir a balancear el enorme déficit norteamericano”, enfatizó Núñez González, gerente del Colegio Nacional de Economistas.
La asunción de pasivos laborales
La asunción de los pasivos laborales de Pemex por parte del gobierno federal no es equiparable con el rescate del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en la medida en que en su caso se absorbió la deuda de entidades bancarias privadas, esta vez se rescata a una empresa pública que fue utilizada para financiar las actividades del Estado mexicano, que realizó el mismo para paliar el boquete fiscal de recaudación del Producto Interno Bruto.
Esta medida es en resultado de que a Pemex “no le han permitido tener sus propias reservas” y el pasivo laboral se registra ahora como deuda pública, que –de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– asciende a más de 1.3 billones de pesos, lo que la paraestatal aporta en un año al fisco, “es decir, si Pemex no aportara eso al fisco, en un año sanearía su deuda”.
La cuestión es que Pemex ha sido utilizado para completar históricamente el déficit fiscal consecuencia del incremento paulatino de la deuda extranjera, “en beneficio además, no de los mexicanos, desafortunadamente ha sido en beneficio de un grupo de grandes empresas que no ha pagado impuestos durante los últimos 20 o 30 años”.
Esta Reforma energética es tan sólo una de las reformas estructurales implementadas por el Ejecutivo Federal, las cuales están interconectadas entre sí para generar “un modelo de nación”, no acorde con las necesidades de los 120 millones de mexicanos.
Tal como en su momento lo fue la Reforma Hacendaria, cuya finalidad es “justamente llenar ese boquete fiscal”, producto de la “deuda pública consolidada, que corresponde a una proporción muy elevada del PIB, como lo fue hace 30, 35 años”.
A 35 años de distancia, el gobierno federal comete el mismo error que nos llevó a “un ajuste cambiario, a una devaluación, a la fuga de capitales. Hoy la inversión de mexicanos en el extranjero supera a la inversión de extranjeros en México, la balanza comercial es deficitaria y la balanza de pagos es totalmente deficitaria”.
Las finanzas públicas no han agregado valor mediante la transformación de las materias primas y/o la innovación científica, requerido en al menos 5 por ciento para generar los empleos que “demanda la población. Hoy más de la mitad de la población está subempleada o en la informalidad, entonces esta medicina que nos hemos tomado en los últimos años nos está matando y esto es los últimos clavos del ataúd”.
La crítica ante esta medida del Ejecutivo Federal, de asumir los pasivos laborales de Pemex y de CFE, radica en que “nadie sanea una empresa con recursos públicos para entregarla a la iniciativa privada”.
Aún cuando los defensores de la Reforma energética, afirmen una y otra vez que “Pemex seguirá siendo de los mexicanos”, las leyes reglamentarias aprobadas por ellos mismos contradicen su discurso. Toda vez que instalaciones completas de Pemex podrán ser ofertadas a las transnacionales, y la emisión de contratos –en cinco modalidades– serán por designio exclusivo del Ejecutivo Federal.
Este “Frankenstein” de las leyes secundarias, “es una cosa terrible, es inconstitucional, se contradice, tiene huecos y ahora resulta que van a resolver todas las controversias en los reglamentos”, reglamentos que confieren todo tipo de facultades al Ejecutivo Federal.
“¿Qué quiere decir esto? Que entonces el presidente de la República va a asignar los contratos bajo la fórmula tramposa que quieran [las transnacionales]. Esto es absurdo en una democracia. Estamos echando pa’trás el proyecto histórico, estamos aniquilando la democracia”, aseguró Núñez González.
Las incongruencias que se avalaron en las leyes reglamentarias, será en perjuicio, no sólo del campo, sino también a la clase media urbana, frente a la pérdida de poder adquisitivo. Toda vez que el 40 por ciento del PIB lo concentran sólo 300 familias en México.
“La democracia no es sólo un concepto político electoral. Es un concepto integral y lo que no hay en esto, nada, es democracia económica y mucho menos social. Los países que no tienen distribución de riqueza, no caminan para adelante y eso nos va a pasar, nos está pasando”, expresó Gonzalo Núñez.
El campo mexicano
Uno de los temas que trascendieron durante el debate en ambas cámaras (Diputados y Senado), se centró en el concepto de expropiación de tierras, en el que se estableció un pago para los campesinos por parte de las empresas extranjeras a cambio de “ocupar sus tierras”, los cuales oscilarán entre un 0.5 hasta 2 por ciento en el caso de extracción o exploración de petróleo y hasta el 3% en el caso del gas.
“Inclusive, echando atrás en la historia, los campesinos mexicanos van a ser otra vez encomendados, el señor encomendador, teniendo su tierra y su petróleo les va a dar chance de trabajar. ‘Pero bajo mis condiciones’ ¡¿qué es esto?!, si ya hubo una revolución que luchaba por ‘Tierra y libertad’”.
La renombrada “ocupación temporal” está enfocada exclusivamente a las tierras de producción agrícola sembradas por las y los mexicanos, tan es así que “si mañana descubrimos petróleo Punta Mita y el Four Season [hotel de cinco estrellas] que está instalado ahí, acaso ¿vamos a hacer un derecho de paso?, ¿vamos a expropiar al gran capital que ya está asentado? No, está orientado a los campesinos”.
Esta legislación niega el desarrollo económico nacional en razón de los intereses del capital extranjero. Para lo cual se ideó a las servidumbres legales de hidrocarburos las cuales estarán a disposición de las empresas extranjeras para la libre adquisición de predios y propiedades en zonas rurales y urbanas.
“Hoy no vamos a tener ni tierra ni libertad y mucho menos libertad, es una contrarreforma terrible. Estamos reformando el proyecto nacional, estamos destruyendo la constitución en sus bases más significativas como un proyecto social, con esto sí cancelamos las posibilidades de tener un a economía social”, reiteró Núñez González.
La desigualdad social que campea en el país y el despojo al campesinado y a las comunidades indígenas y mestizas de su forma de subsistencia, no fue considerado en el debate parlamentario. Una situación apremiante que traerá consigo más pobreza y atentará contra las tradiciones y costumbres de los pueblos.
“La tierra social, el sector social de la economía es un producto auténtico de la revolución mexicana y estamos cancelándola ¿y con qué nos vamos a quedar? –Con una masa de 50 millones que va a explotar”.
50 millones de mexicanos sin acceso a vivienda, salud, educación, transporte, que además enfrenta un estado permanente de pobreza con uno de los salarios mínimos más bajos en América Latina, dos veces menor que el salario mínimo en Brasil, El Salvador, Perú Honduras, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Lo que representa “un pésimo negocio para los empresarios mexicanos, ya no lo vean desde el punto de vista ético, moral, no. Estamos matando la gallina de los huevos de oro, eso es Pemex, el último reducto que teníamos más o menos equilibrado y lo vamos a desaparecer. No tengan la menor duda”.
Aunado a que la reducción de la renta petrolera si la exploración y la explotación de los recursos naturales estará a cargo de empresas extranjeras que no pagarán impuestos en México, por lo que Gonzalo Núñez calificó a esta reforma como “una ilusión”.
Como ocurrió con la reforma laboral aprobada hace más de un año “se nos ofreció un millón de empleos ¿dónde están? [con la Energética] No es posible que haya un beneficio, y de bajar precios de energéticos, pues ya no hablamos. Perdóneme pero es una tomada de pelo. Yo creo que los mexicanos –puede que no estemos suficientemente capacitados– pero no somos tontos y nos están vendiendo una idea que no tiene sustento en ningún país”, expresó.
Modelo neoliberal
En el fondo, de lo que se trata esta reforma es de reestructurar el modelo económico y social en beneficio de una clase transnacionalizada, que no genera empleo, ni crecimiento pero sí “genera un grupo cada vez más reducido que detenta la riqueza mundial y un grupo cada vez más grande, empobrecido y precarizado”.
La reducción de la capacidad adquisitiva de millones de mexicanos se contrapone con los cientos de miles que ganan los funcionarios del gobierno. Estos desequilibrios son cada vez más difíciles de contrarrestar.
Es un problema mundial que no solo atañe a México, tal es el caso de los BRICS que “buscan otra moneda, otra arquitectura financiera mundial porque ésta ya no da. Ha sido terriblemente especulativa y basada, además, en las economías de guerra. Y dicen que queremos paz, no, este modelo está diseñado para que haya guerras”.
En otras naciones se planean y se plantean nuevos paradigmas en los sistemas de producción, pero en el caso de México, el gobierno actual actúa como una rémora de la economía norteamericana. En donde la economía familiar como la inversión en la tecnología y en la ciencia han sido los sectores más afectados.
Para Gonzalo Núñez la apuesta está en una izquierda dispuesta a debatir con bases históricas para perfilar un modelo adecuado para nuestro país. Pero “hacer consciencia es lo más importante, esa es la primera revolución que tenemos que hacer, [para] que la gente no esté pensando que ahí viene Chevron y nos va a Salvar, ya Quetzalcóatl nunca llegó y nos saquearon”.
Esta historia está por repetirse con el nuevo modelo energético con participación privada ideado por el Ejecutivo Federal, que anula la democracia y se erige como el único poder, avalado por cientos de legisladores en el Congreso de la Unión.
