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Abuela busca a sus nietos secuestrados y la PGR la detiene

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(6 de agosto, 2014).- Ligia Canto Lugo, abuela de tres infantes despojados del seno familiar por su padre y cuyo paradero aún se desconoce, fue detenida el pasado 4 de agosto por orden de un juez de Jalisco.

Canto Lugo es la anciana que en dos ocasiones se ha aparecido en eventos públicos de Enrique Peña Nieto, durante sus giras por Yucatán, con el fin de exigirle la localización de Isabel, Martín y Mariana, sustraídos en 2012 violando a la orden de custodia concedida a la madre, reveló en entrevista con Animal Político.

Cabe señalar, desde febrero de 2013 busca a los menores de edad, además de girar una ficha de localización el año pasado, pues la madre de los niños, Ema Gabriela Molina Canto, se halla escondida desde entonces, porque la acusan por fraude, debido a que segun indicó Canto Lugo: “es una estrategia de acoso judicial” llevada a cabo por el padre.

El padre de los niños, cabe enfatizar, es un ex colaborador de Andres Granie, quien fue gobernador de Tabasco  y ahora enfrenta cargos por peculado y, a consideración de Ligia Canto en una entrevista que dio en junio al portal digital, emprendió en su contra una serie de acusaciones juficiales con el objetivo de que cediera la custodia.

Dos años antes, Gabriela Molina, la madre, fue aprehendida en Yucatán por policías tabasqueños, momento en el cual, el papá aprovechó para sustraerlos y llevárselos en el auto familiar. Cuatro meses después, un juez dictaminó que no había ningún ilícito que perseguir y la pusieron en libertad.

Pero no paró todo ahí, pues a principios del año pasado, fue señalada por las autoridades debido a que cometió presuntamente un fraude en el DF, en el lapso que estuvo en la prisió de Tabasco. Esa acusación aún persiste, y por dicha razón se encuentra escondida.

Ahora, por una imputación formulada en el estado de Jalisco, la señora Ligia, madre de Gabriela, fue detenida por supuesto fraude, pero hasta hoy aún no ha sido formalmente presentada ante el juez ni consignada a ninguna prisión jaliciense.

El único dato que ha circulado en los medios es que fue llevada desde el estado de Yucatán por carretera como notificó el Observatorio Nacional Ciudadano Contra el Feminicidio, organización que apoya a la familia.

Fueron cuatro gentes de la PGR quienes la sustrajeron luego de que acudiera al periódico La Verdad para ofrecer una entrevista sobre el caso de sus nietos.

“Tras la captura nosotras nos movilizamos y nos comunicamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (organismo que prepara una recomendación sobre el caso de Ligia, Gabriela y los menores), y también con las oficinas centrales de la PGR… ellos quedaron de mandar al delegado de la Comisión de Atención a Víctimas de acá, de Yucatán, también acudió personal de la Fiscalía de Yucatán, y aunque les mostramos a los agentes federales las medidas precautorias de que goza la señora Ligia, tramitadas por la misma CNDH, los policías nos respondieron que les valía, que ese papel no tenía ningún poder”, apuntó el Observatorio.

Posteriormente se le trasladó a la delegación estatal de la PGR. Allí estuvo hasta la medianoche, para ser luego llevada en una ambuancia hasta el hangar de la corporación federal en el aeropuerto de la entidad.

La señora de la tercera edad fue sacada del estado en automóvil “sin que hasta el momento (esta entrevista fue otorgada a las 22:00 horas del 5 de agosto, 24 horas después de la captura), sepamos su paradero: ella no ha sido presentada ante el juez de Jalisco que ordenó su arresto, ni ha sido consignada al penal de ese estado, sólo sabemos que fue llevada a Campeche, donde al parecer la revisó un médico, y luego ya no sabemos para dónde se la llevaron, la PGR sólo nos ha informado que está ‘en tránsito’… ¿qué le estarán haciendo en el camino? No lo sabemos. Para nosotras, en este momento ella está desaparecida”.

Hasta julio pasado fue cuando realizó su última protesta, cuando se colocó unas cadenas en la plaza principal de Mérida, Yucatán, ante el palacio de gobierno, con el fin de denunciar la actitud de silencio con la cual se han manejado las autoridades.

 

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