(10 de agosto, 2014).- La aprobación para que el gobierno federal recate el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contradice, por lo menos en cuatro puntos, a la Constitución. Así lo especifica un análisis elaborado en la oficina del diputado Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con el estudio jurídico, las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contravienen los artículos 72, 73, 74 y 123 de la Constitución.
Según las reformas recientemente aprobadas, el Ejecutivo podrá asumir parte del pasivo en jubilaciones y pensiones tanto de Pemex como de CFE cuando: se modifiquen los contratos colectivos de trabajo en el régimen de pensiones, se aplique una auditoría sobre el pago del pasivo laboral, se inician denuncias penales o se aplica un programa de austeridad.
En contraparte, los artículos 72 y 73 constitucionales establecen como facultad del Congreso la autorización de empréstitos y la asunción de pasivos.
Esa primera contradicción en la reforma asigna as mismas obligaciones a dos poderes distintos, el Ejecutivo y el Legislativo.
Asimismo, la Ley se establece que la Secretaría de Hacienda tendría que establecer los montos a pagar, sin embargo, esa facultad también es de los diputados, según la Carta Magna.
La tercera inconsistencia está en atribuir al Ejecutivo la realización de ajustes al Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando esaa también es facultad de la Cámara de Diputados.
Según el análisis, el cuarto conflicto constitucional es con el artículo 123, que establece la negociación colectiva entre patrones y trabajadores, ya que “con la reforma, se comprende la intención de iniciar un proceso de negociación, pero es ridículo mandatar a las partes a que, desde ahora, tengan un resultado específico”, cuestiona el texto.
