*Artículo de opinión
(13 de agosto, 2014).- El triunfalismo del grupo en el poder por el golpe de Estado que significó la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética, todavía puede sufrir un descalabro si la sociedad se pone las pilas y evita la consumación de un atraco criminal contra la nación.
Lo que viene, de no hacerlo, sería equivalente a lo que sufrió Vietnam durante los años en que tanto Francia como EE.UU. quisieron avasallar al pueblo vietnamita. Sí, porque en vez de una intervención armada, las trasnacionales estarán utilizando su poderío económico para explotar las riquezas naturales de México, con resultados tan potencialmente destructivos como lo fue la invasión de tropas francesas y estadounidenses contra Vietnam.
Por lo pronto, es alentador que la Academia Nacional de Amparo, perteneciente a la Confederación Nacional del Colegio de Abogados de la República Mexicana, haya interpuesto, el mismo lunes 11 de agosto, la primera demanda colectiva para lograr la nulidad y/o abrogación de las leyes secundarias de la reforma energética.
De acuerdo con Román Díaz Vázquez, presidente del Movimiento Constitucionalista en Defensa del Pueblo de México contra la Reforma Energética, procede el juicio de garantías con fundamento en la nueva Ley de Amparo, debido al interés legítimo que tienen millones de mexicanos inconformes con la reforma energética.
Es un asunto de mero sentido común saber que de consumarse la entrega de nuestros recursos energéticos a las grandes empresas trasnacionales, los mexicanos perderemos la posibilidad de garantizar un futuro menos incierto a las nuevas generaciones de mexicanos. Así lo vivimos antes de la expropiación de la industria petrolera en 1938, acto de soberanía que de no haber ocurrido entonces, hubiera frenado toda posibilidad de progreso al país.
En este momento seríamos una colonia de EE.UU. como lo es en realidad Puerto Rico y como lo fue Cuba hasta antes de que la revolución castrista liberara a la isla de la esclavitud a la que la tenía sometida la Casa Blanca.
Con las reformas estructurales promulgadas por Enrique Peña Nieto, la versión moderna de Antonio López de San Anna, México quedó jurídicamente indefenso ante las embestidas de los principales monopolios trasnacionales, los cuales se aprestan a depredar nuestro territorio sin nada que se los impida, como así sucedió hasta antes de 1938, no obstante la promulgación de la Constitución más avanzada de su tiempo en América Latina, 21 años antes. Tuvo que darse una coyuntura histórica que fue hábilmente aprovechada por un régimen progresista, para que México diera un paso decisivo que le permitió afianzar su soberanía y crear condiciones para un futuro mejor para una sociedad en expansión, como lo demostraron los hechos.
En la actualidad, luego de tres décadas de retroceso histórico, se dieron las condiciones para que la derecha en el poder diera un golpe de Estado legislativo, que puede poner al país de rodillas ante los grandes monopolios trasnacionales, si no somos capaces de organizarnos para impedirlo.
Es preciso que la sociedad nacional entienda que el gobierno federal no sirve a los intereses nacionales, está traicionando a la patria de manera flagrante, y permitirlo será hacernos cómplices de una canallada cuyas consecuencias pagarán las nuevas generaciones de mexicanos.
En la actualidad, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hay más de 11 millones de jóvenes de 15 a 19 años, de los cuales, 22 por ciento ni estudia ni trabaja. Es una cifra aterradora, porque fácilmente puede convertirse en “carne de cañón” del crimen organizado para utilizarla para sus fines delictivos.
Lo más dramático es que de consumarse la reforma energética, como lo quieren los grandes intereses privados, nacionales y extranjeros, que la ven como un gran botín, el número de jóvenes sin futuro aumentará exponencialmente. No se necesita ser un experto para saberlo, basta hacerse una idea de las consecuencias que tendrá para la economía la pérdida de oportunidades para los jóvenes, porque se reducirán considerablemente las oportunidades de estudio y empleo para la juventud de escasos recursos.
¿Por qué puede asegurarse tal posibilidad? Porque los monopolios privados no son beneficencia pública, sino grandes negocios en busca de máximas ganancias con los menores costos. La tecnología moderna así lo permite y la experiencia histórica lo confirma. De ahí el imperativo de frenar la consumación de la entrega de nuestros últimos recursos naturales a negociantes voraces.
