(05 de septiembre, 2014).- En la segunda etapa del informe de Amnistía Internacional, sobrevivientes de tortura presentaron sus casos ante el público presente en el Club de Periodistas
Bárbara Italia Méndez. Víctima de tortura el 4 de mayo de 2006 durante el operativo en contra de la población de San Salvador Atenco, donde participó el gobierno de Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto. Fue apresada en la casa de un habitante de la comunidad sin ninguna orden de arresto y con exceso de violencia. Italia Méndez sufrió violencia sexual mientras era trasladada a prisión por la policía.
En los mismos hechos, fueron arrestadas 47 mujeres, de las cuales 26 denunciaron agresiones sexuales. Pese a que la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyeron que habían ocurrido graves violaciones a los derechos humanos, incluida discriminación y violencia sexual contra las detenidas, ninguno de los responsables fue consignado.
El caso de Ángel Amílcar Colón, migrante hondureño detenido por la policía de Tijuana en 2009, fue presentado por su esposa Yuli Baltazar. Amílcar fue torturado e interrogado durante más de 16 horas, además de ser insultados de manera racista, fue obligado a firmar una declaración donde declaraba ser culpable de pertenecer a una banda criminal. Fue declarado como un preso de conciencia y se espera que salga libre.
En la mesa estuvieron Rogelio Amaya Martínez. Detenido el 11 de agosto con cuatro jóvenes más en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue torturado para confesar un delito que no había cometido. Luego de cuatro años, Amaya Martínez y sus cuatro amigos fueron absueltos y excarcelados en los primeros meses de este año.
Además, entre los participantes estuvieron Claudia Medina. Originaria de Veracruz, fue apresada en su casa sin ninguna orden de aprensión por elementos de la Marina el 7 de agosto de 2012. Luego de ser llevada a la base naval de la ciudad, fue agredida sexualmente, mediante descargas eléctricas, golpeada y dejada bajo el sol de medio amarrada a una silla.
Claudia fue presentada el día 8, después de ser obligada a firmar una declaración, acusada de robo, posesión de armas y drogas. Pese a las pruebas presentadas por la defensa que evidenciaban su inocencia, la procuraduría presentó cargos contra ella. Dos años después y pese a las pruebas presentadas a la CNDH, continua el proceso en libertad luego de presentar una fianza.
Durante el diálogo con el público, participaron también miembros de organizaciones civiles dedicadas a ayudar psicológica y legalmente a los afectados. El evento concluyo con la exigencia de justicia y el cese inmediato de la tortura como mecanismo gubernamental.
