(05 de septiembre, 2014).- El desprestigio de la clase política, de por sí por los suelos, se habrá de magnificar aún más luego de salir a la luz pública las sucias componendas que se tejen entre legisladores panistas, quienes así patentizan, por si quedaran dudas, que su único interés en el servicio público es por disfrutar privilegios y acumular prerrogativas. Desde luego, así actúan la mayoría de miembros de las bancadas en el Congreso, con notables excepciones fácilmente distinguibles, pero son los integrantes del PAN los más proclives a la corrupción, como sobran evidencias que son del dominio público a partir de que en el año 2000 el partido blanquiazul sacó al PRI de Los Pinos, únicamente para apuntalar los vicios del viejo sistema político mexicano.
Trascendió que el miércoles, antes de efectuarse la sesión en el Senado, varios senadores acusaron a su coordinador, Jorge Luis Preciado , de ofrecerles sobornos hasta de medio millón de pesos a cambio de su voto para respaldar propuestas legislativas del PRI. Las denuncias las inició José María Martínez, molesto porque sería removido como vicecoordinador de la bancada panista en la Cámara Alta, “por haberse conducido de manera irresponsable en su cargo”, dijo Preciado. Los legisladores se molestaron en principio con su coordinador por haber cedido al partido tricolor la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Por su parte, Martín Orozco denunció que Preciado lo “persuadió” de acudir a una fiesta con prostitutas.
Es evidente que la vida política nacional atraviesa por una crisis ética de la que no será fácil salir, menos aún si la cúpula no pone un buen ejemplo. Vale señalar que no hay condiciones objetivas para dar pasos en esa dirección, porque el motor del sistema está en la corrupción, flagelo que no ocupa una mínima atención de parte del Ejecutivo, como se vio al escuchar el segundo informe de Enrique Peña Nieto: sólo una vez se mencionó dicha palabra en todo el documento, sin agregar nada comprometedor. Por otro lado, es un hecho incuestionable que la impunidad es un principio inviolable por parte del grupo en el poder, cuyos miembros se cubren unos a otros para mantener aceitado el cauce del derroche monetario y de las complicidades.
Cabe reflexionar sobre un hecho que en retrospectiva parece inusitado: el tiempo tan prolongado que estuvo el PRI al frente del aparato estatal. Esto fue posible, sin duda, porque había reglas no escritas que se respetaban para mantenerse dentro del grupo en el poder. La ley del “péndulo” fue el hallazgo pragmático que posibilitó la permanencia de una clase política que brincaba de un puesto a otro, aunque no tuviera la preparación mínima requerida. Esa práctica murió con la llegada de los tecnócratas a Los Pinos, quienes impusieron un régimen basado no en la meritocracia que regía en décadas anteriores, sino en la complicidad manifiesta equivalente a un compromiso mafioso.
Tenemos el grotesco ejemplo del ex dirigente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, quien fuera acusado de desviar recursos del partido para formar una red de prostitución, de lo cual se contó con pruebas suficientes para haberlo enviado a prisión por tratante de personas. En cambio, contó con la protección del dirigente nacional del tricolor, César Camacho, quien se concretó a removerlo del cargo. Hoy, el ex dirigente dice ser víctima de “bullying”, discriminación y odio racial. “Llevo terapias en el psiquiatra (sic), han hecho de mí lo que han querido”, dijo compungido y molesto por no contar con total impunidad.
Es obvio que de continuar como vamos, el sistema político se habrá de resquebrajar solo. No necesitará que fuerzas externas, grupos violentos, nada que ponga en riesgo la paz porfiriana que quiere disfrutar la oligarquía, para que se derrumbe como choza azotada por un huracán. Por sí solo, el sistema político tecnocrático dejará de regir autoritariamente los destinos de los mexicanos, víctima de sus propios abusos, de su inagotable corrupción, de su absurdo afán de impunidad plena. Sin embargo, de suceder tal colapso el derrumbe no sólo acabará con la clase política y su base de apoyo financiero, sino que se llevará al país en su caída. Por eso es vital, antes de que eso suceda, salvar lo salvable del Estado mexicano.De ahí el imperativo de cerrar filas las fuerzas democráticas.
