(24 de septiembre, 2014).- Lenin Vázquez habla golpeado, como si cada palabra, fuese también un último suspiro. Una y otra vez su voz se quiebra, hay impotencia en las oraciones y los adjetivos que se agolpan entre labios, casi como navajas. Sus ojos cafés, que por instantes se cristalizan, miran a las calles del municipio de Chalco, en el Estado de México, con indignación y pesar. Ya no puede verlas de la misma forma que cuando fue niño, hace 27 años.
En febrero pasado, su hermana Xóchitl, una joven de apenas 18 años fue asesinada brutalmente cuando se encontraba al interior de su casa, en su recámara, en su cama. Hasta el momento las autoridades locales niegan “encontrar” a culpable alguno, aunque las sospechas recaen en su expareja. Una vez más, quienes han realizado las diligencias han sido los propios familiares y no las autoridades.
Xóchitl es una de las 12 mujeres muertas en lo que va de un año, sólo en Chalco, según un recuento realizado por activistas y vecinos de la zona. Una más dentro de una estadística de plomo, impunidad y sangre, en la que los crímenes a menudo suelen estar relacionados con motivos de odio al género; con una marca de “debilidad” que se ejecuta con saña y furia; donde una ley oculta pena con muerte el simple hecho de ser mujer.
Las notas periodísticas que aparecieron ese día, dan cuenta de que Xóchitl “tenía un tiro en la cabeza y fue encontrada amordazada, vendada y amarrada de las manos; posiblemente el motivo de su brutal muerte era el secuestro o el robo de su auto BMW”. Sin embargo, el simple móvil del robo es descartado por su hermano. Y es que aquí, desde hace algunos años, a plena luz del día, por la noche o en las tardes, donde se mata a las mujeres sin más, por cualquier motivo.
El asesinato ocurrió a una cuadra de la presidencia municipal y a plena luz del día. Luego, a las 16:00 horas, el auto robado fue encontrado, abandonado en la calle Morelos, esquina Constitución en el barrio La Conchita, a 10 minutos de donde ocurrió el homicidio. Parece que sus verdugos simplemente lo utilizaron para abandonar la escena del crimen.
“Algunas autoridades manifiestan que estos crímenes suceden porque estas mujeres suelen ser de alguna manera provocativas. Les puedo decir que mi hermana fue asesinada en su recámara, ¿y por qué estaba provocando? ¿Porque dormía con un pants provocativo? No hay justificación. Lo que hay es un miedo constante de las autoridades para enfrentarse a los criminales. A menos que también ellos estén coludidos”, aduce Lenin.
“Ya no queremos más miedo, las autoridades deben defendernos porque nosotros somos quienes pagamos sus sueldos. Pagamos con nuestros impuestos. Una forma de defendernos es que nos escuchen; en especial, el presidente municipal de extracción priista Francisco Osorno Soberón; que nos escuche. Le exigimos que deje de estar navegando en Facebook o Twitter, que verdaderamente salga a las calles.”
Autoridades, parte del problema
Cada día la escena se repite y, las cintas amarillas que acordonan el lugar donde se matan a personas, especialmente mujeres, vuelan por las calles como testimonio de vidas que se evaporan por centenas. Entre los municipios de Chimalhuacán, Chalco y Ecatepec, primordialmente, el crimen se ha convertido en un lenguaje compartido por los habitantes de estos lugares: las notas periodísticas perduran como instancias periciales que se amontonan en la conciencia y luego se pierden para siempre.
El homicidio, en cierta parte, se ha convertido en la solución final de todos los problemas sociales que se acumulan; esa última instancia donde la imposibilidad y el olvido comparten colchón. Notas como estas, abonan al imaginario salvaje de vivir, en las nuevas zonas conurbadas de la Ciudad de México, donde la vida vale poco porque la impunidad crece:
El cuerpo de una menor de edad fue encontrado degollado y calcinado en un predio del barrio Xochiteco de este municipio [Chimalhuacán]. De acuerdo con el portal de noticias Reporteros en Movimiento, el propietario del lugar fue quien se dio cuenta que en el interior de su domicilio ubicado en el número 15 de la calle Barranca, había un cuerpo de una persona y de inmediato reportó el hallazgo a la policía municipal. Al sitio llegó también personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) que observaron que la víctima era una menor de edad que fue identificada por su mamá Consuelo Pomposo Martínez, como Ángeles. La chica estaba atada del cuello y tenía una herida en el cuello que prácticamente la había degollado.
(Alfa Diario, 21 de mayo del 2014)
Para Rodolfo Domínguez Márquez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, si la zona que conforma estas tres demarcaciones municipales se ha vuelto uno de los puntos rojos nocivos para las mujeres, es porque las instancias encargadas de impartir justicia ni siquiera tienen mecanismos para juzgar, analizar y penar este delito. Esta falta de tacto se traduce en una ecuación fatal: si no hay mecanismos para aceptar los crímenes de odio contra mujeres, tampoco hay dicho delito y, por consiguiente, el sistema judicial lo encuentra inexistente y no hay persecución.
Desde el 2011, cuando entonces gobernaba quien ahora ostenta la jefatura del gobierno federal, Enrique Peña Nieto, entre organizaciones de derechos humanos se le exigió la activación de una “alerta de género” para hacer frente al sangriento fenómeno; de esa exigencia sólo se presentaron negativas. La enmienda tampoco ha sido retomada por Eruviel Ávila Villegas, quien ahora está a cargo de la gubernatura en el Estado de México.
‒Tengo entendido que ya han recorrido estos tres municipios. ¿Cuál es la constante que han encontrado?
‒Bueno, en realidad no hay una constante. Cada uno de ellos tiene particularidades muy específicas. Lo que hay es, en algunos casos, la participación directa de agentes policiacos y en otros la falta de seguimiento. ¿Hay una constante? Sì, bueno, la negligencia para resolver estos casos. En Ecatepec lo que recuerdo, es la desaparición y el asesinato de mujeres quienes son expuestas o depositadas en lugares públicos: bajo puentes, en cruces o en terrenos baldíos. En el municipio hay zonas de muchos riesgo porque se han documentado desaparición de ellas.
Después nos trasladamos a Neza y Chimalhuacán donde la denuncia se transformó. Acá los policías son los asesinos y violadores. Es decir, lo que más se denunció, fue que en estos dos municipios las propias agencias de seguridad y procuración de justicia eran las que presentaban mayor cantidad de agresores; policías señalados como presuntos violadores, como presuntos feminicidas.
Aquí en Chalco nos estamos enfrentando a una realidad todavía mucho más terrible. Quizás aquí lo que va quedar marcado son las mujeres descuartizadas, que son encostaladas y tiradas también en lugares públicos, en terrenos baldíos, terrenos que son fronteras de colonias. Y nos han informado de colonias donde la gente tiene muchísimo miedo. Quizás aquí la diferencia que encontramos con otros lugares es que percibimos muchísimo miedo. Las víctimas, la gente no quieren hablar.
Feminicidio, delito de adorno
La información sobre el número de feminicidios en el Estado de México fluctúa.
La situación real del problema, de acuerdo a diversas organizaciones de derechos humanas, vinculadas al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), señala que existen poco más de 600 casos “documentados” de feminicidios entre 2011 y 2014. Casos que podrían doblarse, según informes de organismos internacionales, pues la otra mitad no corresponden necesariamente a crímenes de odio.
Pese a todo, no existe información “segmentada” por municipios mexiquenses, pues de ese número sólo 111 se reconocieron como feminicidios. Lo que en parte, explica la volubilidad de la interpretación, por parte de los ministerios públicos, de dar a conocer este delito no como un “homicidio con la agravante”, sino como un ejercicio sistemático de crímenes en contra de este sector de la población.
De hecho, una de las luchas emprendidas por el OCNF, es la lucha por reconocer el feminicidio como un “delito autónomo”, acciones que han resonado en una de las instancias judiciales de más nivel. El 12 de septiembre del 2013, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el delito de feminicidio, añadido al artículo 242 bis del Código Penal del Estado de México, que castiga con 40 a 70 años de cárcel este crimen.
El 18 de marzo del 2011, cuando aún gobernaba Enrique Peña la entidad, el congreso local aprobó tipificarlo como delito. Sin embargo, el problema no sólo era reconocerlo.
Organismos internacionales como Naciones Unidas, recalcan la necesidad de abrirlo como una línea de investigación, inmediatamente, cuando las huellas del crimen queden marcadas desde el momento del levantamiento del cadáver; indicios que no siempre se ajustan a las investigaciones, pues la interpretación sigue relegada al criterio del juez.
Esta fue una de las denuncias presentadas por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), capítulo México, presentado el pasado 12 de agosto. Ahí, los dictaminadores de la Pre-Audiencia de Violencia de Género y Feminicidio, señalaron que existe una resistencia por parte de las autoridades a catalogar las agresiones a mujeres como violencia feminicida o feminicidio; razón por las cual las mujeres no tienen acceso a la justicia en la Ciudad de México y el Estado de México.
“Cynthia Galicia, una de las dictaminadoras que participaron en esta pre-audiencia, aseguró que en principio esto sucede porque el tema está politizado y nadie quiere que se le catalogue como un municipio o ciudad donde se asesinan mujeres, pero también lo hacen por comodidad al evitar seguir los protocolos de dicho delito”, se sostiene en un comunicado.
Todo ello se suman como las causales de un abismo de silencio.
Impunidad
En el 2012, la activista de derechos humanos y premio Nobel de la Paz, Jody Williams, visitó el país para calar las huellas de la guerra contra el narcotráfico. Dentro de su diagnóstico, elaborado luego de meses de estudio, encontró que entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40 por ciento. En el país, se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales, 95 por ciento quedan impunes según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“La guerra contra las drogas y el aumento de la militarización en México, Honduras y Guatemala se está convirtiendo en una guerra contra las mujeres”, señaló la reconocida activista.
En el Estado de México, el espejo de la guerra ha encontrado causes que no se distancian radicalmente de lugares como Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz o Guerrero. Teniendo cinco de los 20 municipios más violentos del país, la entidad gobernada por Eruviel Ávila, por lo menos desde los últimos dos años, ha pasado de ser un imperio de la política priista en el poder, a un imperio de la muerte y la impunidad.
De ahí que el triángulo del feminicidio –Chimalhuacán, Chalco y Ecatepec– se han vuelto sus cabezas más visibles. Podría decirse que estos tres municipios son hoy por hoy, el reflejo negado de la “guerra del narco”. Pero esa tradición repudiada por instancias federales y estatales como la Secretaria de Gobernación (Segob) o la Comisión de Derechos Humanos ya ha echado raíces que laten, al menos, desde hace una década.
Una década de impunidad
Viviana porta entre las manos una cruz rosa, con flores pintadas, y el nombre de su hermana Nadia. Junto a una comitiva de activistas de derechos humanos, ha recorrido varios kilómetros para llegar a Chalco. Ella, junto al dolor de otras madres, de otras miradas que guardan silencios sepulcrales, exige en primer lugar justicia para Nadia, asesinada hace poco más de una década, pero también para las otras mujeres que se mueren todos los días en el Estado de México.
Algo le dice que la tragedia que padece su familia no puede resolverse mediante una demanda individual. En cada una de las muertas de esa entidad, hay pedacitos de dolores colectivos que le pertenecen, se pertenecen.
El 12 de febrero de 2004, Nadia Alejandra Muciño Márquez, amaneció colgada de una cuerda. Estaba fría y la vieron perecer sus tres hijos –que entonces tenían cinco, cuatro y dos años–. Fue muerta a manos de su marido y del hermano de éste.
Sin embargo, para las autoridades de Cuautitlán Izcalli, lugar donde ocurrió el deceso, sólo se trató de un “suicidio”. “La víctima lo único que necesitaba hacer para evitar su muerte es ponerse de pie y de esta manera no se daría el ahorcamiento”, aseguró el perito.
Después de tres años, se consignó la averiguación. En todo momento, para que sucediera eso, la familia tuvo que insistir en que las cosas se hicieran correctamente. Empero, las cosas siguen casi igual. Cinco años después de que todo ocurriera, el hermano del agresor fue detenido y después sentenciado a 42 años de prisión. Éste apeló. Un magistrado se negó a hacerlo. Pero el mismo funcionario ahora alega que los niños, ahora adolescentes, son “fantasiosos” y que doña Antonia –madre de la occisa– y Viviana los presionaron para declarar en su contra. Dicho hombre se dio a la fuga.
Ocho años después finalmente detuvieron al asesino. Dentro de los cargos que se le fincaban, figuraba el delito de violación y secuestro a otra mujer. Por este último le dieron cinco años de presidio. Mientras tanto, el proceso por el crimen de Nadia sigue abierto. Pero Viviana desconfía: hay un antecedente de un magistrado que dijo haber sido un suicidio.
A 10 años, la impunidad crece, las muertes y el silencio también. Desde el gobierno federal, Peña Nieto ha negado atención, al menos a este caso, pese a que su administración le tocó seguirlo de fondo.
Por la puerta trasera
El pasado 28 de mayo, en el marco de la presentación del Doing Business 2014, donde otorgaron altas calificaciones y reconocimientos a los estados de México y Puebla por las facilidades para hacer negocios, un integrante del foro le preguntó a Eruviel Ávila: “Gobernador, ¿cuándo va a recibir a las víctimas de feminicidios?”
Sin mayor reparo, el mandatario mexiquense se quedó callado, enrojeció y dio por terminada la conferencia. No obstante, al tratar de salir por la puerta trasera, ésta se encontraba cerrada, por lo cual se encaminó a la entrada principal donde se le volvió a hacer la misma pregunta y de igual forma se negó a responder y siguió caminado apresurado hacia la salida.
Ni mediante un comunicado se dijo algo al respecto.
