CNDH buscó exonerar a Moreno Valle: Frente por la Libertad de Expresión
(12 de septiembre, 2014).- “La recomendación de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) en el caso Chalchihuapan, diluye la responsabilidad de las autoridades, invisibiliza las prácticas autoritarias del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y convalida nuevamente la llamada ‘Ley Bala’, ya que omite señalar que esta legislación posibilitó las violaciones graves a derechos humanos”.
Así fue como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social calificó el informe otorgado ayer 11 de septiembre, por la CNDH, presentado por el titular de la dependencia, Raúl Plascencia, en el cual se aclaró que el menor fallecido durante las protestas del 9 de julio, se debió a un disparo de la policía estatal.
“La CNDH recomendó la reparación integral del daño a las víctimas. Sin embargo, para garantizar que estos hechos no se repitan, debió considerar que la ‘Ley Bala’ es violatoria de los derechos humanos”, aseguró el Frente, constituido por organizaciones como Article 19, Propuesta Cívica y Servicios y Asesoría para la Paz, así como centros de derechos humanos como el Fray Francisco de Vitoria OP, Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros.
Durante la presentación de la Recomendación sobre Violaciones Graves a Derechos Humanos “Caso Chalchihuapan”; el ombudsman informó que se encontraron evidencias de violaciones al derecho a la vida, a la libertad de reunión, a la seguridad e integridad personal, a la legalidad, entre otras.
En este contexto, Plascencia pidió que se omitiera llevar niños “en manifestaciones que puedan tornarse violentas, toda vez que con ello se coloca a las niñas y los niños en riesgo de sufrir afectaciones en su persona e incluso la muerte”.
La respuesta del Frente explicó que “la CNDH parte de una visión que esencializa las manifestaciones como violentas. Al hacer llamado a no llevar a menores a éstas, no sólo demerita el valor democrático que tiene la protesta, sino responsabiliza a los manifestantes, exculpando a la autoridad cuando se suscitan acontecimientos de represión.”
Asimismo, el Frente calificó de preocupante, el hecho de que la CNDH “esté guiada por una agenda política, más que por apego a su mandato constitucional”.
Para el colectivo de defensa de derechos humanos, se trató de una investigación “sesgada”, luego de que “las violaciones a derechos humanos fueron producidas por omisiones y falta de apego al marco normativo cuando hay elementos claros que demuestran la responsabilidad deliberada del gobierno de Rafael Moreno Valle y de la Comisión presidida por Raúl Plascencia por el aval explícito a legislaciones que violan derechos humanos”.
El colectivo insistió en que se omitió el dolo de la autoridad estatal al falsear las conclusiones y desarrollar la “teoría de la onda expansiva”; se ignoró que el operativo “se enmarcó en un contexto de abierta represión a grupos sociales, el cual ha generado una treintena de presos políticos en la entidad”, y se olvidó que la Ley Bala “contraviene las obligaciones internacionales a las que el Estado mexicano está comprometido y que por acción facilitó las violaciones graves a los derechos de los manifestantes”.
La respuesta de Moreno Valle
Apenas unas horas después de emitidas las recomendaciones por la CNDH en el caso de Chalchihuapan, Rafael Moreno Valle, a través de un comunicado, aceptó las recomendaciones “en su totalidad”.
El dictamen, señaló Moreno Valle, “enriquece la información sobre los lamentables acontecimientos y se suma a las investigaciones sobre el caso, conducidas por la División Científica de la Policía Federal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, las cuales ofrecen distintas conclusiones sobre la causa directa de la muerte de José Luis Tehuatlie”.
La segunda recomendación hecha por la Comisión, señalaba que se debía tomar las medidas para la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos, “designada bajo su más estricta responsabilidad, a efecto de que garantice de manera transparente, objetiva e imparcial, un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus familiares y los policías lesionados, dada la impunidad que prevalece”.
Ante este panorama, informó que se designaría a José Antonio Pérez Bravo, anterior subprocurador jurídico de asuntos procesales de la Procuraduría Social de Víctimas del Delito (Províctima) como titular de esta Fiscalía Especial.
Como parte de “la aceptación total de los puntos recomendatorios emitidos”, entre los cuales se encuentra una disculpa pública por parte de Rafael Moreno Valle, éste indicó que “lamenta que hayan resultado lesionados civiles y policías, y reitera sus condolencias a la señora Elia Tamayo y su familia, por la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo”.
Moreno Valle deberá cumplir las recomendaciones en corto plazo, pues en caso contrario, el comisionado de derechos humanos está facultado para llamar al gobernador a comparecer.
Recomendaciones de la CNDH a Moreno Valle
La CNDH realizó 11 recomendaciones de carácter no vinculante al gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, como la creación de una Fiscalía especial para la investigación de los hechos del 9 de julio en Chalchihuapan.
Entre ellas, instó a iniciar procedimientos de responsabilidad, respectivos en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Facundo Rosas, así como del personal de esta institución que participó en los acontecimientos del 9 de julio donde un menor de 13 años perdiera la vida y 9 pobladores más resultaran heridos.
Restaurar los daños a las víctimas y familiares conforme a estándares internacionales, girar instrucciones a quien corresponda para implementar mecanismos para la atención de expresiones de demandas colectivas de la sociedad, con respeto al diálogo y derechos humanos, así como implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado, para la solución pacífica de conflictos.
Además, cese a la criminalización de la protesta, una disculpa institucional a las víctimas y familiares, proporcionar a los cuerpos de seguridad de videograbación y audio para documentar su conducta en operativos, fueron otras de las recomendaciones de la CNDH.
La institución pidió que se colaborase con ésta para el trámite de las quejas que se promuevan ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública local y ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia estatal, así como colaborar con la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla; todas ellas, contra los servidores públicos involucrados.
Por último, la institución recomendó instruir a quien corresponda, a diseñar e impartir un programa integral de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los servidores públicos de las instituciones encargadas de las áreas de seguridad pública y procuración de justicia estatal.
