La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso recursos legales con el propósito de que la Fiscalía General de la República (FGR) reabra la investigación en contra de la inmobiliaria encargada de construir siete cuarteles de policía en Michoacán durante la administración de Silvano Aureoles Conejo.
El caso, que mantiene al exgobernador prófugo de la justicia, involucra un presunto daño al erario superior a los 3 mil 412 millones de pesos.
Desde el 19 de noviembre de 2024, la FGR otorgó un criterio de oportunidad a la empresa Inmobiliaria DYF S.A. de C.V. y a sus propietarios, tras acordar el pago de 970 millones 976 mil 940 pesos como reparación del daño. Este mecanismo legal concede inmunidad penal a la constructora a cambio de su colaboración activa en las indagatorias contra los exfuncionarios públicos.
Inconforme con la exoneración, el organismo de inteligencia financiera, encabezado por Omar Reyes Colmenares, impugnó ante un juez federal el no ejercicio de la acción penal dictado a favor de la empresa dentro de la carpeta de investigación FED/FECC/FEDHCD MICH/0000425/2024.
No obstante, el pasado 2 de diciembre, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur declaró improcedente la impugnación de la UIF. Ante esto, Israel Eugenio Jiménez López, director General de Procesos Legales del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, apeló el fallo, desatando una batalla de recursos donde la empresa promovió una revocación.
Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado en Apelación de Materia Penal resolvió que la apelación de la UIF es inadmisible. Esta resolución se perfila como definitiva, ya que para tramitar un juicio de amparo la entidad gubernamental tendría que acreditar un daño directo a su propio patrimonio.
El origen del fraude: adjudicaciones directas y sobreprecios
El caso se remonta al año 2016, cuando el gobierno de Silvano Aureoles contrató mediante adjudicación directa a Inmobiliaria DYF S.A. de C.V. para el arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de seguridad pública en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
En 2021, la administración entrante del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunció formalmente los contratos al detectar graves irregularidades, como la acreditación de un cobro excesivo en la edificación de cada una de las estaciones policiales.
Además, los terrenos donde se levantaron los cuarteles ni siquiera eran propiedad de la empresa proveedora al momento de recibir el contrato y los recursos públicos.
Derivado de estas investigaciones, a principios de 2025 se libraron órdenes de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y siete de sus colaboradores más cercanos por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Mientras el exmandatario se mantiene evadido de la acción de la justicia, cuatro de los exfuncionarios implicados ya fueron detenidos por las autoridades federales y vinculados a proceso formal.
