(6 de octubre, 2014).- Sin importar las severas acusaciones que pesan sobre las fuerzas amadas de México, en torno a la masacre de Tlatlaya, el gobierno de Peña Nieto insiste en defender sus políticas de seguridad, argumentos que para InSight Crime –organización dedicada al análisis del crimen organizado y la seguridad— carecen de significado, más aun si se toma en cuenta la otra masacre de estudiantes normalistas, perpetrada en Iguala, Guerrero, donde incluso ha salido a relucir la colusión entre autoridades y delincuentes.
En las semanas recientes, no han parado los señalamientos contra las autoridades federales y militares involucradas en la muerte de 22 supuestos criminales en Tlatlaya, municipio del estado de México, especialmente porque todo apunta a que fue una “ejecución masiva” y no muertes producto de un enfrentamiento entre militares y delincuente como se apuntó en un principio.
El caos para las autoridades mexicanas se suscitó tras el testimonio de una sobreviviente identificada como “Julia”, donde entre otras cosas, afirma que el Ejército disparó primero y mató a uno de los presuntos delincuentes, mientras que las los otros 21 fueron ejecutados luego de ser sometidos a un interrogatorio. Acto seguido, los soldados alteraron la escena del crimen y obligaron a los testigos a que declararan a su favor.
Casi inmediatamente de que las declaraciones de “Julia” se hicieron públicas, el gobierno procedió a arrestar a ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acción que para muchos fue tomada como una especie de mea culpa, donde implícitamente aceptaban su culpabilidad en la masacre, contrario a casos pasados donde rechazaron rotundamente su participación.
Actualmente, de los soldados detenidos únicamente se ha acusado de homicidio a tres, al tiempo que la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam se niega a llamar el incidente como un asesinato masivo. Por su parte, fiel a su retórica silenciosa, Peña Nieto y sus colaboradores continúan denostando el caso, por ejemplo Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación quien lo consideró un hecho aislado.
Para InSight Crime, lo ocurrido en Tlatlaya podría ser considerado –siempre y cuando se confirme la versión de la matanza— el “claro ejemplo de brutalidad militar, aunque no sería la primera ocasión en que militares son señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas con el fin de torturar y violar.
Como muestra está el informe publicado en 2009 por Human Rights Watch (HRW), donde se detallan 17 casos en que las fuerzas armadas realizaron severas violaciones a los derechos humanos, incluidos casos de asesinato y violación. De igual forma, la organización internacional emitió en 2013 otro informe con 149 casos donde funcionarios del Estado fueron participes de desapariciones forzadas.
La situación en México se ha agravado de tal forma, que como refiere InSight Crime, difícilmente algún lugar del país está exento de acusaciones similares. El caso más reciente –y que sigue sin esclarecerse— es el asesinato de seis estudiantes normalistas de Iguala, Guerrero y otros 43 desaparecidos, a manos de policías locales y supuestamente también narcotraficantes. Con ellos, los supuestos de Osorio Chong “caen por su propio peso”.
