- La controversia surgió tras conocerse información relacionada con un operativo de seguridad en la Sierra Tarahumara en el que habrían participado agentes estadounidenses
En un contexto marcado por la discusión pública en torno a las investigaciones relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en operativos de seguridad realizados en territorio chihuahuense por parte de la Fiscalía General de la República, la gobernadora Maru Campos encabezó este fin de semana un encuentro político organizado por el Partido Acción Nacional (PAN) en la capital del estado, donde participaron diversos liderazgos de ese instituto político, incluidos los expresidentes de México Vicente Fox y Felipe Calderón, así como dirigentes nacionales y legisladores de oposición. El acto se realizó
Durante la reunión, los asistentes expresaron su respaldo a la mandataria estatal y cuestionaron las acciones promovidas por legisladores de Morena, quienes solicitaron un juicio político derivado de los hechos investigados por autoridades federales. En los últimos días, la Fiscalía General de la República ha requerido declaraciones y entrevistas relacionadas con el caso, mientras distintas fuerzas políticas han fijado posiciones sobre el alcance de las indagatorias.
La presencia de Fox y Calderón dio visibilidad nacional al encuentro, considerado por dirigentes panistas como una muestra de unidad partidista. Ambos exmandatarios participaron junto con representantes de la dirigencia nacional del PAN, senadores y diputados federales que han acompañado a Campos en distintos actos públicos realizados durante la semana.
Felipe Calderón intervino durante el acto de respaldo a Maru Campos en Chihuahua, donde acusó persecución política y defendió a la gobernadora. Sostuvo que México necesita “dejar de confundir nación con facción, justicia con venganza y soberanía con impunidad”.
Por su parte, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que las investigaciones se desarrollan conforme al marco legal y que, hasta el momento, no existe una imputación formal contra la gobernadora de Chihuahua. La mandataria federal ha señalado públicamente que corresponde a las instituciones competentes esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades con apego al debido proceso.
La controversia surgió tras conocerse información relacionada con un operativo de seguridad en la Sierra Tarahumara en el que habrían participado agentes estadounidenses. El tema abrió un debate sobre los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y la observancia de las disposiciones legales aplicables a la actuación de personal extranjero en territorio nacional.
Mientras continúan las investigaciones, el caso mantiene presencia en la agenda política nacional y ha generado pronunciamientos tanto de la oposición como del oficialismo, que han insistido en la necesidad de que los procedimientos se conduzcan con transparencia y conforme a la ley.
