Tlatlaya: justicia y ajusticiamiento en México

Dr. Norberto Emmerich / Especialista en seguridad nacional y narcotráfico

(7 de octubre, 2014).- El 30 de junio de 2014 fueron abatidos 22 jóvenes (entre ellos una adolescente de 15 años) en el poblado de Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, Estado de México, por 3 soldados del Ejército mediante disparos a menos de treinta centímetros de distancia. Aunque el gobierno del presidente Peña Nieto optó por el silencio, la presión del Departamento de Estado lo obligó a reaccionar. Los jóvenes fueron detenidos tras un enfrentamiento armado que (de haber existido) duró pocos minutos y solo dejó un soldado herido y un presunto delincuente muerto.

Sin juicio y sin sentencia, argumentando una supuesta peligrosidad de un grupo de individuos que ya se había rendido, los soldados fusilaron a los detenidos, cuya criminalidad es indemostrable

Según posteriores afirmaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se trataría de miembros del cartel Los Guerreros Unidos, afiliado a Los Beltrán Leyva. La disparidad de resultados en el enfrentamiento (22 muertos contra un herido) hace dudar de la veracidad de esta versión de los hechos.

Lo cierto es que parece tratarse de ejecuciones extrajudiciales y una posterior manipulación de la escena del crimen. El léxico de “presuntos agresores” que utiliza el boletín de la Sedena, desnuda trampas semánticas.

La presión ejercida por el Departamento de Estado tiene que ver con que la Iniciativa Mérida obliga al gobierno estadounidense a supervisar que la ayuda militar a México esté supeditada al estricto respeto de los derechos humanos.

Llamativamente, tres meses después de los hechos de Tlatlaya, el miércoles 1º de octubre, soldados del mismo Ejército mexicano detuvieron a Héctor Beltrán Leyva (líder del cártel de los Beltrán Leyva) sin disparar un solo tiro. La frontera entre legalidad y crimen, en los términos que maneja el gobierno mexicano, no está delimitada en la forma que todos consideramos más civilizada sino a la inversa. Los criminales importantes gozan de los beneficios del Estado de derecho, el resto recibe sentencias sumarias. En el delito también hay clases sociales.

La masacre de Tlatlaya se da en un contexto donde la violencia desatada por organizaciones de distinto tipo (estatales y criminales) es noticia cotidiana. En los cuatro municipios de la región –Amatepec, Luvianos, Tejupilco y Tlatlaya– ocurren las mayores tasas de feminicidios de un Estado caracterizado por la violencia contra las mujeres. Con 125 municipios en todo el Estado los índices de homicidios cada 100.000 mujeres en Tlatlaya son muy elevados:

El suroeste del Estado de México, donde se encuentra el fronterizo municipio de Tlatlaya, es un pedazo de territorio clavado en Guerrero y Michoacán, donde los agentes de la DEA cazan traficantes de marihuana desde hace décadas. El macizo de los municipios mexiquenses de Amatepec, Luvianos, Tejupilco y Tlatlaya es parte de la Tierra Caliente, propiedad de los Caballeros Templarios de Michoacán. Allí se encuentran las tasas de más altas de feminicidios del país.

En el año 2005, cuando Enrique Peña Nieto inauguraba su mandato como gobernador mexiquense, la tasa en Tlataya era de 12.6. Subió a 19.2 en el año 2006 y en 2007 trepó a 46.2, casi el cuádruple que los indicadores de El Salvador.

Entre los años 1993 y 2005 Ciudad Juárez fue la ciudad más peligrosa para las mujeres. Naciones Unidas, la CIDH y decenas de organizaciones se pronunciaron contra el horror de la ciudad fronteriza. Pero Tejupilco, Estado de México, tenía en 2002 una tasa feminicida de 20.8 mientras el peor año de Ciudad Juárez registró 8.7 muertes cada 100 mil mujeres.

Allí donde la DEA, los narcos y el Ejército asolan la vida cotidiana del centro del país 22 personas fueron ajusticiadas en nombre de la justicia en la peor masacre cometida por el Ejército mexicano en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.