(22 de octubre, 2014).- La indolencia gubernamental ha traído funestas consecuencias. El tiempo dedicado al Pacto por México, a las aprobaciones de once reformas estructurales que están en la picota, a punto de irse al cesto de la basura, a la fabricación de escenarios para la rendición lo mismo de informes que de celebraciones o de mensajes a la nación, los cuales se unen a las dedicados a defender lo indefendible en casos de miembros de gabinete señalados por sus pasados y sus presentes incapacidades como es el caso de una Rosario Robles, o de las críticas a Luis Videgaray o de las lanzadas al propio Benito Neme, entre muchos otros, dieron pie para que la delincuencia se sirviera a su antojo y con la presunción de que el haber atrapado a dos o tres narcos de los pesados, de los grandes, de los más buscados, el país entraría en calma.
Nada de eso ha ocurrido sino todo lo contrario. El Pacto por México se convirtió en la mesa de las complicidades en la cual los que más perdieron pese a su estrategia de apoyar en extremos, unos a la reforma energética y otros a la hacendaria, uniéndose en la laboral y la educativa con las consecuencias que se conocen en términos de desempleo, de baja calidad en la enseñanza, de falta de un proyecto que se cumpla con las obras y los textos correctos y completos, fueron los opositores al PRI, los del PAN y los del PRD. Estos últimos tienen en el presente la mayor carga de eventos ligados a la corrupción, como los tuvo en un pasado muy reciente el blanquiazul. Ambos han estado ligados de una y mil formas a las mafias, a las bandas de delincuencia organizada tanto locales como nacionales.
Hoy las polarizaciones que se registran en la política han entrado en un fase muy peligrosa para la sociedad ya que es ahí en donde están las más severas repercusiones. No solo se trata de la sobrevivencia diaria frente a los altos costos de los alimentos, a la inflación cuyos reportes son para los de la macro economía tranquilizantes, pero para los de la micro son elevados e insostenibles. Las persecuciones hacendarias, las normas que intentaron ponerse en marcha en todos, absolutamente todos los changarros que ya antes había autorizado otro ex presidente, Vicente Fox, terminaron con unos miles de registros y el temor que enfrenta muchas familias que de ellos se sostienen. La inseguridad reinante, el desempleo que lo mismo afecta a los jóvenes que se quedan con sus títulos profesionales bajo el brazo que a los que tienen la responsabilidad de mantener una familia y que, en la etapa en la que los hijos van a la universidad para el mercado laboral ya se convirtieron en viejos.
En esta situación política se sitúa hasta el hecho de pretender ocultar la responsabilidad del Ejército en los hechos de Tlatlaya, misma que iniciaron simulando desde la procuraduría del Estado de México que hubo un fuego cruzado, un intercambio de disparos que resultó proporcional por encontrarse claros indicios de que éstos fueron realizados de adentro hacia fuera de la bodega en la que fueron 22 los que provocaron al personal castrense. Es en esta farsa en donde se ve recaer la responsabilidad sobre Eruviel Ávila, otro gobernador que tendría que estar ya tras las rejas por esta y por otras omisiones así como por la inseguridad reinante en ese Estado en donde 5 de los 10 municipios más peligrosos del país, le pertenecen.
Si hay quien duda de la impunidad que priva en el país, que se ha convertido en el arma política con la que los funcionarios pretenden permanecer en el país y de la complicidad existente entre los partidos políticos para proteger a sus delincuentes, basta con recordar algunos casos recientes que tienen las investigaciones paralizadas, que sus protagonistas gozan de plena salud y libertad frente a las acusaciones probadas que se les han hecho: Fernando Larranzabal, ex alcalde de Monterrey, ligado a los grupos casineros y mafiosos, hecho diputado; los ex gobernadores Humberto Moreira, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Juan M. Oliva; Néstor Moreno, de la CFE; Rafael Muñoz Leos de Pemex; y la existencia de una larga lista que ya incluye al “carnal” Marcelo Ebrard.
Y todos argumentan venganzas políticas, o revanchas políticas, o golpes normales previos a los comicios electorales, o malas interpretaciones de la prensa, de los medios. Ninguno de ellos es responsable de ningún mal acto, de indicios de corrupción pese a sus notables enriquecimientos. No hay nada que, una vez que el poder se obtiene, los pueda afectar. Y con esas seguimos caminando.
