(29 de octubre, 2014).- El presupuesto que tendrán durante el próximo año las cámaras de Diputados y de Senadores que conforman el Congreso de la Unión, aumentará 10 por ciento en comparación con el año en curso.
Esto significa que les serán asignados 11 mil 608 millones de pesos, recursos que no están justificados en el apartado de exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2015.
De esta manera, la Cámara de Diputados contará con siete mil 339 millones de pesos, lo que implica un incremento de ocho por ciento con respecto al 2014, mientras que el Senado recibirá cuatro mil 269 millones, lo que corresponde a un aumento de 14.7 por ciento.
Lo anterior fue denunciado por las organizaciones civiles Borde Político e Integralia, quienes llevaron a cabo un análisis con la intención de responder “¿en qué gastan los legisladores el presupuesto que se asignan?”
Entre sus conclusiones, mencionaron que existe “un grave problema de opacidad en la materia, en cinco áreas: sobre los motivos de los aumentos, respecto al ejercicio de las subvenciones de los grupos parlamentarios, recursos económicos utilizados para el trabajo en comisiones, reacomodo de partidas y presentación de la información presupuestaria”, explicó Gustavo Rivera, director general de Integralia.
Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura —que comenzó en el 2012 y durará hasta 2015— recibieron, sólo en los primeros dos años de su cargo, dos mil 478 millones de pesos constantes en subvenciones, es decir, para cubrir gastos relacionados con su trabajo, aunque en ningún momento se justificó el uso de dichos recursos.
Rivera indicó que esa cifra representó un aumento de 56 por ciento sobre la legislatura anterior, además que sólo se dio a conocer su uso “por experiencia anecdótica de que son utilizados para pago de asesores, grupos de apoyo, pago de choferes, entre otros”; sin embargo no hay acceso a las facturas que comprueben dichos gastos.
Por su parte, la directora general de Borde Político, Mariana Niembro, mencionó que en cuanto al rubro “otros servicios generales” tampoco existe información clara, mientras que corresponde al 50 por ciento de las subvenciones legislativas.
Ambos analistas concluyeron que la credibilidad del Congreso de la Unión como institución del Estado se ve seriamente afectada por esta opacidad financiera, que mantiene al país “lejos de estar a la vanguardia de un parlamento abierto”.
