(14 de noviembre, 2014).- En lo que fue calificado como un acto de censura, el gobierno de Puebla comandado por Rafael Moreno Valle, impidió que delegados de Alemania, Colombia y Venezuela hablaran en el sexto Congreso Mundial por Derechos de la Infancia y Adolescencia sobre el caso de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el menor que perdió la vida el pasado 9 de julio en medio de una manifestación reprimida violentamente por el gobierno, por lo que los ponentes decidieron abandonar la cumbre.
Entre los ponentes que dejaron el Congreso, se encuentra el alemán Manfred Lieb, experto en temas de la niñez y especialista en psicología infantil, quien mostró su solidaridad con Elia Tamayo madre del menor que perdió la vida en la protesta organizada por vecinos de San Bernardino Chalchihuapan, a causa de una bala de goma lanzada por los granaderos.
La madre de Luis Alberto fue prácticamente echada del Centro Expositor y de Convenciones por las autoridades estatales, para que no se encontrara con los expertos, aunque días antes, el politólogo y activista Misraim Hernández organizó un encuentro entre ella y varios delegados para que expusiera su caso.
Hernández, quien compartió fotos del encuentro en su cuenta de Twitter, expuso que los especialistas internacionales le solicitaron acudir al acto. “No íbamos a hacer ningún tipo de manifestación ni mucho menos; acompañábamos a Elia sólo cuatro personas para una reunión particular con los delegados”, manifestó.
El también activista explicó que la señora Tamayo ingresó acompañada al inmueble del evento, pero inmediatamente fue detectada por los burócratas poblanos, por lo que advirtieron al equipo organizador y a los delegados extranjeros que estaba prohibido hacer mención del caso. Impactados por la exigencia, los expositores indicaron que no pretendían armar un borlote, pero los funcionarios sacaron a Tamayo por la puerta de atrás-
“Les dije que no íbamos a salir por la puerta trasera porque no somos delincuentes”, afirmó el activista, para luego detallar que él, junto a la madre del menor asesinado y los demás delegados salieron escoltados del recinto “como si fuéramos criminales”.
Una vez afuera del Congreso, según explica Hernández, el grupo de delegado y la madre se toparon con la esposa de Moreno Valle, Martha Érika Alonso quien funge como titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), aunque “apenas los miró”.
Desde antes de su organización, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía de Puebla y Tlaxcala señaló que la organización del Congreso era un movimiento político de la administración morenovallista para intentar exculparse por lo ocurrido con los pobladores del San Bernardino, similar a lo ocurrido con el exgobernador priísta Mario Marín, cuando se desató el escándalo por las agresiones a la periodista Lydia Cacho.
